Buenos Aires — Un grupo de bonistas privados que le ganaron un juicio a la Argentina por la causa del cupón PBI presentaron una nueva demanda contra el país en el Reino Unido. Casi una semana después de que el Estado argentino presentara una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, anunciando un acuerdo con los fondos que aún mantenían deuda soberana en default desde la crisis de 2001, los inversores organizados bajo el nombre de Argentina Exchange Bondholders iniciaron un reclamo por pagos adeudados correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022.
Los titulares de los warrants de PBI denominados en euros afirman que el monto adeudado asciende a unos 1.580 millones de euros, equivalentes a algo más de US$1.820 millones, adicionales a los 1.600 millones de euros que ya les adeuda el país. Según explicaron a través de un comunicado publicado el lunes, los demandantes sostienen que los datos del PIB correspondientes al año base 1993 publicados por la Argentina para los años de referencia 2014 a 2024 no cumplen con la orden del Tribunal de que se elaboren utilizando una metodología lo más cercana posible a la empleada por la Argentina para elaborar los datos del PIB en el período 2006-2012.
Por ello, sostienen que el incumplimiento queda claramente ilustrado por el hecho de que los nuevos datos del PIB de Argentina comienzan en 2013 en un nivel que es un 12,5 % inferior al nivel determinado por el Tribunal en el caso anterior.
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“Utilizando los datos del PIB actualmente disponibles, los demandantes estiman que la demanda en relación con los años de referencia 2017, 2021 y 2022 asciende a 1.580 millones de euros, incluidos los intereses”, señala el escrito.
Para Sebastián Maril, experto en los litigios que enfrenta el Estado argentino en cortes internacionales, este nuevo reclamo puede interpretarse como una suerte de presión por parte de los bonistas para que Argentina pague el fallo no apelable que tiene en contra desde 2013 en el Reino Unido por el caso del cupón PBI. Por ese caso, Argentina debería pagar una suma cercana a los 1.600 millones de euros, unos US$1.844 millones.
En el escrito, presentado el viernes ante los tribunales del Reino Unido, los demandantes recordaron que ya habían obtenido una sentencia favorable en su litigio contra Argentina en 2013. “Esa sentencia es ahora definitiva, pero sigue sin pagarse en su mayor parte”, remarcaron antes de detallar que el importe pendiente asciende a aproximadamente 1.600 millones de euros (más de US$1.844 millones), con un interés acumulado del 2 % por encima del EURIBOR.
En su página web, Argentina Exchange Bondholders se describe como un grupo organizado de inversores que tienen, en conjunto, casi US$4.000 millones en bonos emitidos por la Argentina en relación con sus canjes de deuda en 2005 y 2010, “en los cuales los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la recuperación de la Argentina del default de 2001″.
Entre los mayores tenedores de deuda de ese grupo, representado por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, figuran los fondos HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Paloma Partners Management Corp., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group.
Causas pendientes y desafíos para el nuevo procurador
La causa por el cupón PBI se remonta al año 2013, cuando el Estado argentino fue acusado por fondos extranjeros en las cortes de Nueva York y de Londres de manipular de manera intencional la forma de cálculo del producto bruto interno del país para pagar menos intereses de deuda.
Al negociar un canje de deuda con bonistas por los títulos defaulteados en 2001, el gobierno de Néstor Kirchner había presentado como sweetener (endulzante) para los nuevos bonos emitidos en 2005 y 2010 un cupón atado a la evolución del PBI. Dicho cupón se activaría si el país en los años siguientes crecía por encima del 3%.
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Este nuevo reclamo contra la República Argentina llega apenas unos días después de que el gobierno de Javier Milei oficializara el desembarco de Sebastián Amerio como nuevo Procurador del Tesoro, la oficina a cargo de la defensa del Estado en cortes internacionales. Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo según la prensa local, se había desempeñado como secretario de Justicia hasta la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia.
Días después de su llegada, el Estado argentino presentó una carta ante la jueza Preska en la que le anunció el acuerdo con los holdouts que aún mantenían deuda soberana en default desde la crisis de 2001, y en las últimas horas presentó en el mismo juzgado un pedido de que se desestime la nueva demanda presentada a principios de año por un grupo de fondos liderados por Aurelius Capital en relación a los Cupón PBI en dólares.
Además, el sábado la Procuración del Tesoro destacó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF por US$16.100 millones.
