Buenos Aires — En la madrugada del jueves la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la Ley de Glaciares. Pero el intento del Gobierno de Javier Milei para modificar aquella norma sancionada en 2010 y exigida por el sector minero, no acaba con esa votación: enfrentará ahora una serie de impugnaciones judiciales.
La primera de ellas se anunció el mismo jueves por la mañana, apenas unas horas más tarde de la sanción en el Congreso. El Gobierno de La Pampa presentará una acción de amparo colectivo ambiental contra los cambios aprobados. No se trata de una provincia cordillerana, pero el reclamo radica en la denuncia de que una presunta menor protección de los glaciares y ambientes periglaciares afectará a los ríos que nacen en la Cordillera y atraviesan las distintas provincias del país.
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“La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la Provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, argumentó Sergio Ziliotto, gobernador pampeano.
De avanzar y llegar al Máximo Tribunal, no sería la primera vez que la Ley de Glaciares se discute en la Corte Suprema de Justicia. Pero esta vez se invierte el planteo. En 2019 la Corte falló en contra de un reclamo de inconstitucionalidad iniciado por la empresa Barrick Gold que desarrollaba el pausado proyecto de Pascua Lama, entre Argentina y Chile.
En aquella oportunidad, los jueces supremos determinaron que ante la falta de un agravio respecto de una cuestión justiciable, “cabe desestimar el planteo de inconstitucionalidad del trámite”.
El diputado nacional Esteban Paulón, que el jueves votó en contra de los cambios, comentó a Bloomberg Línea que hay dos caminos para una judicialización: “Salió una consulta pública para que las personas se anoten para una presentación colectiva en la Justicia. Lo otro es que pueda generarse alguna presentación de parte de alguna provincia por la cuestión del conflicto interjurisdiccional. Entiendo que La Pampa es una de esas. Hay que esperar que reglamente la Ley, entiendo que hay algunos pasos por delante, pero la otra opción es algún tipo de amparo vinculado a la autorización de alguna explotación concreta”.
Este último punto que marca Paulón hace referencia a que se haga un planteo judicial una vez que una decisión en torno a la protección de los glaciares se efectivice y se compruebe un perjuicio a una región en particular. Y que de esta manera pueda comprobarse el “agravio” que según la Corte Suprema faltó en el reclamo de Barrick Gold.
En la protección a los glaciares y ambientes periglaciares a partir de ahora cumplirán un rol fundamental las provincias, que serán la autoridad de aplicación en sus jurisdicciones y podrán intervenir en el inventario que realice el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y determinar la relevancia de cada ambiente en su función hídrica.
La provincia argentina con mayor superficie emplazada en la Cordillera de Los Andes es Santa Cruz (3.421 km2), seguida por Mendoza (1.239 km2) y San Juan (614 km2). Mientras que en cantidad de glaciares el ranking lo lidera San Juan (4.572), seguido por Mendoza (4.172) y Santa Cruz (2.420).
En el trabajo realizado en 2018 el Ianigla dejó como objetivo, para una próxima edición, establecer la contribución de los glaciares a los caudales de los ríos andinos. En los primeros resultados aportados en la actualización del 2024 se realizó ese trabajo en el Glaciar de Agua Negra (San Juan) y en el Glaciar de escombros Corral Negro (Salta).
Potencial en cobre
Para la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la sanción del Congreso “establece criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control”.
Según las empresas, esto contribuye a despejar ambigüedades que durante años “generaron incertidumbre”.
La incertidumbre afectó principalmente a los proyectos de cobre que se desarrollan en las provincias de Mendoza y San Juan, donde están algunos de los más próximos a llegar a la producción. También en La Rioja, aunque en estadíos más incipientes. Mientras que en Catamarca afecta a otro tipo de recursos, como el litio.
Una sola mina produce cobre en Argentina, en escalas pequeñas comparadas con algunos de los 22 proyectos que identifica la Secretaría de Minería de la Nación. Para 2028 se espera la reapertura de Bajo La Alumbrera, mina en Catamarca que cerró en 2018 y que ahora es controlada por Glencore.
Otros dos proyectos que podrían iniciar producción esta década son Josemaría (San Juan), del joint venture Vicuña (Lundin + BHP) y San Jorge (Mendoza). 16 de los proyectos de cobre están en la provincia de San Juan, uno en Catamarca, dos en Salta, dos en Mendoza y uno en Río Negro.
Ya se han presentado cuatro proyectos de cobre en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$16.011 millones (Los Azules de MacEwen; Pachón y Agua Rica de Glencore y Vicuña). Ese monto no incluye la inversión de Vicuña, que aún no ha sido informado. Según el último estudio presentado por la compañía, se estima que serán US$7.500 millones para el desarrollo de Josemaría.
Considerando sólo los US$16.011 millones, representa cerca de la mitad de los US$36.884 millones del total de proyectos presentados desde que se promulgó el régimen de Javier Milei en agosto del 2024.
La puesta en marcha de los principales proyectos en Argentina (Josemaría, Pachón, Los Azules, Taca Taca), serán clave para un mercado global de cobre que será deficitario en la próxima década, en una demanda que crece principalmente por el consumo para redes eléctricas en países en desarrollo en Asia, la construcción y la transición energética.
