Buenos Aires — “Puedo resumirlo en una sola palabra: RIGI”, dijo el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, este martes en el IEFA Latam Forum. Para el ejecutivo, el régimen de beneficios aduaneros, impositivos y cambiarios promovidos por el gobierno de Javier Milei fue la llave para que avancen los proyectos de cobre que se exploran en el país hace décadas.
En el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya se han aprobado doce proyectos de los cuales la mitad son del sector minero: tres de oro, dos de litio y uno de cobre (Los Azules, McEwen). Esperan su aprobación la presentación de Vicuña y los desarrollos de Pachón y Aguas Ricas (Glencore).
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Vicuña, joint venture entre las empresas BHP y Lundin, desarrolla los depósitos de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, con una inversión inicial de US$7.000 millones para la construcción de Josemaría, cuya primera producción está prevista para 2030. Los ingresos de esta producción permitirían el desarrollo de Filo del Sol. La inversión total está estimada en US$18.000 millones. Según Hochstein será “la mayor inversión privada de la historia de Argentina”.
El ejecutivo aseguró que el RIGI le dio estabilidad a las inversiones mineras en el país. “El aspecto clave es la estabilidad a largo plazo, que es bastante única y distingue a Argentina, además del entorno geológico con el que está bendecida”, dijo.
Brent Bergeron, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pan American Silver, dijo a Bloomberg Línea que el RIGI es una oportunidad para la evaluación de distintos proyectos. La compañía canadiense produce oro en Cerro Moro, provincia de Santa Cruz y es dueña del proyecto de plata Navidad en la provincia de Chubut, cuya normativa impide la minería metalífera. “Argentina es un lugar donde pensamos que hay mucho futuro para la minería, más hoy día con todo lo que está pasando a través del mundo”, agregó.
Pero Michael Meding, gerente general de Los Azules (el único proyecto de cobre con RIGI aprobado), advirtió acerca de los cuellos de botella que atraviesan las inversiones mineras en el país. “El acceso al capital es uno de los principales obstáculos”, dijo Meding. Y agregó también los desafíos en infraestructura. “Energía, transporte, ferrocarril, carreteras, se necesita mucho capital y no es fácil”, dijo.
El acceso a redes de energía eléctrica ya tensiona al Gobierno Nacional con el Gobierno de la provincia de San Juan, mientras distintas empresas generadoras de energía buscan convertirse en proveedoras de estos grandes proyectos.
Ley de Glaciares
El 26 de febrero el Senado de la Nación aprobó la modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, cambios que las empresas mineras consideran clave para aportar seguridad jurídica a las inversiones mineras en la zona de la Cordillera de los Andes.
Se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. Resta el debate en Diputados, que ya sumó más de 50 mil inscriptos a participar en las audiencias públicas, convocados principalmente por sectores que se oponen a estos cambios.
Según pudo averiguar Bloomberg Línea, este martes hubo una reunión en Casa Rosada entre funcionarios y representantes de las empresas para coordinar la discusión que se dará en la Cámara baja. El oficialismo espera que el proyecto se apruebe la primera semana de abril.
Ayer, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló como una de las prioridades del Ejecutivo en materia legislativa es avanzar con la ley de glaciares.
