Buenos Aires — El Congreso argentino aprobó la modificación a la Ley de Glaciares que flexibiliza las protecciones para esas formaciones geológicas, en una decisión que busca impulsar la inversión minera en la cordillera y que generó advertencias por parte de sectores ambientalistas.
Los cambios fueron sancionados en la madrugada del jueves con 137 votos a favor y 111 en contra, luego de que el Senado hubiera dado su aprobación a fines de febrero.
Desde el mercado, la reforma es leída como un intento de Argentina por ganar terreno en la competencia global por inversiones mineras. Según Emanoelle Santos, analista de mercados de la aplicación de inversiones XTB, el país “quiere capturar una porción del flujo de inversión minera global que Chile ha dominado históricamente”, en un contexto en el que el cobre y el litio se volvieron activos estratégicos para la transición energética.
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De acuerdo con Santos, la brecha entre ambos países es significativa: Chile genera diez veces más exportaciones mineras que Argentina, pese a compartir la misma cordillera.
“Esa diferencia no se explica solo por la regulación, pero la regulación importa: el 75% de los proyectos de cobre argentinos estaban bloqueados precisamente por la ley que acaban de reformar”, señaló.
El cambio normativo habilitaría el avance de más de 65 iniciativas mineras y permitiría desarrollar recursos estimados en 116 millones de toneladas de cobre. En ese marco, el país también busca atraer capital extranjero con incentivos fiscales y cambiarios, en un escenario en el que la demanda global de cobre podría crecer un 70% hacia 2050, según el análisis citado.
Santos enmarcó la medida dentro de una lógica de competencia regulatoria entre países para atraer inversiones. “Lo que Argentina está ejecutando es un movimiento clásico de competencia regulatoria entre jurisdicciones: reducir estándares para atraer capital móvil internacional”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que la protección ambiental se convierta en la variable de ajuste y señaló que los glaciares constituyen un bien público cuyas externalidades no se reflejan en el precio del cobre.
Impacto del otro lado de la cordillera
En relación con Chile, la analista indicó que el impacto no sería inmediato debido a la ventaja acumulada en infraestructura, logística y capital humano. Sin embargo, planteó que el país enfrenta desafíos propios, como procesos de permisos lentos, debate tributario, costos energéticos elevados y presión hídrica en el norte.
“La pregunta es si Chile está dispuesto a perder la inversión marginal de la próxima década mientras resuelve problemas que lleva años sin resolver, frente a un vecino que acaba de simplificar deliberadamente su oferta al capital global”, concluyó.
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Aspectos relevantes de la reforma
Según detalla un informe del bróker argentino Max Capital, la reforma, prioridad clave para el Presidente Javier Milei, acota la definición de áreas protegidas restringiendo la cobertura a glaciares y zonas periglaciares con “función hidrológica efectiva y relevante”, abriendo de facto áreas actualmente protegidas a la actividad minera y de hidrocarburos. Además, descentraliza la supervisión ambiental, otorgando a las provincias autoridad para definir qué áreas de su territorio califican para protección.
