Bloomberg — El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó una agenda centrada en la seguridad que incluye una reforma constitucional para otorgar al Estado mayores poderes para combatir la delincuencia, buscando recuperar el impulso en un pilar clave de su gobierno.
La reforma propuesta convertiría la seguridad pública en un deber explícito del Estado, declaró Kast en un discurso televisado a nivel nacional el miércoles por la noche. El gobierno buscará extender la detención de inmigrantes, aumentar las deportaciones y reforzar los controles fronterizos con trincheras, drones y vigilancia continua.
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La pertenencia a una banda criminal se convertiría en un delito con penas más severas, y se flexibilizarían las normas para arrestar a los sospechosos sorprendidos cometiendo delitos. En total, esta iniciativa incluirá unas 30 leyes, algunas de las cuales ya se han presentado en el Congreso.
“Perseguiremos, capturaremos, procesaremos y condenaremos a cualquiera que intente destruir nuestra sociedad”, declaró Kast. “Seremos implacables. No habrá excusas ni piedad”.
Las propuestas de Kast vuelven a poner de relieve la seguridad pública tras la aprobación por parte del Congreso de un amplio proyecto de ley económica. Este cambio se produce después de un comienzo difícil para la principal promesa electoral del presidente de derecha: combatir la delincuencia. Destituyó a su ministro de Seguridad apenas dos meses después de asumir el cargo, y los esfuerzos para deportar a inmigrantes irregulares han avanzado mucho más lentamente de lo que prometió inicialmente.
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En mayo, Kast reconoció que su promesa de deportar a 300.000 inmigrantes “el primer día” era una “hipérbole”. Aun así, el gobierno afirma haber expulsado a 1.270 personas en lo que va del año, hasta el 23 de julio.
Presencia permanente
El plan anunciado contempla una presencia policial permanente en los 50 barrios con mayor índice de criminalidad de Chile, mediante patrullajes, operativos de vigilancia y tecnología de vigilancia. Las autoridades se centrarían en desmantelar organizaciones criminales enteras, incluyendo a sus líderes, cómplices y redes financieras.
Según Kast, los narcotraficantes que sigan operando desde prisión se enfrentarían a un régimen de detención especial, mientras que una nueva agencia estatal se encargaría de confiscar y destruir los bienes vinculados al crimen organizado.
Otra propuesta plantea una enmienda constitucional que facilite la declaración de estados de emergencia ante graves amenazas a la seguridad pública. La policía tendría mayor autonomía para operar en las fronteras del país.
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En un acto celebrado a primera hora del jueves junto a Kast, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que reforzar la seguridad en los puertos del país también es una prioridad, y añadió que solo se escanea entre el 2% y el 3% de los contenedores.
Las principales promesas de campaña del gobierno incluyen mejorar la seguridad pública, reactivar la economía y frenar la migración irregular. En el año que finalizó el 26 de julio, los homicidios disminuyeron un 18,7% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que el número de cruces clandestinos de migrantes en las fronteras de Chile se redujo un 86,5%, según Kast.
En la primera semana de agosto, el 38% de los chilenos aprobó la gestión de Kast, mientras que el 56% la desaprobó, según una encuesta de Cadem.
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