Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República emitió una alerta el miércoles tras un operativo de policía judicial en la Nueva EPS, en el que identificó riesgos financieros y administrativos que comprometen su sostenibilidad.
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El análisis preliminar mostró un incremento acelerado de anticipos sin legalizar, facturas pendientes de procesar por más de COP$13 billones y deficiencias en reservas técnicas, en una entidad que cubre al 22% de la población afiliada al sistema de salud.
“Lo que sigue apareciendo es lo que oculta un deliberado propósito de no tener sistema informático apropiado, desde hace lustros, para descubrir la realidad”, dijo el presidente Gustavo Petro al defender la intervención estatal en la EPS, que según él permitió destapar deudas ocultas y prácticas irregulares heredadas de la administración privada.
Hallazgos de la Contraloría
El informe reveló que los anticipos pendientes por legalizar pasaron de COP$3,4 billones en 2023 a COP$8,6 billones en 2024, y alcanzaron COP$15,27 billones al primer semestre de 2025.
También se identificaron 22,7 millones de facturas represadas por COP$22,1 billones, de las cuales 9,1 millones eran registros duplicados.
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A pesar de la depuración, quedaron COP$13,2 billones de facturas sin validar, la mayoría correspondientes a 2024 y 2025.
La Contraloría también señaló deficiencias contractuales, falta de soportes documentales, aumento de cuentas por pagar que ascienden a COP$21,37 billones y una subestimación de reservas técnicas por COP$11,1 billones. Estos elementos, advirtió, ponen en riesgo tanto la liquidez de la EPS como la estabilidad del sistema de salud.
Críticas desde la oposición
El precandidato presidencial Juan Manuel Galán calificó el informe como “gravísimo”, al señalar que la sostenibilidad de la Nueva EPS está comprometida pese a la intervención estatal.
Según él, la entidad acumula una deuda total superior a COP$21 billones, mantiene falencias en contratación y no ha logrado implementar la capacidad tecnológica necesaria para garantizar datos confiables.
Galán también cuestionó la gestión del Gobierno, al subrayar que la EPS ha tenido un presidente y tres interventores en lo que va del actual mandato, con reemplazos de personal técnico y denuncias de manejos particulares en pagos de cartera.
Próximos pasos
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para determinar posibles responsabilidades fiscales.
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El organismo de control también trasladará la información a las autoridades competentes en caso de que se identifiquen eventuales faltas disciplinarias o penales.
