Bloomberg Línea — El uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en Colombia ha dejado de ser un caso aislado para convertirse en una operación sistemática orquestada por lo que ya se denomina el “cartel de la insolvencia”.
VER MÁS: Banco Mundial no cree que Colombia logre crecer al 2,5% ni en 2026 ni en 2027
Esta alerta, emitida por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), pone de manifiesto cómo grupos de abogados y asesores recurren a “maniobras irregulares” para facilitar el acceso indebido a un beneficio legal que originalmente fue diseñado para personas con dificultades económicas reales.
“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros”, advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
Además, sostuvo que esto genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales.
El modus operandi de esta red incluye la creación de “deudas ficticias” y el uso de supuestos prestamistas conocidos como “quiroamigos”, quienes aparecen en múltiples procesos e incluso, en algunos casos, se encuentran privados de la libertad.
Esta “coordinación sistemática” entre ciertos abogados y centros de conciliación busca instrumentalizar el trámite legal con “fines ilegítimos”, afectando no sólo a las entidades financieras, sino también a empresas de telecomunicaciones y al sector real.
VER MÁS: El costo oculto de subir la meta de inflación en Colombia: tasas más altas y deuda más cara
Las repercusiones para quienes participan en estos engaños son severas. Según el abogado penalista Iván Cancino, los involucrados —desde los deudores tramposos hasta los prestanombres— incurren en conductas punibles como “concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento”.
Cancino es enfático al señalar que, de ser condenados, estos individuos “pueden terminar en la cárcel”. Por su parte, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recuerda que los abogados que actúen de forma tramposa se arriesgan a “perder su tarjeta profesional”.
Más allá de lo penal, este fenómeno genera un daño a la economía del país. El uso indebido de la insolvencia “afecta la confianza en los deudores”, lo que a su vez “incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito” para todos los ciudadanos.
Ante este panorama, el gremio hace un llamado a las autoridades para “fortalecer los mecanismos de control y supervisión” y exhorta a la ciudadanía a realizar un “uso responsable de las herramientas legales disponibles”.
Aquellos que opten por el camino del engaño al sistema judicial se exponen a “sanciones disciplinarias, multas e incluso penas privativas de la libertad”.
