Bloomberg Línea — La reducción del precio de la gasolina en Colombia, que bajará COP$300 a partir de febrero, deja poco espacio para absorber la volatilidad en la tasa de cambio. Con lo que, en caso de depreciarse, encarecería las importaciones de combustible.
“Con un déficit proyectado de COP$3,9 billones de pesos para 2025, la decisión de reducir el precio de la gasolina en COP$300 sugiere una confianza quizá anticipada en la sostenibilidad del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles)”, advierte un análisis de ANIF.
El primero de enero de este año el precio de la gasolina corriente ya había tenido una primera alza de $90 por galón y quedó en COP$16.057, mientras el ACPM tuvo un reajuste de $99 por galón y quedó en COP$10.984.
En Colombia, el déficit del FEPC, que aumentó considerablemente por cuenta del congelamiento de precios durante el gobierno del expresidente Iván Duque, por cuenta de la pandemia, y hizo que en la administración Petro se incrementaran gradualmente los precios de la gasolina y el ACPM para equipararlos a niveles internacionales.
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La deuda del FEPC se redujo de COP$36,7 billones en 2022 a COP$10,7 billones en 2024, debido a los ajustes en el precio de la gasolina entre octubre de 2022 y agosto de 2023, mientras el ACPM permaneció subsidiado. Lo que permitió mantener el balance de la gasolina en superávit para 2025.
Sin embargo, el precio del ACPM permaneció congelado durante 56 meses, manteniendo al FEPC en déficit. El Gobierno Petro intentó incrementarlo en COP$2.000 en septiembre de 2024, pero el paro camionero forzó un ajuste menor de COP$800 en dos cuotas (COP$400 en septiembre y COP$400 en diciembre de 2024).
Desde enero de 2026 se implementaron incrementos adicionales de COP$90 para gasolina y COP$99 para ACPM.
“Esta iniciativa parecía encaminar la política de precios hacia la sostenibilidad fiscal del fondo. No obstante, el reciente anuncio de reducir el precio de la gasolina en COP$300 a partir de febrero representa un retroceso en los ajustes graduales, sin haber completado siquiera la equiparación del ACPM a precios internacionales", señaló ANIF.
Las razones de la reducción
La reducción en el precio de la gasolina obedece, ha dicho el Gobierno Petro, a que la Nación ya se puso al día en la deuda con Ecopetrol (ECOPETL) por COP$72 billones que había heredado del gobierno pasado, cifra que ya fue cancelada por la administración.
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A ello se suma, según el Ministerio de Hacienda, que actualmente el precio internacional de la gasolina está por encima del precio interno, por lo que se busca “nivelarlos”.
“La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando con respecto a los recursos que serán girados al FPEC, y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, dijo el Ministro de Hacienda, Germán Ávila.
A lo que añadió que por esa ruta “vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”.
Sin embargo, para ANIF, la reciente apreciación del peso colombiano frente al dólar se traduce en que la diferencia entre el precio internacional y el ingreso al productor de la gasolina ha disminuido mayoritariamente por efectos cambiarios. “Es decir, ahora comprar gasolina afuera es más barato de lo que se vende en el territorio colombiano”.
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Con lo que la decisión de reducir el precio de la gasolina sin nivelar el precio local del ACPM al internacional, especifica el centro de pensamiento, expone al FEPC a un riesgo crítico: la volatilidad cambiaria.
Cada depreciación del peso frente al dólar encarece las importaciones de combustible y amplía automáticamente el déficit del Fondo. El margen actual de COP$1,9 billones proyectado para 2026, añade, desaparecería rápidamente ante movimientos cambiarios adversos, dejando al próximo gobierno con una deuda que comprometerá la estabilidad fiscal y la capacidad del Estado para atender prioridades de gasto social y desarrollo.