Bloomberg Línea — ‘El Tigre que ruge y muerde’, fue el lema que usó Abelardo De la Espriella durante la campaña que concluyó con su elección como presidente de Colombia, pero una vez electo se despojó del personaje que por un año amenazó con “destripar a la izquierda” para moderar el tono y buscar unificar a un fragmentado país en torno a la figura de su líder.
“Creo que el mensaje o el discurso del presidente electo el domingo en Barranquilla deja ver claramente que ya no está en rol de candidato, sino que está en rol de presidente”, dijo Carlos Arias, analista político y gerente de Comunicaciones en Estrategia y Poder.
Desde el domingo en la noche De la Espriella se dirigió a sus electores en un discurso pronunciado desde la Ventana al mundo en Barranquilla, mientras que su contendor, Iván Cepeda Castro, dice que sólo va a reconocer el resultado como oficial hasta tanto el escrutinio y las reclamaciones no hayan concluido y se haya confirmado su derrota electoral.
Fernando Posada, politólogo de la Universidad de Los Andes advirtió de la importancia que tendrá que De la Espriella no repita los errores que marcaron la administración de Gustavo Petro.
“Durante cuatro años, el presidente Petro llamó fascistas y ‘nazis’ a sus críticos. Qué buen primer paso daría el presidente electo De la Espriella si como primer gesto ofrece un lenguaje de respeto y reconocimiento a esa mitad del país que no lo eligió”, aseguró Posada.
Y precisamente fue ese el talante de su discurso. “Me los voy a traer a la manada”, indicó De la Espriella sobre los votantes de Cepeda, a quienes aseguró que “me voy a ganar su confianza con resultados”.
Así mismo, aseguró que sus adversarios políticos “tendrán todas las garantías para hacerle oposición”, eso sí, mantuvo la advertencia de que todo deberá enmarcarse “dentro de la Constitución y la ley”.
Posada recalcó que “la política no puede ser un ejercicio de revanchas, sino una búsqueda de construir un país donde podamos vivir mejor. Caer en la trampa del discurso de “zurdos de mierda”, tan de moda en América Latina, solo sería una fórmula para fragmentar más al país”.
En ese sentido, para Arias el discurso del domingo le sigue manteniendo el talante que lo eligió, que es un talante con autoridad, que es por la razón que muchos de los colombianos eligieron, “sino que abre los puentes para gobernar para todos los colombianos mostrando resultados”.
Por ello considera que “el discurso confrontacional no es que se extinga en campaña, pero sí cambia considerablemente el tono y empieza a desplazar la confrontación por un discurso de trabajo que está dispuesto a escuchar y a darle su lugar a la oposición”.
Desorden social y delincuencia
Mientras De la Espriella les hablaba a sus electores en Barranquilla, otros simpatizantes de su campaña celebraban en Bogotá y Medellín.
A la par, opositores del presidente electo salieron a rechazar los resultados. En sectores específicos de Cali y Bogotá hubo disturbios el domingo, que terminaron con daños en infraestructuras públicas y algunos detenidos.
De qué tan moderado sea el tono de De la Espriella durante los próximos meses dependerá que escenas como las de la noche del domingo no se vuelvan cotidianas una vez asuma el poder el 7 de agosto.
Tarea en seguridad
Un informe de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) analiza la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela como un espacio altamente inestable donde confluyen dinámicas de conflicto armado, economías ilegales y presencia de actores armados no estatales.
Advierte la organización que la región fronteriza es descrita como un corredor estratégico para el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión, actividades que sostienen la capacidad operativa de grupos armados en ambos países.
Entre los actores identificados se encuentran el ELN, disidencias de las antiguas FARC, y redes criminales transnacionales, además de estructuras armadas en territorio venezolano.
Estos grupos aprovechan la porosidad de la frontera y la limitada presencia estatal para consolidar control territorial, lo que se traduce en altos niveles de violencia, desplazamiento forzado y amenazas contra la población civil en departamentos como Arauca y Norte de Santander, así como en estados venezolanos como Apure, Táchira y Zulia.
El documento destaca que la debilidad institucional, la corrupción y la falta de coordinación efectiva entre ambos gobiernos son factores clave que permiten la expansión y adaptación de estas economías ilícitas.
Aunque existe cooperación bilateral en materia de seguridad, ACLED subraya que esta es fragmentada y enfrenta limitaciones políticas y operativas que reducen su impacto real.
En términos de perspectiva, el informe concluye que se requiere una inversión sostenida en capacidades de control fronterizo y una estrategia coordinada de largo plazo.
Sin embargo, advierte que es poco probable que se logren avances significativos en el corto plazo debido a las tensiones políticas y a la complejidad estructural del conflicto.
El futuro de la frontera
La intervención liderada por Estados Unidos para remover a Nicolás Maduro ha despertado un renovado interés de empresas de los sectores de petróleo, gas y minería en Venezuela.
Gran parte de los recursos del país se encuentran a lo largo de la porosa frontera de 2.219 kilómetros con Colombia, que históricamente ha sido importante para el desarrollo económico de ambos países.
Sin embargo, esta frontera también ha atraído el interés de grupos armados, que en los últimos años han aprovechado las tensas relaciones entre Bogotá y Caracas para competir por el control de economías criminales transfronterizas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
El 24 de abril, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas y firmaron una serie de acuerdos, incluyendo la reactivación de proyectos energéticos conjuntos y esfuerzos para abordar las actividades de grupos armados en la frontera.
Sin embargo, hasta que estos acuerdos se implementen, la infraestructura y los trabajadores de los proyectos extractivos seguirán siendo vulnerables a ataques de grupos armados, particularmente de la fuerza dominante en la frontera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Si Bogotá y Caracas finalmente refuerzan la cooperación en materia de seguridad, es probable que esta sea más efectiva en las zonas central y norte de la frontera.
En esa área, la presencia de otros grupos armados que disputan el dominio del ELN, la existencia de infraestructura relativamente desarrollada de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos, y la convergencia de intereses de Estados Unidos, Colombia y Venezuela hacen más probable que la cooperación logre resultados para debilitar las operaciones de los grupos armados.
Por ello, la cooperación en seguridad allí podría allanar el camino para una reactivación más segura de los proyectos de petróleo y gas a ambos lados de la frontera.
Por el contrario, es mucho menos probable que tenga un impacto en la parte sur de la frontera, en las remotas regiones amazónicas.
En estas zonas, la infraestructura vial prácticamente inexistente, la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad, la corrupción generalizada y el dominio incuestionado de los grupos armados en el sector minero dificultan el éxito de cualquier forma de cooperación.
Independientemente del nivel de cooperación entre Bogotá y Caracas en materia de seguridad, no será conveniente ni recomendable para las empresas mineras y comerciantes extraer o distribuir minerales del sur de Venezuela, a menos que estén dispuestos a asumir altos costos de seguridad, pagos por extorsión y el incumplimiento de estándares de derechos humanos y protección ambiental que allí se registran de forma sistemática.
En cualquier caso, la reanudación de la cooperación está lejos de estar asegurada.
El presidente electo de derecha Abelardo De la Espriella, quien ganó la segunda vuelta del 21 de junio en Colombia, ha rechazado cualquier relación con la administración de Rodríguez en Venezuela, pero la evolución de las relaciones entre ambos gobiernos también dependerá de los desarrollos políticos en Venezuela y de la capacidad de Washington para influir en ambos países.
