Bogotá — En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno De la Espriella calculó el peor escenario: un déficit fiscal de 9,4% del PIB en el próximo año. El mayor desbalance de las cuentas públicas en la historia reciente del país, con un presupuesto COP$60 billones por encima de lo que había dejado la administración anterior, hasta los COP$634,9 billones.
Ese incremento, dice un análisis de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados de Banco de Bogotá, no responde a un capricho de gasto, sino a un “sinceramiento” de las cuentas.
Lo anterior debido a que se reconocieron mayores presiones en pensiones, salud, nómina, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y, sobre todo, en el servicio de la deuda, que subió COP$37,4 billones bajo el supuesto de que el Gobierno no haría roll-over de los vencimientos de deuda interna de 2027.
De los casi COP$60 billones de aumento, cerca de COP$30 billones corresponden a ese sinceramiento de partidas y otros COP$30 billones al supuesto, calificado por los analistas como “inusual”, de que en 2026 no se tomarán acciones para reducir las amortizaciones del año siguiente.
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La clave está en que el Gobierno decidió presentar el escenario inercial, es decir, el que resultaría si no se hace absolutamente nada para corregir el rumbo.
Para 2026, ese mismo ejercicio ya llevó el déficit a 7,2% del PIB, e incorpora un recorte de gasto de COP$21,9 billones, de los cuales COP$16,3 billones son exigidos por ley, tras la no aprobación de la más reciente reforma tributaria presentada, y COP$5,6 billones son discrecionales.
ANIF, centro de pensamiento económico, señala que este deterioro se explica en gran parte porque el balance primario proyectado para 2027 pasó de un déficit de 0,5% del PIB en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a uno de 4,5% en el nuevo Plan Financiero, tras excluir COP$30,2 billones en ingresos tributarios contingentes que dependían de una reforma que nunca se tramitó.
¿Cómo evitar superar el 9%?
La estrategia de Hacienda tiene una lógica particular. Al fijar como punto de partida el peor escenario posible, cualquier avance en materia de ajuste de gasto, de ingresos o de condiciones macroeconómicas se traduciría en noticias favorables, y no en el efecto contrario que vivió la administración pasada, cuyos presupuestos incorporaban de entrada el éxito de reformas que finalmente no se materializaron.
Para evitar llegar al 9,4%, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que radicará una Ley de Ajuste Fiscal que buscaría reducir el déficit en 2,2 puntos del PIB, cerca de COP$45 billones, y llevarlo a 7,2% en 2027.
El propio Gobierno reconoce, sin embargo, que incluso con ese ajuste el resultado seguiría siendo el segundo más alto de la historia reciente del país, solo superado por el de la pandemia.
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Según cálculos de Goldman Sachs y Citi, si la ley avanza en el Congreso, el déficit podría ubicarse entre 7,2% y 7,4% del PIB, mientras que JPMorgan advierte que la aprobación legislativa es “el riesgo clave de ejecución”.
Banco de Bogotá identifica tres palancas adicionales que podrían mejorar el panorama sin depender por completo del Congreso: una gestión activa de la Tesorería que permita canjear deuda y reducir amortizaciones internas en al menos COP$32 billones; un ajuste del salario mínimo de un solo dígito (8%-9%) que modere el gasto indexado a inflación y pensiones; y una eventual reducción de la prima de riesgo si el mercado percibe compromiso fiscal, lo que abarataría el costo de financiación.
En el frente de la deuda, el impacto ya es visible: el cupo de TES para 2026 subió de COP$85,25 billones a COP$110,25 billones y Hacienda anticipó una nueva emisión de bonos globales por cerca de US$3.000 millones.
Para 2027, si nada cambia, la oferta de TES superaría los COP$150 billones y el endeudamiento externo llegaría a US$26.100 millones, ambos máximos históricos; en un escenario de ajuste exitoso, esas necesidades podrían caer hasta en COP$90 billones.
