Bloomberg Línea — Sentarse a negociar con grupos armados ilegales, sin dejar de combatirlos, va a ser necesario para el próximo mandatario de Colombia, más allá de que sea de izquierda o de derecha, aun cuando la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro no haya dado resultados concretos, coinciden tres expertos consultados por Bloomberg Línea.
“Lo que se debe entender es que paz y seguridad son dos caras de una misma moneda. Lastimosamente, por nuestra historia de conflictividad, se han ideologizado los dos conceptos: siempre se asoció la paz a la izquierda y la seguridad a la derecha”, dice Luis Fernando Trejos, experto en temas de conflicto y docente de la Universidad del Norte.
Bajo esa premisa, Trejos sustenta que el próximo Gobierno debería continuar negociando con los actores armados que busquen acogerse a la paz, sin dejar de atacar a quienes no consideren esta opción.
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“La evidencia empírica en Colombia ha demostrado que los procesos de pacificación sostenibles suelen combinar presión militar del Estado con negociación política”, argumenta César Niño, doctor en estudios internacionales en paz, conflictos y desarrollo, en sintonía con Trejos.
Niño plantea que el principal reto de un proceso de paz son los costos en materia de implementación, reintegración, sustitución de economías ilícitas, reparación de víctimas y presencia estatal. A ello se suma una “rigurosidad en la metodología de implementación”, de la que ha carecido la ‘paz total’ de Petro, según él.
De los tres candidatos presidenciales que lideran la intención de voto, solo uno ha manifestado públicamente que apostará por una política de paz, Iván Cepeda, aunque sin explicar en qué se diferenciará de la de Petro.
Abelardo de la Espriella rechaza las mesas de diálogo y, en cambio, habla de “sometimiento o baja” para los miembros de los grupos armados. Paloma Valencia descarta nuevas negociaciones y apuesta por la que considera una “fórmula mundial”, la cárcel. Pero sus propuestas serían difíciles de ejecutar.
“Solo el Clan del Golfo dice tener 4.000 miembros activos de su organización. ¿Qué es someterlos? ¿Desarticular la organización? ¿Desmovilizarlos? ¿Capturar a cada uno de los integrantes? Si vas a encarcelar a los 4.000 miembros, se te llenan los cupos carcelarios; muchos lugares de Colombia no tienen fiscales ni jueces para procesar toda esa gente”, dice Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).
Bonilla agrega que, independiente de las políticas de seguridad y defensa del próximo presidente de Colombia, no va ser fácil sacarlas adelante debido a que este sector está desfinanciado.
“El sector defensa solo tiene más o menos un 6% destinado a inversión para todo lo que hay que hacer”, especifica, razón por la que no descarta que el próximo Gobierno recurra a más impuestos o haga recortes sustanciales al Estado para obtener recursos.
La paz, clave para el crecimiento económico
Niño expone que “negociar con grupos armados puede traducirse en beneficios macroeconómicos a largo plazo”, si se reduce de manera verificable la violencia, puesto que se eliminan costos asociados al conflicto.
“La violencia armada tiene impactos muy profundos en la productividad, la infraestructura, el recaudo tributario, costos logísticos, la confianza empresarial y muchas otras variables”, dice el académico. “Un territorio como el colombiano, bajo una suerte de disputas armadas, suele tener experiencias de menor crecimiento económico y lo hemos visto a lo largo de estos cuatro años”.
Trejos, por su parte, añade que cuando hay paz, se pueden desarrollar “circuitos económicos locales” que hoy imposibilita el crimen organizado. Incluso cita un caso, el del Atlántico, uno de los epicentros de extorsión en Colombia.
“Han cerrado 450 tiendas de barrio en los últimos cuatro años y un número similar de pequeños negocios, la mayoría de comida rápida, porque no tienen cómo pagar la extorsión o les da miedo que se atente contra ellos para presionar el pago. Hay una ciudadanía, un tejido social, que se va rompiendo”.
Bonilla dice que un ejemplo del impacto económico de la paz son los acuerdos firmados con las FARC, que en sus primeros años de implementación dinamizaron el empleo, atrajeron la inversión extranjera directa y fomentaron el ecoturismo.
Si hoy hubiera paz en los territorios que históricamente han padecido la violencia y donde los grupos armados están en constante confrontación, la situación sería mejor, a juicio de la experta.
“Arauca, Caquetá y el mismo Cauca tendrían una trayectoria distinta, y su aporte al producto interno bruto (PIB) sería mucho mayor que la inversión que el Estado tiene que destinar en ellos”, manifiesta Bonilla.
Los fallos en la ‘paz total’ de Petro
Trejos dice que si la ‘paz total’ de Petro no generó los resultados esperados fue porque no tuvo una planificación, pero además careció de indicadores que permitieran medir su éxito y de una estrategia comunicacional que hiciera énfasis en la ciudadanía la necesidad de esta política.
“Hoy hay paz, ni siquiera parcial. Hay grupos sentados, pero todavía muy lejos de la firma de un acuerdo de fin de conflicto, como los Comuneros del Sur, un grupo que, se suponía, era pequeño y con el cual la negociación iba a ser casi que expresa”,
Luis Fernando Trejos.
Niño postula algo similar. Ahonda en que las negociaciones de la ‘paz total’ no tuvieron mecanismos de verificación, como tampoco incentivos claros para que los grupos armados dejaran de delinquir, produciendo efectos contrarios en materia de seguridad.
“Estamos viendo una expansión criminal, fragmentación de grupos armados, nuevas alianzas criminales y fortalecimiento de economías ilícitas, incluso durante los famosos ceses al fuego”.
Bonilla considera que las mesas de negociación per se no desencadenaron la expansión de los grupos armados y, además, opina que el Gobierno Petro sí ha tenido “mano dura” contra estas estructuras en algunos lugares, como el Catatumbo y Cauca.
Dicho eso, expresa que la ‘paz total’ tuvo fallos y terminó siendo una herramienta mal utilizada. “Yo puedo estar de acuerdo con mucha gente en que hay que mejorar las mesas de negociación o, por ejemplo, en que no hay que abrir esa puerta si no se la piden a uno primero, como con el ELN”, detalla.
También concluye que las negociaciones de paz son una herramienta indispensable, pero la gente terminó culpándola, aun cuando el “problema no era de la flecha, sino del indio”, como dice el adagio.
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