Bloomberg Línea — La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve de los integrantes de su administración y tres particulares por presuntas irregularidades en un proceso de restitución de un predio. Ahora el exalcalde y precandidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, tendrá que afrontar la campaña presidencial de 2026 en medio de un juicio por corrupción.
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El caso, que involucra posibles delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, se ha convertido en uno de los procesos judiciales más sensibles contra el exmandatario local, quien en los últimos meses ha tenido una creciente exposición política a nivel nacional.
“El material probatorio obtenido permite inferir que los investigados intentaron modificar de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer económicamente a particulares”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El caso
Entre febrero de 2020 y mayo de 2023, durante la administración de Quintero, un grupo de exfuncionarios habría adelantado gestiones para cambiar la naturaleza de la restitución de un lote que estaba bajo litigio.
Según la acusación, el acuerdo original obligaba a una cesión gratuita del terreno, pero los exfuncionarios intentaron convertirlo en una compraventa, lo que habría permitido reconocer un pago de más de COP$40.500 millones a los tenedores del predio: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.
La Fiscalía sostiene que, al fracasar esta conciliación prejudicial, se habrían expedido actos administrativos de forma irregular con el fin de aumentar el avalúo del terreno, entregarlo a los particulares y habilitar actividades urbanísticas que estaban prohibidas bajo el POT de Medellín.
Los acusados
Además de Quintero, la lista de procesados incluye a varios exmiembros de su gabinete: Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria General (e); Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de Contratación y secretaria General (e); Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; y Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario General de la Alcaldía.
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Los particulares vinculados al caso son los tenedores del predio investigado: Moreno Barón, Rueda Salazar y Villegas Márquez.
Relevancia política y económica
La acusación contra Quintero ocurre en un momento clave: el exalcalde ha buscado mantener una presencia política activa tras dejar el cargo en 2023 y ha sido mencionado en escenarios de debate sobre liderazgo regional y eventuales aspiraciones electorales.
La formalización del proceso judicial podría impactar tanto su futuro político como la percepción ciudadana sobre su gestión.
En lo económico, el caso pone en el centro de la discusión el manejo de los avalúos de tierras en Medellín y el rol del POT, un instrumento clave en la planeación urbana y en el desarrollo de proyectos de infraestructura y vivienda.
La presunta modificación irregular de este plan para favorecer a particulares reabre el debate sobre la seguridad jurídica en el sector inmobiliario y la transparencia en el manejo de predios de alto valor en la ciudad.
Qué sigue en el proceso
El escrito de acusación es un paso clave en la etapa judicial. Ahora, un juez de conocimiento deberá fijar fecha para la audiencia de acusación formal, donde se definirá si los procesados van a juicio.
De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión, inhabilidades para ejercer cargos públicos y sanciones económicas.
La defensa de Quintero y de los demás procesados aún no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo paso del proceso, pero se espera que insistan en su inocencia y cuestionen la interpretación de la Fiscalía frente a los actos administrativos expedidos durante su gestión.
Más allá del caso particular, la acusación revive los cuestionamientos sobre la gobernabilidad en Medellín. Durante la alcaldía de Quintero, la ciudad vivió una fuerte polarización política, especialmente en relación con la gestión de empresas estratégicas como EPM y el desarrollo de proyectos urbanos.
La radicación del escrito de acusación contra Daniel Quintero y 12 personas más abre un proceso judicial de alto impacto en Medellín. Aunque falta un largo camino en los estrados para determinar responsabilidades, el caso ya marca un precedente sobre los riesgos de corrupción en el manejo del suelo urbano y podría tener efectos en el panorama político de Antioquia y del país.
