Bloomberg Línea — El reciente fallo de la Corte Constitucional que suspendió de forma provisional la emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dejado al descubierto un desafío fiscal inmediato: sin los ingresos extraordinarios que esa declaratoria habilitaba, la caja del Gobierno enfrenta tensiones de liquidez desde los primeros meses de 2026, mientras se perfila un mayor uso de deuda pública como alternativa para sostener las finanzas públicas.
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“El principal impacto se da sobre la caja del Gobierno, que ya se encuentra en uno de los niveles más bajos de la historia reciente”, afirmó Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, al describir el efecto tangible de la suspensión de los mecanismos de recaudo que había impulsado la administración.
Para Ballén, la interrupción de esos recursos obliga a ajustar el gasto presupuestado para evitar tensiones de liquidez y un deterioro adicional de un déficit fiscal que ya es elevado.
Ese impacto sobre los ingresos se proyecta con particular fuerza en los próximos meses, según los economistas consultados.
“Esto depende del calendario tributario. Yo creo que el impacto más fuerte se da en la retención en la fuente, que empezaba desde febrero, principalmente para los grandes contribuyentes”, señaló Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, al desglosar cómo la suspensión afecta momentos específicos del año fiscal que tradicionalmente concentran altos recaudos.
La suspensión de la emergencia económica se produjo tras una decisión de la Corte Constitucional el 29 de enero de 2026, en la que la Sala Plena decidió, con una votación mayoritaria de seis magistrados contra dos, suspender de manera provisional el decreto por el cual el presidente Petro había declarado el estado de excepción económico y social a partir del 22 de diciembre de 2025.
Esa medida, establecida en el Decreto 1390 de 2025, había contemplado un término de 30 días para que el Ejecutivo pudiera emitir normas tributarias sin necesidad de pasar por el Congreso, ante el hundimiento de una reforma fiscal que buscaba recaudar COP$16,3 billones para completar el presupuesto nacional de 2026.
Dentro del marco de esa emergencia había decretos complementarios, como el Decreto 1474 de 2025, que autorizaba nuevos impuestos con el propósito de obtener hasta COP$16,3 billones para atender el déficit fiscal, y otros decretos posteriores que quedaron sin efecto por depender jurídicamente de la emergencia principal.
Al suspenderse de forma provisional la emergencia, los impuestos creados bajo ese marco también quedaron congelados, lo que, de concretarse una decisión negativa de fondo en la Corte, implicaría que esos ingresos nunca lleguen a la caja del Estado.
Esa secuencia de hechos ha encendido las alarmas de los analistas, especialmente en el contexto político: el 8 de marzo próximo se llevarán a cabo las elecciones legislativas para el Congreso, y en mayo están programadas las elecciones presidenciales, donde el actual mandatario Gustavo Petro no puede presentarse a la reelección, por mandato constitucional.
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Este calendario electoral coincide con tres meses —febrero, marzo y mayo— que Rojas identifica como críticos para el recaudo, debido a la suspensión de la retención en la fuente y de cambios en el IVA e impuesto al patrimonio. Para él, son esos meses los que “hay que tener en mente como el período en el que se esperaba obtener ingresos relevantes del decreto de emergencia económica”.
Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, también aporta un matiz importante al análisis: legalmente el Ejecutivo debería compensar los ingresos suspendidos con recortes equivalentes del gasto público, lo que, si se implementa de forma estricta, neutralizaría el efecto del faltante.
Sin embargo, Velandia advierte que en un año electoral es difícil pensar en recortes de gasto público significativos, y por ello anticipa que “seguramente sí vamos a tener presiones adicionales, porque es difícil pensar en un recorte de gasto público en medio de un año electoral. Lo más probable es que el director de Crédito Público siga siendo muy activo en las operaciones de manejo de deuda para mantener la caja en niveles relativamente adecuados”.
El ejercicio de deuda pública al que alude Velandia se refiere a la emisión de TES (Títulos de Tesorería), uno de los instrumentos mediante los cuales el Gobierno financia sus obligaciones y su liquidez a corto plazo.
Si no hay ajuste del gasto, afirma el economista, “seguramente habrá más deuda de la que actualmente está proyectando el mercado”. Esta posibilidad resuena con las preocupaciones de otros analistas, que ven en la emisión de deuda una salida técnica a la falta de ingresos, pero con efectos sobre los costos financieros y las expectativas del mercado.
Rojas, por su parte, enfoca el problema desde la pérdida de recaudo puntual: “las proyecciones eran que para marzo ya se empezaran a ver recaudos con los cambios a licores, cigarrillos, juegos de azar y bienes de lujo, pero esa expectativa también se cae”.
Al precisar que el recaudo por impuesto al patrimonio estaba previsto más hacia mayo, Rojas subraya que la pérdida de esos ingresos se agrava en un contexto donde ya se anticipaba una caída de recursos.
Una posible compensación, según Rojas, podría venir por medidas de alivio tributario implementadas por la DIAN, que “según la administración ya habrían sumado cerca de un billón de pesos”. Estas políticas internas, orientadas a mejorar la eficiencia del recaudo, podrían continuar, pero, nota el economista, sólo compensarían parcialmente la pérdida de ingresos estructurales que la suspensión de la emergencia económica ha provocado.
Ante este panorama, los analistas coinciden en que la combinación de caja tensionada, necesidad de manejo activo de la deuda y desafío político en año electoral configura un escenario complejo para las finanzas públicas de Colombia.
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Si bien la obligación legal de recortar gasto debería, en principio, equilibrar el impacto de la suspensión, las realidades del calendario político y la estructura de los ingresos fiscales sugieren que la alternativa de deuda pública será un elemento central en las decisiones económicas del Gobierno en los próximos meses.
