Bogotá — Al cierre de la semana pasada el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, encendió el debate al al indicar que están analizando con Hacienda cómo disminuir la presión tan fuerte que genera la regla fiscal, ¿se debe modificar este indicador?
Recordemos que la regla fiscal fue creada con la Ley 1473 de 2011 y empezó a aplicar en 2012. Su fin, tal y como lo indica la norma, es que “buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda”. Lo que quiere decir que le indica a los gobiernos hasta dónde pueden gastar.
Ese es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB.
Para cada vigencia fiscal, el valor mínimo que tomará el balance primario neto estructural será en función del nivel de deuda neta que se observe en la vigencia anterior.
Por lo que las metas de déficit fiscal establecidas son: 1,4% en 2023 y 0,2% en 2024.
Argumentos a favor y en contra
Sobre este mecanismo, el director de Planeación Nacional refirió: “Nosotros estamos mirando porque consideramos que la regla fiscal ha sido muy inflexible, entonces estamos discutiendo con colegas de Hacienda cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte, pensando por ejemplo en que los recursos destinados al salvamento de activos ambientales, puesto que eso tiene beneficios futuros enormes, no se introduzcan como una parte del gasto de inversión corriente sino que se excluyan, y eso genera un marco fiscal más amplio al que tenemos ahora”.
A lo que se unieron planteamientos como el del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, que señaló que “nadie en el Gobierno propuso modificar la regla fiscal de inmediato, se ha planteado su discusión y cualquier cambio se desarrollaría en el mediano/largo plazo, para luchar contra el cambio climático. La regla fiscal no es benévola. No ha servido ni para frenar el endeudamiento: la deuda pública evolucionó del 36,5% al 68,2% del PIB entre el 2010 y el 2020″.
Frente a lo cual varias voces se alzaron en contra.
José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombianas, expresó que “no es el momento para cambiar la regla fiscal. Ya para el 2024 el Gobierno exhibe un déficit fiscal muy superior al de otros países de la región, y abrir más espacio fiscal con tasa de 10 años en EEUU a 4,6%, puede resultar muy costoso en términos de confianza y financiamiento”.
Asimismo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo que No es una buena idea pensar en modificar la regla fiscal para acomodar más gasto público por tres razones. La primera, porque “la deuda del gobierno sigue siendo alta”; la segunda, porque en 2024 el gasto será el más alto de la historia y el déficit superior al 4% del PIB; y la tercera, porque la prima de riesgo país viene subiendo desde 2021.
Por su parte, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que violar la regla fiscal “deterioraría la confianza en la economía del país, ya de hecho mermada”.
Y también expresó su malestar el también exministro José Manuel Restrepo, quien comentó que a pesar de que entiende la preocupación por las inflexibilidades del gasto y la inversión pública, “relajar la regla fiscal no es una salud. Relajar la regla fiscal, aún con el loable color verde y sostenible, exacerba riesgos de aumento de costos de financiamiento, de tasa de cambio y representa un muy mal mensaje a inversionistas y calificadoras de riesgo, con otros riesgos derivados de esto”.
A lo que agregó que esta es una forma para para ampliar el gasto, el déficit y la deuda pública en un escenario donde debe continuar el ajuste fiscal que se ha logrado positivamente hasta ahora. “El camino es seguir en este camino de macroprudencia”.
Con lo que coincidió Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, que mencionó que “la revisión de la senda de déficit fiscal en junio ya fue un retroceso en el ajuste que comenzó en 2022 y prácticamente eliminó la posibilidad de recuperar el grado de inversión en los próximos años. Relajar la Regla Fiscal en estos momentos abriría las puertas a una menor calificación crediticia y un aumento permanente de la prima de riesgo y de las tasas de interés, lo cual deterioraría las perspectivas macroeconómicas del país y la capacidad del gobierno para responder a choques y para gasto en programas sociales”.
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