Bloomberg Línea — Mientras el Gobierno Petro alista un decreto para comercializar en pesos colombianos las VIS (Viviendas de Interés Social) y no salarios mínimos (por cuenta del incremento del 23%), el sector constructor advierte efectos perjudiciales para la oferta de vivienda y para los subsidios.
“Seamos claros: imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo", señaló en un análisis Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción. “El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”.
En el proyecto de decreto, dispuesto para comentarios, se lee que toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de VIS deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos, que será entonces el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización.
“En ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces”, especifica la normativa.
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Durante el Gobierno Petro, según datos de Camacol, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores. Que el costo laboral sea 20%–25% no lo vuelve marginal, explica el gremio y advierte que el aumento del salario mínimo impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción.
“En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%. Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido", especificó la Cámara.
Unos argumentos que refutó, mediante su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro: “¿Cómo es posible que confundan lo que es techo de la VIS con precios de la vivienda? Claro que se necesita mucha claridad técnica, y estamos dispuestos a ese diálogo. Minimizar el precio de la vivienda en un hábitat digno y agradable, ese es el reto técnico".
A lo que respondió Camacol: “Presidente, estamos de acuerdo en la necesidad de claridad técnica. Justamente por eso advertimos que confundir el tope VIS con un precio rígido en pesos genera efectos indeseables sobre la oferta de vivienda".
Y añadió que con gusto participan en un diálogo técnico, con datos y evidencia, respetando los límites legales y sin perder de vista que las decisiones de política pública tienen consecuencias sobre la economía y el acceso a la vivienda de los colombianos. “¿Con quién iniciamos este diálogo técnico?“.
Para el sector constructor, el riesgo de la decisión es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada.
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Explican que eso significa obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, “aunque se le intente dar otro nombre”.
A lo que suman que genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión y que decir que vender en salarios mínimos es ilegal es falso. La ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en salarios mínimos están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. “Tope no es igual a precio. Prueba de ello es que más del 60% de la VIS se vende por debajo del tope”.
Según datos de la Cámara, en los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron sin vivienda tras la suspensión del programa Mi Casa Ya. Decisiones que, enfatizan, no protegen a las familias sino que las expulsan del mercado formal de vivienda.
