Bloomberg Línea — Panamá y Costa Rica elevaron esta semana el tono de un diferendo comercial que se remonta a 2019 y que ha resurgido en días recientes por renovados reclamos costarricenses sobre restricciones panameñas a productos agropecuarios.
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El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció este jueves que su Gobierno frenará por el momento cualquier ampliación de exportaciones de energía eléctrica hacia Costa Rica, en respuesta a declaraciones recientes de la presidenta costarricense, Laura Fernández, sobre un conflicto comercial bilateral.
“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia, eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, de una tarima, de una conferencia de prensa cuando yo voy a hacer exposiciones que tocan directamente las relaciones entre dos países que son vecinos y amigos, como es Costa Rica y Panamá”.
Tras el anuncio de Mulino, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró en un comunicado que Costa Rica “cuenta con los recursos suficientes” para atender la demanda nacional y afirmó que el país actualmente no importa electricidad desde Panamá ni prevé hacerlo durante el resto de 2026.
El ICE añadió además que Costa Rica respalda el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y los principios de libre competencia que rigen las transacciones energéticas entre el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (Siepac).
La declaraciones que molestaron a Mulino
El miércoles 20 de mayo, Fernández dijo a la pregunta de un medio de comunicación en la conferencia semanal que descartaba asistir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará el próximo mes en Panamá.
“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá”, afirmó, al asegurar que no se considera “una presidenta viajera” y que priorizará asuntos internos de Costa Rica.
Aunque la mandataria, quien asumió el 8 de mayo, no vinculó directamente su ausencia al conflicto comercial, sus declaraciones ocurrieron pocos días después de que anunciara que impulsaría “acciones internacionales” frente a lo que calificó como un “bloqueo comercial” a productos agrícolas costarricenses por parte de Panamá.
La mandataria costarricense dijo que ya instruyó al canciller Manuel Tovar, “para que ponga en funcionamiento una estrategia bilateral y siente una mesa de trabajo que tiene que dar resultados, porque yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales”.
Fernández agregó que “hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla. Y vamos a activar, ¿cierto don Manuel?, todos los mecanismos que esté a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”.
El origen del conflicto
La disputa enfrenta desde hace años a ambos países por restricciones sanitarias y fitosanitarias aplicadas por Panamá a importaciones procedentes de Costa Rica, entre ellas lácteos, carnes, piña, banano y otros productos agrícolas.
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Panamá sostiene que las medidas responden a controles sanitarios legítimos y a la defensa de su producción nacional, mientras Costa Rica afirma que las restricciones carecen de fundamento técnico y violan normas del comercio internacional.
El conflicto escaló entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió habilitaciones sanitarias a plantas costarricenses exportadoras de productos cárnicos y lácteos. Costa Rica llevó entonces el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En diciembre de 2024, un panel de la OMC falló a favor de Costa Rica al concluir que varias medidas panameñas incumplían obligaciones comerciales internacionales. Panamá apeló la decisión en enero de 2025, por lo que el proceso permanece abierto.
El diario costarricense El Observador explicó que el caso quedó además en un limbo debido a la parálisis del Órgano de Apelación de la OMC, que desde hace años enfrenta dificultades para nombrar jueces y resolver recursos pendientes.
Según ese medio, Costa Rica propuso mecanismos alternativos de arbitraje para destrabar el proceso, pero las iniciativas no prosperaron.
El Gobierno panameño ha defendido que también existen antecedentes de restricciones costarricenses a exportaciones panameñas y ha insistido en que busca condiciones “justas y no discriminatorias” para sus productores.
Esta semana, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, pidió evitar la “politiquería” y resolver el diferendo mediante diálogo técnico, aunque reiteró que su país mantendrá la defensa de sus controles fitosanitarios y del sector agropecuario.
La controversia amenaza con tensionar uno de los vínculos comerciales más relevantes del istmo. Costa Rica exportó a Panamá unos US$612,9 millones en 2025, datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). En ese mismo período, Panamá exportó al mercado costarricense US$41.5 millones.
