Bloomberg Línea — La histórica disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados y rico en recursos energéticos como el petróleo, entrará en una nueva fase clave que decidirá si un viejo laudo arbitral es válido y si la frontera actual se encuentra amparada legalmente.
La Corte Internacional de Justicia iniciará este 4 de mayo en La Haya las audiencias sobre el fondo del caso que Guyana presentó contra Venezuela por la disputa por el Esequibo, informó en días pasados el fiscal general guyanés, Mohabir Anil Nandlall.
“Lo que se está decidiendo en las audiencias de este 4 de mayo de 2026 ante la Corte Internacional de Justicia es algo más concreto y estructural: si el Laudo Arbitral de 1899 sigue siendo jurídicamente válido y, por tanto, si la frontera actual es definitiva bajo el derecho internacional”, dijo a Bloomberg Línea, Angélica Méndez, investigadora y analista de la consultora Control Risks.
La realidad de Guyana dio un giro tras el descubrimiento de importantes reservas petroleras en 2015 por parte del gigante ExxonMobil (XOM).
El país cuenta con reservas estimadas en 11.000 millones de barriles de crudo.
Desde este descubrimiento se ha generado un efecto dominó que ha despertado ambiciones energéticas en toda la Cuenca del Caribe.
Guyana ha pasado a convertirse en uno de los principales actores petroleros en Latinoamérica y en la economía con el mayor ritmo de crecimiento del mundo. El Banco Mundial prevé que este año su economía crecerá un 16,3% y en el 2027 un 23,5%.
“Este es el momento más decisivo porque la Corte ya superó la discusión si corresponde a su jurisdicción esta decisión (2020) y ahora entra al fondo”, apuntó la analista de Control Risk. “Es decir, pasa de una etapa en la que el conflicto podía seguir indefinidamente a una en la que existe la posibilidad real de cierre jurídico”.
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La disputa por el Esequibo es clave en las ambiciones de este pequeño país sudamericano para catapultar su creciente industria de los hidrocarburos.
Pero Venezuela tampoco ha cedido en sus intereses y tras el giro político en ese país luego de la captura de Nicolás Maduro EE.UU. ha flexibilizado las sanciones contra la industria petrolera.
“La disputa territorial entre Venezuela y Guyana se remonta a finales del siglo XIX, con antecedentes incluso coloniales desde la configuración de la Capitanía General de Venezuela en 1777 y la posterior expansión británica hacia el oeste del río Esequibo”, explica la analista de la consultora Control Risks. “El punto de quiebre jurídico es el Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera a favor de la entonces Guyana Británica”.
Durante décadas, explica que Venezuela mantuvo una posición ambigua, pero en la práctica tolerante frente a ese arreglo.
Esto se formalizó con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que reconoce la existencia de una controversia, pero no invalida automáticamente el laudo.
Posteriormente, el Protocolo de Puerto España en 1970 congela la disputa, lo que en términos prácticos contribuye a consolidar el statu quo territorial.
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La reactivación del caso no sería casual, dado que coincide directamente con el descubrimiento de reservas significativas de petróleo en el Bloque Stabroek a partir de 2015, el cual es operado por Exxon.
Según Angélica Méndez, el actual ‘boom’ petrolero en Guyana introduce una variable estructural en la disputa por el Esequibo, dado que “el cambio en el valor económico del territorio reconfigura los incentivos políticos del conflicto”.
¿Cómo se desarrollaría el proceso?
En la fase de fondo, la Corte evalúa principalmente la validez del Laudo Arbitral de 1899, pero en la práctica está ponderando tres elementos que van más allá del documento en sí, según ha explicado la analista de Control Risks.
Primero, la alegación venezolana de nulidad del laudo por vicios en el proceso arbitral.
“El problema para Venezuela es que este tipo de argumentos enfrenta un estándar probatorio extremadamente alto, sobre todo cuando se trata de un laudo que ha sido ejecutado y no impugnado de forma efectiva durante más de un siglo”, según Méndez.
Segundo, la conducta de las partes.
Durante largos períodos, Venezuela no solo no revirtió el laudo, sino que operó dentro de un marco que de facto lo reconocía. “Esto introduce un elemento de acquiescence que, aunque no legitima automáticamente el origen del laudo, sí consolida sus efectos jurídicos en el tiempo", explicó.
Y tercero, la convergencia entre título jurídico y control efectivo.
La analista Angélica Méndez dice que “Guyana no solo tiene el laudo a su favor, sino que ha ejercido administración continua sobre el territorio, ha desarrollado instituciones y, más recientemente, ha integrado el área en su estructura económica a través de la explotación de recursos”.
Esta alineación entre derecho y realidad es algo que la Corte tiende a privilegiar, en su opinión.
El punto más sensible es que invalidar el laudo no sería una decisión aislada.
Abriría la puerta a cuestionamientos similares en otros contextos, lo que introduce un riesgo sistémico para la estabilidad de fronteras heredadas, detalló la analista.
¿Qué escenarios se abren para ambas partes?
En caso de un fallo vinculante a favor de Guyana, la analista Angélica Méndez explica que el margen de maniobra de Venezuela se reduce significativamente en el plano jurídico, pero no desaparece en el plano político.
Venezuela podría optar por desconocer el fallo o matizar su reconocimiento, pero su capacidad de traducir eso en acciones concretas se considera limitada.
“No solo por restricciones materiales, económicas, institucionales y militares, sino también por el costo diplomático que implicaría una escalada en un momento en que el país busca cierto reacomodo internacional”, anotó Méndez.
Además, una acción más agresiva no necesariamente le generaría beneficios claros.
Esto dado que cualquier intento de alterarlo implicaría enfrentar no solo a Guyana, sino indirectamente a los intereses económicos y estratégicos asociados al desarrollo energético del país.
“Ahí entra un factor clave: la presencia de actores como ExxonMobil y Chevron (CVX) en el bloque Stabroek. Esto no convierte el conflicto en uno internacionalizado en términos formales, pero sí eleva el costo de cualquier disrupción”, afirmó la analista de Control Risk.
A nivel geopolítico, explica que Estados Unidos tiene incentivos claros para sostener la estabilidad de Guyana como proveedor emergente, especialmente en un contexto de diversificación energética. “A esto se suma el respaldo, al menos en términos de cooperación, de actores regionales como Brasil y extrarregionales como el Reino Unido”.
Con ese contexto, Angélica Mendez cree que el escenario más probable no es una escalada abierta, sino una fricción sostenida de baja intensidad, a través de presión política, medidas simbólicas (como las votaciones para anexar el territorio o la creación de un gobernador de la zona del Esequibo), que “no se van a traducir en una alteración significativa del control territorial”.
Al final, más allá del fallo, analiza que la realidad es que el equilibrio actual no depende únicamente del derecho, sino de los incentivos. “Y hoy esos incentivos no favorecen una escalada”.
Incluso si la disputa se intensifica en el corto plazo, ve poco probable que derive en un escenario de alta conflictividad, porque el costo de hacerlo es demasiado alto para prácticamente todos los actores involucrados.
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