Bloomberg Línea — La expansión petrolera en el Caribe, impulsada por el llamado “efecto Guyana”, genera interrogantes sobre sus beneficios reales, el impacto en comunidades costeras y la presión ambiental en territorios altamente vulnerables, advirtieron organizaciones ambientalistas en un foro virtual.
Desde el descubrimiento de importantes reservas petroleras en Guyana en 2015 por parte del gigante ExxonMobil (XOM) se ha generado un efecto dominó que ha despertado ambiciones energéticas en toda la Cuenca del Caribe.
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El modelo está siendo replicado por países vecinos pese a los riesgos climáticos, sociales y ambientales en lo que hoy las organizaciones ambientalistas denominan “el efecto Guyana”.
En este marco, países en el Caribe que tradicionalmente no eran petroleros han relanzado sus rondas de exploración o licitación para explotación.
El denominado Gran Caribe aporta menos del 1% de las emisiones globales, pero es considerada una de las regiones más vulnerables a huracanes y fenómenos extremos.
“En este momento hay muchísima expansión de los combustibles fósiles en la región”, dijo en el foro virtual Carolina Sánchez, vocera de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, una coalición de organizaciones que representan a más de una decena de países que trabajan de forma articulada por una transición energética justa. El ‘boom’ petrolero en Guyana generó un “efecto dominó o de contagio que ha reconfigurado al Gran Caribe”.
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Según cifras entregadas por esa organización, más de 11.000 millones de barriles de petróleo fueron descubiertos en aguas profundas de Guyana en los últimos seis a siete años, siendo considerado el hallazgo petrolero más grande del siglo XXI.
Pero lo que inicialmente se presentó como una gran promesa para el país ha derivado en una realidad más compleja para las comunidades locales, de acuerdo con La Red Gran Caribe Libre de Fósiles, que denuncia que presuntamente la industria petrolera avanza con “escaso” control ambiental y quema ilegal de gases.
De la mano de aliados locales, esa organización ha constatado que en Georgetown, la capital, se evidencia un proceso de gentrificación, mientras el incremento de precios presiona a la población.
Según Sánchez, los pescadores artesanales describen su situación como un “cementerio de botes”, en referencia a embarcaciones abandonadas que ya no pueden competir frente a una economía petrolera que los desplaza y ante los impactos sobre los recursos pesqueros del mar.
Se refirió a la organización aliada Red Thread, originalmente enfocada en la violencia familiar, que ha asumido la defensa contra la expansión petrolera debido a que muchas de sus integrantes son pescadoras y ven en riesgo el sustento de sus familias.
Representantes de esta organización, junto con la abogada Melinda Janki, presentaron una demanda contra ExxonMobil para exigir la contratación de un seguro capaz de cubrir posibles derrames petroleros en Guyana. El proceso legal se mantiene abierto.
Sánchez contó que la también organización aliada Green Heart Movement señala que las comunidades ya enfrentan impactos concretos, como la reducción del acceso al pescado, que era su principal fuente de proteína, además de un aumento en su precio y en el costo de vida en general, especialmente en zonas urbanas como Georgetown.
Las organizaciones también advierten que gran parte de la población no fue suficientemente informada sobre el desarrollo petrolero offshore, lo que al parecer ha limitado la comprensión de sus impactos hasta que estos comenzaron a ser visibles.
“Sí hay que aclarar que hay otros impactos visibles en Guyana como la construcción de infraestructura que sí se está dando, carreteras, puentes, etcétera. Pero lo que nos dicen desde la sociedad civil es que ellas no ven un beneficio”, anotó Sánchez.
Contagio en la región
A la par de Guyana está Surinam, “el otro epicentro” de esta dinámica, que sigue el mismo patrón de desarrollo.
Se estima que el país cuenta con recursos recuperables por 2.400 millones de barriles de petróleo y 12,5 billones de pies cúbicos de gas, de acuerdo con estimaciones recopiladas por la Red Gran Caribe Libre de Fósiles a partir de fuentes del sector energético.
El país “se alista para iniciar producción en 2028, así que la Cuenca Guyana-Surinam se ha convertido en una nueva frontera fósil del Caribe”, indicó Carolina Sánchez.
“Son dos países pequeños que además tienen ecosistemas superfrágiles. La mayoría de sus poblaciones son costeras y se han transformado en petro-Estados prácticamente de la noche a la mañana. Pero ese modelo está contagiando el resto de la región”, señala.
“No se puede hablar del Caribe sin mencionar a Venezuela, que es un recordatorio muy duro de lo que significa construir una economía rentista alrededor del petróleo”, dijo la vocera.
“Décadas de dependencia extractiva, ecosistemas comprometidos y una deuda social y ambiental enorme. Hoy el Caribe vive en tensiones geopolíticas crecientes que nos preocupan profundamente a todas las organizaciones de la red”.
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En el foro virtual, Sánchez ejemplificó que República Dominicana avanza en exploración de alianzas con Guyana para petróleo y gas, mientras enfrenta oposición interna a proyectos fósiles.
Entre ellos destaca Punta Catalina, una termoeléctrica a carbón vinculada, según dice, a “graves problemas de salud en las comunidades cercanas y que ha tenido accidentes laborales que lamentablemente ya han costado vidas”.
“Panamá también ha sido arrastrada en el efecto de Guayana. El país está evaluando hacer exploración fósil en el Caribe panameño en alianza con Ecopetrol (ECOPETL)”, añadió.
Para la organización, esto supuestamente contradice directamente la condición de Panamá como uno de los tres únicos países carbono negativos del mundo y los compromisos asumidos en su NDC 3.0 —“la más ambiciosa de la región”— de eliminar el carbón para 2026 y alcanzar emisiones netas negativas para 2050.
Theresa Rodríguez-Moodie, de la organización ambientalista Jamaica Environment Trust, señaló que en el país aún existe incertidumbre sobre si estos beneficios petroleros se traducirán en bienestar real debido a fenómenos como la corrupción y los riesgos ambientales.
Para Jamaica, dijo, “la pregunta es cada vez más directa: si el desarrollo petrolero realmente va a mejorar el bienestar a largo plazo para la población o si se va a repetir el patrón visto en otras economías extractivas, donde la ganancia a corto plazo se prioriza sobre el futuro ambiental”.
Advirtió que en Jamaica el debate sobre el petróleo y gas genera “confusión”, en un contexto donde no existe una industria petrolera desarrollada y donde la discusión está, en muchos casos, "desconectada" de la realidad ambiental del país.
Explicó que los Estados insulares ya enfrentan de forma directa los impactos del cambio climático, con ecosistemas degradados, afectación de manglares y comunidades que aún se recuperan de huracanes.
“Tenemos que considerar los beneficios económicos que esto conlleva y no hay mucha conversación acerca de qué sucede con el petróleo. Básicamente, no significa que todas las sociedades van a ser adineradas de la noche a la mañana (...)”, dijo Rodríguez-Moodie. “Se habla sobre el petróleo como seguridad económica para el país, pero la volatilidad la hemos visto hoy en día”.
“Paz y justicia climática son inseparables”
A juicio de Carolina Sánchez, “lo más alarmante no es solo lo que está pasando con la expansión (petrolera), sino además lo que está pasando con los que protegen esos ecosistemas de los impactos industriales”.
En ese sentido, se refirió a estrategias en países de la región que buscan “intimidar, silenciar y agotar económicamente a la sociedad civil” que se opone a los posibles impactos de proyectos energéticos.
“La paz y la justicia climática son inseparables, donde hay extractivismo, por lo general, hay conflicto, pero donde hay transición energética justa, por lo general, hay futuro”, apuntó.
En la exposición, dijo que el Caribe también muestra un mapa de resistencias frente a la expansión fósil.
Por ejemplo, desde 2017 en Belice rige una moratoria total a la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Caribe, para proteger el arrecife beliceño.
Belice blindó en 2023 la moratoria petrolera marina, que solo puede levantarse mediante referéndum nacional, tras una campaña ciudadana liderada con más de 22.000 firmas.
“Es el ejemplo más sólido de resistencia institucional y democrática contra la expansión fósil en la región”, dijo Carolina Sánchez.
A su vez, Costa Rica mantiene una moratoria de exploración y explotación de petróleo y gas hasta 2050, aunque en 2024 el gobierno costarricense le pidió apoyo a Noruega para hacer estudios de exploración no intrusiva. No obstante, Noruega descartó ayudar a Costa Rica.
“Un país petrolero por excelencia le recordó a Costa Rica que su liderazgo climático valía más que cualquier exploración”, indicó Sánchez.
En Santa Lucía describió que emprendedores del sector solar han desarrollado modelos que permiten a cooperativas pesqueras acceder a seguros especiales por el ahorro energético en sus instalaciones.
Y en Puerto Rico, tras los huracanes Irma y María, en 2017, la organización Casa Pueblo desarrolló proyectos de energía solar comunitaria para reducir la dependencia de la red eléctrica.
En 2021, en Bahamas el gobierno negó la renovación de licencias de exploración offshore a Bahamas Petroleum Company.
Y en 2024, el gobierno firmó la Declaratoria del Tratado sobre Combustibles Fósiles.
“Con elecciones en 2026, la empresa petrolera amenaza con demandar por retrasos en licencias, mientras la sociedad civil trabaja para blindar legalmente la prohibición”, explica la Red Gran Caribe Libre de Fósiles en un reporte.
Taylor Ferguson, de la organización ambientalista Waterkeepers Bahamas, explicó que buscan promover una legislación que garantice procesos abiertos, participación pública y acceso a información.
Subrayó que este esfuerzo es clave para proteger los ecosistemas y las comunidades costeras, en línea con iniciativas similares en otros países de la región.
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