Bloomberg Línea — La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, oficializada por el presidente Daniel Noboa el pasado viernes, sigue siendo tema de debate este lunes, aun cuando los transportistas suspendieron temporalmente un paro nacional de actividades y el Gobierno se comprometió a instalar mesas de trabajo para escuchar sus demandas.
Un galón de este combustible costaba US$1,80 y ahora cuesta US$2,80, de ahí el malestar de los transportistas respecto a la medida.
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El precio del diésel se mantendrá en US$2,80 hasta el 11 de diciembre, fecha en que se ajustará bajo un sistema de bandas: no podrá incrementar más del 5% ni disminuir más del 10%.
Para solventar el impacto económico a los transportistas, el Gobierno se comprometió, entre otras, a brindar un bono de entre US$400 y US$1.000 a 23.000 conductores urbanos durante ocho meses. Además, aseguró que brindará un alivio a quienes conducen vehículos de carga.
“No es una medida socializada en su totalidad, pero sí diseñada para quienes de verdad lo necesitan”, sostuvo el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.
La eliminación del subsidio al diésel estaría relacionada con el programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo hacia el que el Gobierno del presidente Noboa expresó su intención de focalizar las subvenciones a los combustibles.
Suprimir este subsidio también fue una medida por la que apostaron las administraciones de Guillermo Lasso y Lenin Moreno, aunque luego desistieron tras las olas de protestas que suscitó.
Empresarios aplauden, pero transportistas e indígenas, no
Pese a que el Comité Empresarial Ecuatoriano apoyó la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que “aleja la posibilidad de nuevos impuestos” y “evita el contrabando y la informalidad”, lo cierto es que otros sectores la rechazan.
La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado (Cetrape), por ejemplo, pidió derogar el decreto para la eliminación del subsidio al diésel hasta “analizar técnicamente una salida que incluya soluciones que ayuden a reducir su impacto”.
La Cetrape, integrada por 50.000 transportistas, convocó a una reunión urgente a la dirigencia nacional y provincial. Incluso cuestionó al Gobierno por llegar a acuerdos con algunos gremios que, a su juicio, no representan a la totalidad de los afectados.
“Nos preocupa que el presidente haya llegado a acuerdos con dirigentes que no representan a la transportación y esto traerá problemas graves al país”, sostuvo el presidente de Cetrape, Álex Ayala.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también cuestionó que el Gobierno eliminara la subvención al diésel.
“El transporte público y comunitario será duramente afectado, pues nuestra movilidad es diversa: terrestre, aéreo y fluvial”, aseguró en un comunicado. “Este incremento golpeará nuestras actividades productivas, culturales y turísticas (...), el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular”.
El presidente del Corredor Central Norte de Quito, Luis Haro, se refirió a la medida y explicó por qué los transportistas decidieron suspender el paro, pese al impacto que la eliminación del subsidio al diésel para sus bolsillos.
“En aras de no complicar la movilidad del transporte y en un compás de espera, se suspende la medida temporalmente mientras generamos mesas de trabajo, las cuales van a demostrar el impacto sobre la canasta básica del transporte, ya que no solo combustible, sino es todo lo que necesitan las unidades para movilizarse, y lógicamente el impacto social que vendrá luego”, dijo en conferencia de prensa el domingo.
