Bloomberg Línea — Replicar las políticas de “mano dura” contra la criminalidad del presidente salvadoreño Nayib Bukele en otros países de América Latina no es tan sencillo como lo han planteado algunos políticos en campañas presidenciales. Por el contrario, expertos advierten que este tipo de estrategias implican riesgos para los derechos humanos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha intentado aplicar un enfoque similar sin obtener resultados concluyentes, mientras que en Colombia el mandatario Abelardo De la Espriella podría seguir esa misma ruta si su política de seguridad se centra en estados de excepción y la construcción de megacárceles.
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El Salvador de Bukele lleva más de cuatro años bajo un régimen de excepción que permite a las autoridades detener a cualquier ciudadano sin explicar los motivos de forma inmediata, extender detenciones por más de 72 horas sin presentación ante un juez e intervenir telecomunicaciones sin orden judicial. Hasta agosto de 2022, además, se restringió el derecho a la libre asociación.
Bajo ese esquema, el Gobierno de Bukele encarceló a 91.628 presuntos pandilleros hasta marzo de 2026, concentrando sus esfuerzos en la Mara Salvatrucha (MS-13), y redujo las cifras de inseguridad.
El país, que tenía una tasa de 107,64 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, la más alta de toda Latinoamérica, cerró con una de 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025, la más baja en la región.
Distintos expertos advierten que el resultado no se explica únicamente por la “mano dura”. “No solo funcionó la ‘mano dura’, sino que hubo negociación; eso fue bien importante para disminuir las violencias”, explica Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group (ICG).
El medio independiente El Faro entrevistó a líderes de la pandilla Barrio 18, rival de la Mara Salvatrucha, que revelaron negociaciones con Bukele, aunque estas son negadas por el mandatario.
El analista ecuatoriano Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), coincide con Dickinson en que la reducción de homicidios responde a dos factores: “Por un lado, a un pacto inicial con las maras ya documentado, que empieza en pandemia, y por el otro, a las operaciones de control/contención territorial [en el contexto de los estados de excepción], que se terminan de complementar con la megacárcel del CECOT”.
Críticas al modelo Bukele
Aunque la estrategia de Bukele redujo la violencia, su implementación ha sido ampliamente cuestionada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en 2024 casos de desaparición forzada de personas, uso de criterios discriminatorios de las autoridades para justificar los arrestos y testimonios de tortura al interior de las cárceles, bajo el régimen de excepción.
Un cruce de tres informes de inteligencia a los que tuvo acceso el diario El País expone que 33.000 de los más de 90.000 detenidos por Bukele, es decir, el 36%, no aparecían en los registros previos de la policía como pandilleros.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que entre los detenidos sobresalen 3.000 niños y niñas, así como la ausencia la ausencia de debido proceso. También ha expuesto que, tras las detenciones masivas, “hubo personas que murieron en cautiverio”.
“En entrevistas con policías de El Salvador, pudimos corroborar que se les impuso, sobre todo al inicio del régimen de excepción, una cuota de personas que debían ser detenidas y en donde nos reconocían que, dadas esas cuotas, se veían obligados a detener personas que en realidad no tenían ninguna vinculación con pandillas”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
El modelo Bukele en Ecuador
Siguiendo la fórmula del mandatario salvadoreño, Daniel Noboa ha decretado 19 estados de excepción en Ecuador entre el 8 de enero de 2024 y el 17 de junio de 2026, según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, bajo el argumento de un conflicto armado que no ha sido reconocido por la Corte Constitucional ni por relatores de la ONU.
Pese a ello, los resultados han sido limitados. 2024 fue el segundo año más violento en la historia del país, con 44,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, superado por 2025, que alcanzó una tasa de 50,9 homicidios, la cifra más alta de América Latina.
¿Por qué en El Salvador ha funcionado la estrategia y en Ecuador no? Para Dickinson, una diferencia clave es la naturaleza del crimen organizado.
“Mientras que la Mara Salvatrucha en El Salvador tenía una lógica local, sin muchas conexiones con el mundo criminal transnacional, en Ecuador Los Choneros trabajan con el Cártel de Sinaloa y Los Lobos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la cadena de narcotráfico. Y los clientes internacionales no van a aceptar fácilmente una reducción de su posibilidad de trabajar en el país”, argumenta Dickinson.
Que el territorio salvadoreño sea 13 veces más pequeño que el ecuatoriano es otra variable que facilitó a las autoridades la lucha contra la criminalidad, opina la investigadora.
Rivera, por su parte, postula que a la complejidad del Ecuador, producto de la interdependencia de grupos asociados al narcotráfico, se suman la dolarización, la fragilidad del sistema de justicia y la debilidad institucional de los gobiernos con narrativa de “mano dura”.
Al analista le preocupa que los estados de excepción y la militarización sean tomados como la única receta para abordar esta problemática en el país andino.
“Las instituciones, o quienes deben formular políticas públicas, básicamente se convierten en políticos de paso que trasladan papeles a las Fuerzas Armadas para que ellos resuelvan los problemas de criminalidad”, dice Rivera. “Toda la carga se vuelca a militares y policías que tienen herramientas limitadas”.
Entonces, ¿por qué seguir apostando por estados de excepción?
Un experto en inteligencia ecuatoriano, que pide no ser identificado por motivos de seguridad, opina que el régimen de excepción en Ecuador no está pensado para combatir la delincuencia organizada.
“Mi teoría es que esto corresponde a otros intereses”, dice. “El gran problema del Ecuador es la gobernabilidad y, si me lo pregunta, la militarización apalanca la popularidad de la población que defiende a Noboa, al tiempo que genera miedo en quienes se oponen a su Gobierno”.
Los estados de excepción además servirían como sustento legal de operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos, después de que el 60% de la población rechazara la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional en una consulta popular postula el mismo experto.
Advertencias de derechos humanos
Goebertus subraya que enfrentar el crimen organizado alegando un conflicto armado, como Noboa en Ecuador, implica “la autorización del uso de la fuerza letal como primera opción”, aumentando el riesgo de violación de derechos humanos.
Un caso que aún retumba en territorio ecuatoriano es la desaparición forzada y homicidio de cuatro niños en Guayaquil en diciembre de 2024, por el que 11 militares fueron llamados a juicio en octubre del año pasado.
“En Ecuador, hemos documentado el incremento de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y casos de malos tratos”, dice Goebertus. “Enfrentar el crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado no solamente genera riesgos, sino que no es efectivo”.
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas expresó en un informe del pasado 25 de marzo “su profunda alarma” por al menos 51 desapariciones forzadas, incluidas víctimas de menores de edad, presuntamente perpetradas por las Fuerzas Armadas de 2022 a 2025, en el contexto de los estados de excepción en Ecuador.
Los principales afectados habrían sido afroecuatorianos en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, según el reporte.
Pese a la alarma, Noboa declaró un nuevo estado de excepción a mediados de junio y ofreció un “indulto anticipado” a policías y militares procesados por combatir a las bandas criminales.
Colombia apunta a los pasos de El Salvador
En Colombia, el presidente electo Abelardo De la Espriella ha propuesto construir megacárceles al estilo Bukele y no descarta un “estatuto temporal especial” para responder al crimen organizado con “mayor celeridad, efectividad y contundencia”, lo que algunos analistas interpretan como una posible apertura a un régimen de excepción.
Expertos advierten sobre los riesgos de replicar este modelo. “El crimen organizado colombiano es mucho más profundo y tiene unas estructuras bastante diferentes. Copiar y pegar lo hecho en El Salvador sería un gravísimo error estratégico y táctico, más allá de las implicaciones jurídicas que tenga”, dice el colombiano César Niño, académico en estudios de paz y conflicto.
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Niño agrega que la democracia en Colombia, respecto a la de El Salvador, ha demostrado tener un sistema de frenos y contrapesos que le impiden a cualquier gobierno decretar sin justificaciones. A su juicio, un estado de excepción que vaya en detrimento de los derechos humanos sería tumbado por la Corte Constitucional de inmediato y automáticamente.
“Eso es una garantía, por supuesto, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad y de autoritarismo”.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), dice que hay alertas ante la posibilidad de que De la Espriella —que literalmente prometió “destripar” a la izquierda política en Colombia— declare un estado de excepción.
“Hay todas las alertas, porque no hay estados de excepción que no cometan abusos”, sostiene Bonilla.
Desde la perspectiva de Bonilla, para contener el recrudecimiento de la violencia y el avance de las estructuras armadas ilegales en Colombia, exacerbado desde 2018, “se necesita una política de negociación con estos grupos, pero también una mejor policía, una inteligencia más eficiente y controlar el mercado de armas”.
