Bloomberg Línea — La discusión sobre la reforma al sistema de pensiones en El Salvador entra en su fase decisiva, a semanas de que venza el plazo fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentar una propuesta, mientras persisten cuestionamientos sobre la solidez técnica de los insumos oficiales y surgen planteamientos alternativos desde espacios técnicos.
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En julio de 2025, tras la primera revisión del acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), el Gobierno acordó con el organismo que entregará su propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, que podría entrar en vigor a mediados de año para reforzar la sostenibilidad del sistema y generar ahorros fiscales.
Como primer paso para evaluar la sostenibilidad del sistema y su posterior reforma, el FMI brindó apoyo técnico al Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones que publicó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en diciembre pasado.
Según el análisis, el patrimonio administrado por las AFP ascendía a US$15.995,7 millones en 2024, equivalente al 45% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción menor al 50% registrado en 2020, atribuido a “cierto estancamiento en la evolución de las contribuciones y en los retornos financieros”.
El informe también señala que del dinero invertido por las AFP, un 73% (equivalente US$11,564 millones) es deuda previsional del Estado. La cifra no incluye los otros US$637,5 millones de deuda estatal de pensiones adquirida entre enero y noviembre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Para iniciativas como el Centro de Estudios Jurídicos (CES), la deuda estatal con ahorros para pensiones “evidencia que el ahorro de los trabajadores ha dejado de ser una reserva para la vejez para convertirse en el principal pulmón de un Estado con necesidades fiscales interminables, producto de gastos innecesarios”.
Según esta asociación de abogados conformada en 1963, “los datos del reciente estudio actuarial solicitado por el FMI no hacen más que confirmar nuestras advertencias históricas: estamos ante una bomba de tiempo fiscal y social”.
El debate ocurre poco más de tres años después de la última reforma al sistema de pensiones, aprobada a finales de 2022 y vigente desde 2023, que elevó en un 30% las pensiones de los trabajadores, creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y amplió el uso de los fondos previsionales para financiar obligaciones del Estado.
Propuesta de las organizaciones
En este contexto, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna planea presentar una propuesta de reforma estructural al sistema previsional, que, según explicó su representante Patricio Pineda a La Tribu FM, busca mejorar las pensiones sin aumentar la edad de jubilación (actualmente de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres), el tiempo de servicio ni la tasa total de cotización.
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La propuesta plantea la creación de un sistema mixto, que combine un régimen de reparto con cuentas individuales, bajo la supervisión de la SSF.
Este diseño no supone que el Estado asuma de forma exclusiva la administración de los fondos, ya que la gestión podría recaer en el ISP, en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en un esquema conjunto o en otra entidad privada regulada.
El esquema redistribuiría la cotización del 16% del salario, destinando un 2% a cuentas individuales y un 13,2% al régimen de reparto.
De acuerdo con Pineda, el modelo permitiría que los afiliados accedan a dos cálculos de pensión: uno basado en el salario básico regulador, correspondiente al régimen de reparto, y otro vinculado a la cuenta individual.
La propuesta establece una tasa de reemplazo del 40% por los primeros diez años de cotización, con un incremento de 1% por cada año adicional, hasta alcanzar un máximo del 60% en el componente de reparto, al que se sumaría el componente de capitalización individual. La Mesa sostiene que, bajo este esquema, la tasa de reemplazo combinada podría situarse entre el 75% y el 85%, dependiendo de los años de cotización.
Además, la pensión mínima podría aumentar de US$304,17 a US$400 para quienes acrediten al menos 25 años de aportes.
Asimismo, según la organización, la propuesta permitiría reducir el déficit previsional y generar un ahorro fiscal estimado en US$5.000 millones en el largo plazo.
Desde el oficialismo, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, dijo que aún “no tenemos nada”, al ser consultada por Diario El Mundo sobre si existe un informe en torno a una posible reforma al sistema de pensiones.
