:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/P6WD7WPLOVD3POLCV7TTTYNYCY.jpeg "La votación contó con 67 votos a favor de 84 escaños.")
Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes en la noche reformas al sistema de pensiones, con las que aumentará un 30% estas subvenciones y baja las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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La Ley Integral del Sistema de Pensiones enviada por el presidente Nayib Bukele el 25 de noviembre pasado ha causado preocupación entre distintos sectores, que consideran que su aprobación fue apresurada, en vísperas de las festividades navideñas y sin consenso.
“El gobierno salvadoreño tuvo el poder y tiempo para hacer una buena reforma de pensiones fruto del diálogo y técnicamente sustentada”, dijo en un tuit el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda Ancheta. “Lastimosamente, presentó una reforma que no da respuesta a los problemas estructurales, incluso con falsedades y sin estudios técnicos públicos”.
Conforme a la reforma aprobada por los legisladores, el incremento del 30% se aplicará a todos los pensionados por vejez actuales y futuros con pensiones hasta de US$ 2.300. Las pensiones que ya están entregándose tendrán diferentes rangos de incremento: la mínima pasará de US$ 304.17 a US$ 400; una de US$ 500 pasará a US$ 650 y así sucesivamente.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SLVTJT6VA5EIPG5QRKKR2BGOKU.png "Variación de pensiones con la reforma.")
Los cambios entrarán en vigor en enero de 2023, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, para todos los trabajadores sujetos al sistema de pensión, incluyendo los 200.000 ya jubilados.
Según un comunicado del gobierno, hay 100.000 personas que ya alcanzaron la edad de retiro, “pero que no querían dejar de trabajar porque sabían que al hacerlo recibirían un ingreso insuficiente”.
Otros ajustes aprobados
Aquellas personas que retiraron el anticipo del 25% de sus ahorros ya no tienen que devolverlo ni trabajar más años como requisitos para jubilarse y siempre obtendrán el ingreso de manera periódica. Hasta ahora, las personas que retiraron este anticipo no podían pensionarse hasta que no regresaran a las AFP todo el capital más intereses.
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Por otra parte, la comisión de las AFP baja de 1,9% a 1%; y la rentabilidad de los ahorros previsionales subirá hasta el 7%.
La ley también establece la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que será la entidad encargada de velar por los derechos de los cotizantes, regulará los fondos de pensiones y asumirá las obligaciones adquiridas previamente.
El ISP absorberá al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y deberá asegurar las fuentes de financiamiento sostenible para el cumplimiento de los derechos previsionales.
Al aprobar la nueva Ley, los legisladores derogaron el Fidecomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) aprobado durante el gobierno de Tony Saca en 2006, tras la privatización del sistema de pensiones en 1998, que permitía al Gobierno tomar dinero de los trabajadores para pagar a empleados gubernamentales que formaban parte de otro esquema.
Críticas a las reformas
Para diversos sectores, las reformas no solventan uno de los principales desafíos en el sistema de pensiones y es la baja cobertura. Según la organización no gubernamental Nuestro Tiempo, el 80% de las personas adultas mayores seguirá sin tener una pensión digna.
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“Los proyectos de ley recién aprobados le dejan al futuro de este país un sistema de pensiones insostenible y excluyente para las grandes mayorías”, dijo la oenegé. “Nuevamente venden a la ciudadanía humo y propaganda, mientras El Salvador sigue hipotecando su futuro”.
En criterio de Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la reforma de pensiones no solventa los problemas de fondo.
“Es excluyente, en el país solo 1 de cada 4 personas en edad de trabajar cotiza”. Además, se elimina el beneficio de retiro anticipado del 25%, “que sirve para solventar problemas económicos emergentes pero las AFP se lucran de ese dinero y el gobierno quiere hacer uso del también”, dijo Belloso.
