Bloomberg Línea — El próximo 17 de mayo, Gabriel Estuardo García Luna asumirá como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala para el período 2026-2030.
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Su designación por parte del presidente Bernardo Arévalo, anunciada el 5 de mayo, no solo marca un relevo en la cúpula del ente investigador, sino el cierre administrativo de la gestión de Consuelo Porras (2018-2026), funcionaria sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y obstruir la lucha anticorrupción.
La selección de García Luna provino de una segunda lista de seis candidatos, elaborada por una comisión de postulación. El proceso requirió de una nueva evaluación después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara recalificar los expedientes.
La primera nómina fue objeto de cuestionamientos de organizaciones sociales, ya que no tomó en cuenta como experiencia válida el tiempo que los abogados habían ejercido como jueces, lo que provocó la exclusión de varios postulantes.
Además, ese primer listado generó polémica al otorgarle a Porras, quien aspiraba a un tercer mandato de cuatro años, la calificación más alta, en una tabla de gradación cuestionada por especialistas internacionales y organizaciones locales porque solo tomaba en cuenta la experiencia y títulos académicos de los postulantes.
Sobre la fiscal saliente pesan sanciones internacionales por presuntos actos de corrupción, persecución de defensores de los derechos humanos e intentos de socavar la campaña electoral de Arévalo para 2023, y señalamientos de plagio en su tesis doctoral.
Luego de que Porras quedara fuera de la última nómina de candidatos para dirigir el MP, Arévalo entrevistó a los seis finalistas en el Palacio Nacional de la Cultura antes de anunciar su decisión.
El perfil del nuevo fiscal guatemalteco
El nuevo fiscal general, de 49 años, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector público, iniciados en el Organismo Judicial.
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García Luna, que ya figuró en la nómina de candidatos en 2022, se desempeña actualmente como asesor penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación e integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Antes, fue magistrado presidente de esa instancia entre 2016 y 2023, así como magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.
Su experiencia incluye cargos como juez de primera instancia en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Mixco, juez de paz penal de 24 horas en ese mismo municipio y juez primero de paz con competencia en materias penal, civil, laboral y de familia. Asimismo, trabajó como secretario de sala y ocupó puestos técnicos dentro del sistema judicial, incluyendo funciones de notificación y comisaría.
A nivel académico, es doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos y posee una maestría en Derecho Penal y la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar. En esta última casa de estudios fue catedrático de dedicación completa, representante suplente de catedráticos ante el Consejo de Facultad y miembro del Comité de Convivencia Estudiantil.
También fungió como docente en la Escuela de Estudios Judiciales y como instructor en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.
Durante el anuncio, Arévalo señaló que el nuevo fiscal “no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios”, sino a una “justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos que conformamos la nación guatemalteca”.
En reacción al nombramiento, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado por causas abiertas durante la gestión de Porras, señaló en X que el cambio de autoridades no es suficiente y exigió una “reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), por su parte, dijo en un comunicado que confía en que “este nuevo período contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad y al avance hacia un futuro de mayor seguridad, desarrollo y certeza para Guatemala”.
