Bloomberg Línea — El Congreso Nacional de Honduras aprobó una nueva Ley de Justicia Energética, con la que se busca reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), reducir sus pérdidas y mejorar un servicio que todavía enfrenta racionamientos y dificultades para cubrir la demanda del país centroamericano.
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La reforma fue aprobada el lunes en la noche en tercer y último debate con 78 votos de los 128 diputados. La iniciativa recibió el respaldo de 49 legisladores del gobernante Partido Nacional y de un sector del Partido Liberal, mientras los 35 diputados de Libertad y Refundación (Libre) votaron en contra.
Uno de los principales cambios es la reorganización de la Enee. Según la iniciativa, el monopolio estatal conservará el 100% de la propiedad de las empresas que resulten de su transformación y funcionará como matriz de tres subsidiarias encargadas de generación, transmisión y distribución de electricidad.
La nueva estructura busca separar esas actividades y darles autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, pero sin transferir los activos de la Enee a terceros. Las acciones de las subsidiarias tampoco podrán ser vendidas ni incorporar accionistas distintos de la empresa estatal.
El cambio llega en un momento en que las pérdidas de la estatal eléctrica siguen siendo uno de los principales problemas del sistema. El presidente Nasry Asfura ha señalado que la estatal pierde alrededor de US$1,9 millones diarios y ha insistido en la necesidad de ordenar sus finanzas y mejorar su administración.
A esas dificultades se suma a los racionamientos de energía, un problema que afecta directamente a los usuarios. En distintas regiones del país se han registrado interrupciones que han llegado a extenderse durante varias horas al día, mientras la Enee enfrenta dificultades para satisfacer la demanda nacional.
Subsidios y licitaciones
La reforma también introduce cambios en la compra de electricidad. La contratación deberá realizarse, como regla general, mediante procesos de licitación pública bajo criterios de transparencia, competencia, igualdad y eficiencia económica, con la posibilidad de recurrir a subastas inversas cuando resulte conveniente para el sistema.
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Para los consumidores, uno de los cambios más inmediatos será el congelamiento temporal de la tarifa. Una vez que la ley entre en vigencia, el monto aplicado en el último recibo no podrá aumentar durante seis meses, período que podrá extenderse por otros seis meses mediante una decisión del Congreso.
La normativa establece además que los subsidios estatales deberán aparecer de manera explícita en las facturas y contar con una fuente de financiamiento, de manera que su costo no sea trasladado a otras categorías de usuarios.
Otro de los objetivos es atacar las pérdidas de energía mediante medidas contra el hurto, modernización de los sistemas de medición y mejoras en la red de transmisión, al tiempo que se busca facilitar nuevas inversiones y la incorporación de tecnologías al sistema eléctrico.
El Congreso aseguró que el texto aprobado incorporó propuestas recibidas durante un proceso de socialización en el que participaron representantes de la Enee, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía, empresarios, generadores, sindicatos, organismos internacionales y sociedad civil.
La discusión de la reforma estuvo marcada además por la posibilidad de privatización de la estatal. La bancada de Libre sostiene que los cambios abren esa puerta, mientras el CN y el Gobierno defienden que la ley establece expresamente que la Enee seguirá siendo pública y que el Estado conservará la totalidad de las acciones de las empresas creadas a partir de su reorganización.
El gerente general de la Enee, Guillermo Peña Panting, señaló a medios locales que, tras la aprobación, el siguiente paso será avanzar hacia procesos de licitación competitivos, ordenar las pérdidas y mejorar la calidad del servicio.
Respaldo a la Ley
El sector empresarial, por su parte, puso el foco en la aplicación de la nueva normativa. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), afirmó que el sector estará atento a que las reformas se implementen con transparencia, al considerar que Honduras necesita energía competitiva, confiable y sostenible para atraer inversión y generar crecimiento económico.
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La reforma también podría abrir espacio para nuevas inversiones en el sector. La Unión Europea ha señalado que, si las modificaciones son aprobadas, prevé aportar €8 millones (unos US$9,2 millones) en fondos no reembolsables para apalancar inversiones de hasta €500 millones (unos US$577,1 millones) del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además, el bloque analiza una posible financiación adicional de €200 millones, equivalente a unos US$230,8 millones.
La reforma, además, llega después de varios meses de respaldo internacional. Estados Unidos expresó en junio su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para modificar el sector energético, al considerar que los cambios podían crear “nuevas oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético”, además de contribuir al crecimiento económico y fortalecer la seguridad energética.
A ese apoyo se sumaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF y el BCIE, que señalaron en un comunicado conjunto que Honduras enfrenta problemas estructurales en su sistema eléctrico, “los cuales requieren reformas urgentes para garantizar un servicio confiable, eficiente y de calidad”.
