Bloomberg Línea — Cirgo Petroleum elevó sus previsiones financieras para 2026 y ahora espera cerrar el año con un EBITDA de entre US$7.700 millones y US$8.000 millones y una caja de entre US$7.000 millones y US$7.300 millones. Las estimaciones forman parte de un documento preliminar al que tuvo acceso Bloomberg Línea este viernes.
El documento recoge también resultados no auditados de los primeros nueve meses del año. La compañía prevé publicar sus resultados completos del tercer trimestre el próximo 12 de noviembre.
La actualización de las proyecciones de la refinadora estadounidense vuelve a poner sobre la mesa el valor estratégico y financiero del principal activo petrolero venezolano en el exterior. Jorge Piedrahita, economista y Advisor del Copernico Recovery Fund, considera que Venezuela y Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberían intentar comprar la compañía para evitar que pase a manos de un nuevo propietario mediante el proceso judicial abierto en Estados Unidos.
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Piedrahita plantea que Venezuela y PDVSA presenten una oferta superior a la seleccionada hasta ahora o que se realice una nueva subasta. Su propuesta parte de la capacidad de generación de caja de Citgo y de la posibilidad de estructurar una operación que combine recursos propios, emisión de bonos y eventuales fondos venezolanos congelados por el Gobierno estadounidense.
“Tiene que comprarla Venezuela/PDVSA”, sostuvo Piedrahita en conversación con Bloomberg Línea. A su juicio, una oferta superior a la de Elliott permitiría intentar recuperar el activo, aunque la adjudicación dependería de las condiciones del proceso judicial y de las autorizaciones correspondientes.
Una refinadora que eleva sus previsiones
Citgo prevé ahora un EBITDA de entre US$7.700 millones y US$8.000 millones para el conjunto de 2026, de acuerdo con el aviso preliminar de resultados del tercer trimestre. La compañía atribuyó la revisión al desempeño de los márgenes de los productos refinados en Estados Unidos.
La previsión está condicionada a que no se produzcan cambios materiales en el capital de trabajo durante el resto del año y se basa en las curvas de precios de las materias primas disponibles a comienzos de octubre. La empresa advirtió que la volatilidad de los mercados y los acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos pueden modificar sus resultados.
Para los primeros nueve meses de 2026, Citgo estima un EBITDA de entre US$4.500 millones y US$4.800 millones. Al cierre del tercer trimestre disponía de una liquidez total aproximada de US$4.900 millones, incluidos US$4.400 millones en efectivo y la disponibilidad completa de una línea de titulización de cuentas por cobrar de US$500 millones.
Además, la empresa informó que tenía aproximadamente US$5.600 millones en efectivo al cierre del 15 de octubre. La previsión para el cierre del año sitúa esa caja entre US$7.000 millones y US$7.300 millones, siempre que no haya variaciones materiales en el capital de trabajo.
Los resultados definitivos del tercer trimestre están previstos para el 12 de noviembre. Por ahora, las cifras divulgadas son preliminares y no auditadas.
Citgo opera tres grandes refinerías en Lake Charles, Luisiana; Corpus Christi, Texas; y Lemont, Illinois, con una capacidad conjunta de procesamiento de crudo de aproximadamente 829.000 barriles diarios. También cuenta con una red de distribución y terminales y más de 4.000 estaciones de servicio independientes que operan bajo su marca al este de las Montañas Rocosas.
Una venta aprobada que aún no se ha cerrado
La mejora de las perspectivas financieras coincide con la incertidumbre sobre la propiedad de Citgo. En noviembre de 2025, un juez federal de Delaware aprobó la oferta de US$5.900 millones de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, para adquirir PDV Holding, la matriz indirecta de Citgo.
La propuesta incluye un pago de aproximadamente US$2.125 millones a los tenedores de bonos venezolanos respaldados por acciones de Citgo. La operación se enmarca en un proceso judicial destinado a compensar a acreedores que reclaman miles de millones de dólares a Venezuela y PDVSA por impagos y expropiaciones.
La venta, sin embargo, sigue pendiente de autorizaciones regulatorias estadounidenses y de la resolución de los recursos judiciales. Venezuela y otros participantes han cuestionado el proceso y el valor asignado al activo, mientras que Amber ha defendido su oferta y su plan de inversión.
En mayo, representantes de Venezuela argumentaron ante el tribunal que Citgo debía valorarse en al menos US$15.100 millones, por encima del importe de la oferta seleccionada. El Gobierno venezolano ha sostenido que la compañía debería contribuir a la recuperación económica del país y a la reestructuración de su deuda, en lugar de destinarse a pagar a un grupo de acreedores.
El litigio sigue abierto. Según información publicada el 14 de octubre por Vene Economist, Venezuela pidió al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito suspender durante seis meses el procedimiento de apelación para disponer de tiempo para avanzar en la reestructuración de la deuda. La publicación también informó que el Gobierno estadounidense comunicó que no tenía una posición que expresar sobre esa solicitud en ese momento. El tribunal tenía prevista una audiencia para el 21 de octubre.
La propuesta de financiar la compra con la propia Citgo
Piedrahita sostiene que la caja y la capacidad de generación de beneficios de Citgo podrían formar parte de la estructura financiera para intentar recuperar la compañía. En su planteamiento, los recursos disponibles podrían combinarse con una emisión de bonos y con fondos venezolanos congelados en Estados Unidos.
El economista considera que la operación podría financiarse con la propia capacidad económica del activo. Sin embargo, esa posibilidad es una propuesta financiera, no una operación acordada ni una fuente de financiación confirmada.
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La distinción es relevante porque el efectivo que Citgo mantiene en su balance no equivale automáticamente a dinero disponible para que PDVSA o el Gobierno venezolano financien una adquisición. Su utilización dependería de las condiciones corporativas, judiciales y regulatorias aplicables, así como de la estructura de la transacción.
La eventual participación de fondos venezolanos congelados también dependería de las autorizaciones correspondientes del Gobierno estadounidense. La emisión de deuda, por su parte, exigiría determinar quién la respaldaría, bajo qué condiciones y con qué garantías.
Piedrahita plantea que, si no prospera una compra directa por parte de Venezuela o PDVSA, debería abrirse una nueva subasta. Su propuesta introduce una alternativa al desenlace actual, pero no modifica por sí misma la adjudicación aprobada por el tribunal.
