Bloomberg Línea — El Congreso Nacional de Honduras aprobó esta semana dos contratos de suministro para la importación de 80 megavatios (MW) de energía eléctrica desde Nicaragua y Panamá a través del Mercado Eléctrico Regional (MER).
Ver más: Qué está en juego con la reforma energética de Honduras respaldada por multilaterales y EE.UU.
Los contratos, adjudicados a la empresa nicaragüense Edenisa Energy Trading (30 MW) y a la panameña Pan-Am Generating Limited (50 MW), aseguran un costo de US$0,08 por kilovatio/hora, contra los US$0,16 del costo promedio en Honduras.
Aunque la aprobación en el CN se concretó el 27 de julio, no se trata de negociaciones nuevas. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Guillermo Peña, aclaró que los acuerdos datan de diciembre de 2025, pero al trascender el periodo del anterior gobierno, la ley exigía su refrendación en el Legislativo.
La adquisición transfronteriza fue calificada como una “buena compra” por Mario Pérez, diputado del oficialista Partido Nacional, aunque tanto legisladores como reguladores coincidieron en que es una solución temporal.
El presidente de la Comisión de Energía del CN, Milton Puerto, advirtió que Honduras pierde unos 50 millones de lempiras diarios (HNL), más de US$2 millones, debido a las ineficiencias del sistema de transmisión y distribución.
Esta crisis ha reavivado un intenso debate político en torno a la reforma de la Ley General de la Industria Eléctrica, enviada por el Ejecutivo y pendiente de su último debate.
El presidente del CN, Tomás Zambrano, acusó al anterior gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de “terminar de matar a la Enee” mediante el despilfarro.
En tanto, las bancadas de oposición y el Partido Liberal han cuestionado los alcances del proyecto temiendo una privatización encubierta.
Para construir consensos, el bloque liberal anunció que presentará en los próximos días una contrapropuesta técnica asesorada por expertos internacionales.
Discusión sobre la modernización del sector
En medio del debate, especialistas regionales sostuvieron que la modernización del sector es ineludible.
El ingeniero costarricense Mario Alvarado Mora señaló al programa Frente a Frente, de Televicentro, que el crecimiento de la demanda en la región requiere inversiones multimillonarias que los Estados no pueden asumir solos.
Ver más: Los 9 países de América Latina con mayor participación de energías renovables en su matriz eléctrica
Para atraer ese capital, los expertos instaron a dar seguridad jurídica a los inversores.
Carmen Urízar, exministra de Energía de Guatemala, dijo que la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución —eje de la reforma propuesta por el Gobierno de Nasry Asfura— equivale a “crear condiciones para que existiera competencia y que el precio de la energía reflejara eficiencia en beneficio de los usuarios”.
Por su lado, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), un centro de pensamiento con sede en Tegucigalpa, dijo en un análisis que, aunque el proyecto no contemple la venta directa de la Enee, la creación de sociedades mercantiles estatales y la delegación de la gestión a operadores privados podría derivar en un esquema donde se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.
“La experiencia hondureña con diferentes esquemas de alianzas público-privadas obliga a mantener una posición crítica y prudente”, señaló el think-tank, al advertir que los contratos a largo plazo suelen cargar los riesgos empresariales sobre las finanzas del Estado y, en última instancia, sobre los usuarios mediante aumentos tarifarios.
El informe subraya que la reforma actual carece de mecanismos explícitos para proteger a los hogares de menores ingresos ante posibles ajustes en las tarifas, por lo que una ley eléctrica no puede medirse solo por el saneamiento contable de la empresa, sino por si logra mantener el acceso a la energía como un derecho social garantizado, sin que las familias vulnerables tengan que elegir entre pagar la luz o comprar alimentos.
