Bloomberg Línea — Human Rights Watch (HRW) denunció en su Informe Mundial 2026, publicado este miércoles, la manera en que algunos gobiernos de Latinoamérica violaron los derechos humanos de extranjeros por influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el último año.
También expuso que otras administraciones de la región tomaron como referencia las políticas y retórica de Trump para perpetrar abusos contra sus ciudadanos.
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En el ensayo introductorio del informe, el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, brindó ejemplos de cómo el Gobierno Trump contribuyó a la violación de derechos humanos en Latinoamérica.
“Trump utilizó una ley de 1798 para enviar a cientos de migrantes venezolanos a una infame prisión en El Salvador, donde fueron torturados y abusados sexualmente”, dijo Bolopion. “Sus ataques flagrantemente ilegales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico provocaron la muerte extrajudicial de más de 120 personas que, según Trump, eran narcotraficantes”.
También cuestionó la irrupción militar estadounidense ordenada por Trump en Venezuela el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para “gobernar” el país sudamericano y controlar sus reservas de petróleo.
“A pesar de hablar sobre las preocupaciones en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro en las Naciones Unidas, Trump ha trabajado con el mismo aparato represivo para promover los intereses estadounidenses”.
HRW planteó que la intervención estadounidense en Venezuela podría consolidar el gobierno represivo del país, es decir, el chavismo, a la par que sirve a los intereses comerciales de Estados Unidos.
Para la organización defensora de derechos humanos es irónico que, mientras Trump critica la violación de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ha ignorado lo que sucede en El Salvador, Ecuador y Perú, donde restringen “la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos”, entre otros.
“Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe”, afirmó la directora de HRW para las Américas. “Pero en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”.
Abusos contra extranjeros en la región
HRW documentó que, durante 2025, varios gobiernos latinoamericanos limitaron el acceso al asilo y cometieron abusos contra migrantes deportados de Estados Unidos. Y cita unos casos.
Panamá y Costa Rica, por ejemplo, detuvieron “arbitrariamente” a ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos, según la organización.
El Salvador, que recibió a más de 200 migrantes indocumentados en marzo desde Estados Unidos, la mayoría venezolanos, a cambio de US$4,76 millones, los “sometió a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas”, dice HRW.
La República Dominicana, por su parte, “ha intensificado la deportación de haitianos, devolviéndolos a situaciones de alto peligro, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
Solamente el 90% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, llegó a estar bajo el poder de las pandillas, que luchan por el poder territorial y desencadenaron una ola de violencia que no disminuye desde julio de 2021, tras el magnicidio de Jovenel Moïse.
Abusos de los países contra sus ciudadanos
HRW manifestó que los gobiernos de El Salvador y Ecuador han cometido graves violaciones de derechos humanos para responder al crimen organizado.
En estos dos países, al igual que en Honduras y Perú, el Ejecutivo ha suspendido derechos fundamentales durante constantes estados de excepción para hacerle frente a la delincuencia.
“Mientras Estados Unidos recortó la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes”, dijo HRW. “El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación”.
En Colombia, donde el presidente Gustavo Petro apostó por una fallida política de ‘paz total’, los grupos armados incrementaron su control sobre las comunidades, conforme con HRW.
“En México, el Gobierno ha combinado la ampliación de la recopilación de información de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la prisión preventiva obligatoria”, reseñó la organización.
En Brasil todavía retumba el megaoperativo policial que buscó impactar al Comando Vermelho y resultó en 122 asesinatos en Río de Janeiro, como parte de un patrón más amplio de uso abusivo de la fuerza.
“Argentina ha creado un entorno cada vez más hostil para los medios de comunicación” y la “fiscal general de Guatemala detuvo arbitrariamente a funcionarios gubernamentales, defensores de derechos humanos y críticos”, agregó HRW.
La organización también mantuvo que Venezuela, Cuba y Nicaragua “reprimen sistemáticamente la crítica y el disenso”.
Además, expuso que Latinoamérica, como región, debe presionar para que se liberen los presos políticos en estos países, pero también oponerse a los ataques adelantados por Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente tranportan droga en el Caribe y el Pacífico.
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