Bloomberg — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone cambios radicales en la normativa del Impuesto Sobre la Renta de las empresas con el fin de recaudar hasta MXN$140.000 millones, unos US$8.200 millones, el próximo año, en el marco de una iniciativa destinada a reducir el déficit presupuestario, aunque que entraña el riesgo de poner en aprietos a las empresas con bajos márgenes de ganancia.
La propuesta, que forma parte del proyecto de presupuesto de Sheinbaum para 2027, supone la mayor iniciativa de la líder de izquierdas hasta la fecha para aumentar los ingresos. Restringiría las deducciones que las empresas pueden aplicar a los impuestos sobre la renta que deben pagar, con el fin de frenar la evasión fiscal.
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Los responsables de Hacienda sostienen que la gran mayoría de las empresas han utilizado estas deducciones para eludir el pago de impuestos alegando que no obtuvieron ganancias. Si los legisladores la aprueban, la reforma obligaría a las empresas a pagar hasta 3 % de sus ingresos en concepto de impuestos, incluso si no obtuvieran beneficios.
“Nueve de cada diez empresas no pagan impuestos o tienen tipos impositivos efectivos muy bajos”, según una evaluación de la propuesta realizada por la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, las asociaciones empresariales advierten de que unos límites tan amplios a las deducciones podrían aumentar la carga fiscal de las empresas que operan legítimamente con márgenes reducidos, lo que podría llevar a algunas a la insolvencia y, al mismo tiempo, disuadir la inversión.
A dos años de su mandato, Sheinbaum ha buscado cada vez más capital privado para reactivar el crecimiento, al tiempo que impulsa los ingresos públicos para equilibrar el creciente gasto social que ella defiende.
“Si no se introducen cambios, esto perjudicará a la inversión”, afirmó José Medina Mora, presidente del principal grupo de presión empresarial de México, conocido como CCE. Los mayoristas de sectores como la alimentación, los productos farmacéuticos y la tecnología operan con grandes volúmenes y márgenes reducidos, señaló, lo que deja a muchos de ellos en una situación vulnerable.
A pesar de las críticas, la medida tiene muchas posibilidades de ser aprobada, ya que la coalición gobernante de Sheinbaum cuenta con amplias mayorías en el Congreso, aunque podría sufrir modificaciones.
La presidenta ha defendido en repetidas ocasiones que no es necesaria una reforma fiscal de amplio alcance y que las finanzas públicas pueden reforzarse mejorando la recaudación.
Al igual que su predecesor populista, se ha opuesto en general a subir los impuestos, aunque en presupuestos anteriores se han incrementado algunos gravámenes. En concreto, ha respaldado los denominados “impuestos al pecado”, de carácter selectivo, y nuevos aranceles, al tiempo que ha propuesto límites más estrictos sobre la forma en que las empresas calculan la base imponible.
Cada medida se ha justificado como política sanitaria, protección industrial o lucha contra la evasión fiscal, aun cuando los hogares y las empresas paguen más.
El efecto acumulativo de las políticas de Sheinbaum se asemeja cada vez más a una reforma fiscal en todo menos en el nombre.
“Cada año se producen pequeñas reformas fiscales, pero creo que las últimas se cuentan entre los cambios más significativos que hemos visto en los últimos años”, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base. “No lo denominan ‘reforma’ debido al coste político”.
La cuidadosa presentación de la propuesta se produce en un momento en que crecen las preocupaciones de las agencias de calificación crediticia respecto a las finanzas públicas de México.
La primera oleada de cambios fiscales entró en vigor a principios de este año, cuando los impuestos sobre las bebidas azucaradas casi se duplicaron, al tiempo que se promulgaron nuevos gravámenes o se incrementaron los ya existentes sobre el tabaco y los juegos de azar. En el ámbito comercial, los legisladores aprobaron los aranceles respaldados por Sheinbaum sobre más de 1.400 categorías de productos, entre los que se incluyen vehículos, recambios de automóvil y acero. Se aplicaron aranceles de importación de hasta el 50 % a los productos procedentes de países que carecen de un acuerdo de libre comercio con México, principalmente China.
Esas medidas han impulsado la recaudación, pero los ingresos por el impuesto sobre la renta cayeron 6% en términos reales hasta julio, situándose muy por debajo de la previsión inicial del Gobierno.
“No se había observado una caída tan pronunciada de los ingresos por el impuesto sobre la renta desde 2009, cuando México se encontraba en recesión. Ahora no hay recesión”, afirmó Siller. Señaló que la disminución de la recaudación va de la mano de la reducción de los beneficios empresariales debido al aumento de los costes laborales.
El paquete presupuestario propuesto por Sheinbaum estima unos ingresos por el impuesto sobre la renta de MXN$3,2 billones para el próximo año, lo que supone aproximadamente 7% más de lo que los legisladores aprobaron para 2026.
No obstante, la iniciativa de limitar las deducciones del impuesto sobre la renta podría no ser lo suficientemente ambiciosa como para evitar una rebaja de la calificación crediticia soberana, incluso si se aplicara en su totalidad, según Rafael Ch, analista sénior de Signum Global Advisors. Sostiene que es probable que Sheinbaum espere hasta el próximo verano para considerar nuevas medidas destinadas a aumentar los ingresos debido a otras limitaciones, entre ellas las negociaciones comerciales de alto riesgo con EE. UU.
Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex, valora positivamente el impulso del Gobierno para aumentar los ingresos mediante la reducción de la evasión fiscal. No obstante, considera que la propuesta se queda corta, ya que Sheinbaum aboga por un mayor gasto en otros ámbitos mientras sigue registrando un elevado déficit.
“Estas medidas no fomentan una mayor confianza”, afirmó. “En el mejor de los casos, mantendrán el statu quo”.
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