Ciudad de México — Funcionarios de México, acusados de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos, presuntamente recibieron sobornos del crimen organizado en el país por al menos un total de US$89.500 mensuales, unos MXN$1,5 millones.
La acusación formal fue anunciada en un comunicado por el fiscal estadounidense, Jay Clayton, por delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas. Esa fiscalía sostiene que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales similares no habrían operado con “tanta” libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.
El Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador del partido gobernante Morena, Enrique Inzunza Cázarez y ocho funcionarios activos y en retiro más fueron acusados de presuntamente importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como los “Chapitos” e integrada por dos hijos del ex capo de las drogas Joaquín Guzmán, alias el ‘Chapo’ Guzmán.
La Fiscalía estadounidense dice que los acusados presuntamente desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel al proteger a sus líderes de investigaciones judiciales, arrestos y enjuiciamientos; y aparentemente proporcionarles información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas.
El documento de la acusación formal, publicada por la Fiscalía, muestra fotografías de algunas listas mensuales proporcionadas al jefe de la plaza de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que incluyen a “ciertos agentes corruptos” del orden público en la entidad que presuntamente recibían sobornos mensuales regulares de los “Chapitos”.
Las listas fueron obtenidas en México en relación con la investigación de la Fiscalía estadounidense. “Los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, dice el documento.
Sobornos, fotografías y documentos
Las fotografías de la acusación muestran hojas parcialmente testadas con tres listas en el orden de MXN$825.000, MXN$952.000 y MXN1,7 millones mensuales que incluyen los presuntos sobornos a cinco de los 10 acusados, además de dos acusados con los montos que habrían recibido, detallados lo largo del documento.
Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía general del Estado de Sinaloa en funciones, denominado como “Culiacán Regio”, presuntamente recibía un soborno de MXN$200.000 mensuales, US$10.893, cada mes desde al menos 2021 hasta septiembre de 2024.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de investigación de la fiscalía general del estado de Sinaloa y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, denominados “R1” en la lista, presuntamente recibían un soborno aproximado de MXN$300.000 mensuales, unos US$16.670, de los Chapitos, desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2026, aproximadamente.
José Antonio Dioniso Hipólito, conocido como “Tornado”, exsubdirector de la Policía de Sinaloa, presuntamente recibía un soborno de aproximadamente MXN$100.000 mensuales, unos US$5.450, cada mes de los Chapitos de 2012 a 2024.
Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la policía municipal de Culiacán, denominado “Juanito” en la lista, supuestamente aceptó US$41.000 dólares mensuales en efectivo que repartió con otros agentes de su cuerpo policial por conceder pleno acceso a la información de inteligencia, operaciones y recursos de la policía municipal de Culiacán, incluido acceso a patrullas y radios de la policía, desde 2018 hasta 2024.
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de seguridad pública de Sinaloa, supuestamente aceptó más de MXN$100.000, unos US$5.500, en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos entre 2023 y 2024 a cambio de no detener a sus miembros y notificarles previamente de operaciones incluidas redadas en laboratorios de drogas.
Juan De Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, presuntamente habría aceptado más de US$10.000 en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos a cambio de permitir su operación en la ciudad sin interferencia del Gobierno desde junio de 2022.
Rocha Moya, por su parte, presuntamente se reunió junto con Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador de Morena por el estado de Sinaloa y exsecretario general de Sinaloa, con Iván y Ovidio Guzmán, hijos del exlíder del cártel Joaquín Guzmán y denominados como líderes de los Chapitos, quienes aparentemente prometieron al funcionario que ganaría la elección a gobernador mediante robo de papeletas y urnas, además de secuestrar a los oponentes de Rocha Moya y los intimidaron para retirarse de la contienda utilizando una lista que les proporcionó el también acusado Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas en Sinaloa.
“Rocha Moya se ha asegurado, desde entonces, de que los Chapitos hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 21 Sinaloa, la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”, agregó la acusación formal.
El Gobernador de Sinaloa, afiliado al partido gobernante Morena, rechazó las imputaciones de la Fiscalía estadounidense por falta de “veracidad y fundamento alguno”. También dijo que este ataque no es únicamente a su persona sino al movimiento de la “Cuarta Transformación” -como se conoce al Gobierno que comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador- sus “emblemáticos liderazgos” y mexicanos que representan su causa.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional”, agregó.
López Obrador y Sheinbaum han manifestado públicamente su respaldo al Gobernador Rocha Moya frente a señalamientos previos a la acusación de la Fiscalía neoyorquina.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió, desde el 28 de abril, las solicitudes de extradición, pero tras una revisión jurídica, dijo que no cuenta con elementos de prueba para responsabilizar a personas y detenerlas para su extradición, y que será la Fiscalía de la República, encabezada por la exconsejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, la que determine si existen evidencias.
“Se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, agregó la dependencia en un comunicado.
Con información de Zenyazen Flores