Ciudad de México — México inició una investigación contra posibles prácticas monopólicas en el negocio de fútbol profesional del país, luego de que los dueños de equipos en la liga principal decidieron eliminar el ascenso y descenso.
La autoridad Comisión Nacional Antimonopolio comenzó la investigación, expediente IO-001-2026, con el fin de identificar presuntas prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”, según el Diario Oficial de la Federación.
Desde hace “varios meses”, la comisión ha seguido noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el futbol mexicano y, tras analizar eventos recientes, inició la investigación por “hechos y conductas” que podrían constituir conductas de abuso de poder de mercado que pueden estar afectando al mercado de fútbol nacional, detalló la autoridad antimonopolio en un comunicado.
Representantes de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mx han declarado ante medios locales que el ascenso y descenso no es viable, pero abrieron la posibilidad de desarrollar las ligas de ascenso sin precisar un mecanismo directo de competencia hacia la principal liga.
Ver más: Federación de Futbol de México avala venta del Atlas FC al empresario José Miguel Bejos
En caso de que se acredite la responsabilidad de alguna empresa, la Comisión puede imponer sanciones de hasta 10% de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.
El impacto económico del fútbol en México es significativo porque moviliza a 250.000 personas cada fin de semana y genera más de MXN$52.000 millones, unos US$3.000 millones, con 150.000 empleos anuales.
La investigación durará de 30 a 120 días hábiles a partir de este 14 de septiembre, y podrá ampliarse hasta por tres ocasiones por periodos de hasta 120 días.
El procedimiento, aclaró la comisión, no intenta prejuzgar sobre la responsabilidad de alguna empresa sino como un acto de la autoridad a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica y solo procederá en caso de existir elementos suficientes para sustentar violaciones a la normatividad.
