Bloomberg Línea — La empresa singapurense Sinolam International Pte Ltd, propiedad de un empresario chino, presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra Panamá, tras la cancelación de la licencia para un proyecto de generación eléctrica a gas, por el que reclama indemnizaciones superiores a los US$140 millones.
Ver más: Panamá y Costa Rica suscriben memorando para impulsar proyecto ferroviario en Centroamérica
Según informó la compañía este jueves 19 de marzo, el procedimiento, registrado bajo el número ARB/26/12, se basa en presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Singapur, en vigor desde julio de 2006.
El conflicto se centra en el proyecto “Gas to Power Panama”, una planta de ciclo combinado diseñada para aportar estabilidad a la red eléctrica panameña.
Inicialmente planeada con una capacidad de 325 MW, la infraestructura fue expandida a 441 MW con el objetivo de suministrar electricidad eficiente y de menor emisión para cubrir la creciente demanda energética del país centroamericano.
Sinolam señaló al Gobierno panameño de cancelar abruptamente la licencia del proyecto en 2024 mediante una acción regulatoria ejecutada “sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchada”, lo que, según argumentó, constituye un trato arbitrario, discriminatorio y una expropiación sin compensación.
“Este es un último recurso para proteger nuestra inversión legal y defender los principios de transparencia, equidad y respeto de los compromisos internacionales que sustentan la inversión transfronteriza”, afirmó Kenneth Zhang, director ejecutivo de la firma, en un comunicado, con relación al procedimiento de arbitraje.
El arbitraje se tramitará bajo el Convenio del Ciadi, del Banco Mundial especializada en disputas entre inversores y Estados, y que entró en vigor para Panamá en 1996.
La representación legal de Sinolam corre a cargo del bufete Chaffetz Lindsey, en Nueva York, mientras que la defensa del Estado panameño corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas. El estatus del procedimiento figura actualmente como pendiente tras el registro de la solicitud el pasado 16 de marzo.
La disputa se produce en un escenario cada vez más complejo para la infraestructura con capital asiático. Panamá ha depurado concesiones bajo la mirada atenta de EE.UU., que ha visto con recelo la influencia de intereses chinos en el Canal y sus alrededores.
Solo este jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió la anulación de la concesión a la filial del grupo chino CK Hutchison para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, argumentando “irregularidades” en las casi tres décadas del acuerdo.
“Los únicos que deterioraron el país fueron ellos (PPC) con todas las maleanterías que hicieron durante la vida de ese contrato”, afirmó Mulino en relación con el caso portuario, rechazando que estas decisiones afecten la confianza inversionista.
Sin embargo, Sinolam contradijo esa narrativa en su comunicado. “En los últimos 30 meses, el Gobierno de Panamá ha cancelado varias concesiones importantes de inversión extranjera propiedad de empresas asiáticas valoradas en miles de millones de dólares, así como una gran mina de cobre canadiense. Esto ha erosionado la confianza de los inversores extranjeros en Panamá”, dijo la empresa.
