Bloomberg — El gobierno peruano fue demandado en Estados Unidos por una concesionaria de carreteras que intenta cobrar un laudo arbitral de US$99 millones a raíz de las protestas que le impidieron cobrar peajes en la nación sudamericana.
Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), encargada de operar y mantener un tramo de la Carretera Central de Perú, presentó el 3 de marzo una petición ante un tribunal federal de Washington pidiendo a un juez que confirme la adjudicación que ganó en noviembre de 2024. La empresa, propiedad de varias firmas colombianas, acusó al gobierno peruano de no detener las protestas que interrumpieron su negocio.
El Ministerio de Finanzas peruano, que ha representado al país en este tipo de disputas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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El caso se produce poco después de que una empresa minera de oro canadiense presentara una demanda similar buscando hacer cumplir un laudo arbitral de US$69 millones contra Perú. Lupaka Gold Corp. también alegó que el gobierno no detuvo las protestas que paralizaron las operaciones de la empresa en el país.
Tanto Deviandes como Lupaka parecen estar intentando seguir los pasos del conglomerado de construcción de aeropuertos Kuntur Wasi, que recibió US$91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor el pasado diciembre.
Deviandes dijo en una declaración el martes que un fallo del tribunal estadounidense “podría habilitar medidas de ejecución contra los activos del Estado peruano en el extranjero, incluyendo embargos” si su laudo arbitral sigue sin pagarse.
Perú también se enfrenta a una disputa con Brookfield Asset Management, que ha presentado una demanda de US$2.700 millones alegando que la ciudad de Lima expropió indebidamente una serie de autopistas de peaje que gestionaba en régimen de concesión. El caso sigue pendiente, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido arbitrajes sobre el tema por un total de unos US$200 millones.
Con la colaboración de Marcelo Rochabrun.
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