Bloomberg — Según un organismo de control financiero, los legisladores peruanos están impulsando reformas en los salarios y pensiones públicas que podrían añadir S/12.000 millones (US$3.450 millones) al gasto durante el próximo año.
Una serie de medidas que elevan las pensiones de los militares y policías y otorgan beneficios laborales a los trabajadores públicos temporales, entre otras, han recibido luz verde en las últimas semanas por parte de un Congreso que en el último año y medio también ha avanzado docenas de propuestas de rebajas fiscales. Las últimas propuestas supondrían una pesada carga para el erario de una de las economías más estables de América Latina.
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“Es una hemorragia fiscal”, dijo Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal de Perú, un organismo de control financiado con fondos públicos encargado de supervisar las finanzas del país. El costo de estas reformas recién aprobadas asciende a más del 1% del producto interior bruto de la nación andina, dijo.
Aunque Perú ha crecido más rápido que sus pares regionales en los últimos años, ha estado intentando frenar su déficit fiscal. El país aspira a limitarlo al 1,8% del PIB este año, después de cumplir su objetivo del 2,2% en 2025 por primera vez en tres años. Todo forma parte de un plan para reducir el déficit al 1% en 2028.
Dadas las costosas reformas y que el resultado del año pasado se logró en parte gracias a los precios récord de la minería, será “prácticamente imposible” que Perú cumpla sus objetivos, dijo Segura.
Reformas
La última medida aprobada que pondrá a prueba las arcas peruanas aumenta las pensiones de los profesores jubilados de las escuelas públicas y se espera que cueste S/5.600 millones cada año. El proyecto de ley fue aprobado a pesar de las advertencias previas del Consejo Fiscal y de que la expresidenta Dina Boluarte lo había devuelto al Congreso con preocupaciones en octubre pasado.
Otro proyecto de ley que el gobierno de Boluarte había devuelto pero que aun así fue aprobado por el pleno la semana pasada modifica el sistema de pensiones de los policías y militares y a la larga costará casi S/3.800 millones al año.
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Ahora le corresponde a la nueva administración del presidente interino José María Balcázar llevar estas reformas ante el Tribunal Constitucional, algo que el jefe del Banco Central, Julio Velarde, respaldó el viernes durante una conferencia de prensa.
“Sin duda, el país se está debilitando”, dijo Velarde.
Segura cree que esta situación muestra el “desequilibrio” de poderes en Perú, donde los gobiernos sin mayoría parlamentaria están a menudo “a merced del Congreso”, dijo.
En parte debido a ello, Perú ha pasado por más presidentes en los últimos años que prácticamente cualquier otra nación del mundo. Balcázar, que asumió el cargo el mes pasado, es el noveno jefe de Estado desde 2016 y solo gobernará hasta julio, cuando quien gane las próximas elecciones asumirá la presidencia.
“Estamos empezando con el pie izquierdo en el gobierno, se están debilitando las acciones que podría tomar la nueva administración”, dijo Velarde.
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