Bloomberg — Una fuga prolongada en un gasoducto de gas natural en Perú está poniendo de relieve los costos de su inestabilidad política crónica, un fenómeno que los inversionistas suelen ignorar.
El país sudamericano depende de un único sistema de gasoductos para transportar el gas desde los yacimientos de Camisea, que abastecen más de un tercio de su electricidad y una parte significativa de sus divisas a través de exportaciones de gas natural licuado.
Las autoridades llevan años advirtiendo sobre la necesidad de contar con una línea de respaldo y una planta de regasificación para importar gas en caso de interrupciones. Sin embargo, tras haber pasado por nueve presidentes diferentes desde 2016, una tras otra las propuestas se ha frustrado.
“Es absolutamente falso que en el Perú la política y la economía van en cuerda separada”, afirmó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Más de 1.000 industrias se han visto afectadas y algunas incluso han paralizado sus operaciones, añadió. “Claramente la política es responsable de la situación que estamos viviendo”.
Ver más: Transportistas en Perú anuncian nuevo paro este jueves 12 de marzo: los detalles
La actual crisis del gas amenaza con llevar la inflación de marzo por encima del 1%, un aumento mensual que no se registraba desde 2024. Dos semanas sin producción normal de hidrocarburos también podrían restar entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual, según Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú.
Este episodio pone a prueba al presidente interino José María Balcázar, apenas dos semanas después de haber asumido el poder tras la destitución de su predecesor. Balcázar gobernará solo hasta julio, después de las elecciones de abril.
“Si esto se prolonga, habrá problemas”, advirtió la semana pasada el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. La incesante agitación política ha provocado que haya habido 30 ministros de Energía y Minas desde que Camisea comenzó a producir en 2004.
Los yacimientos de Camisea, operados por la argentina Pluspetrol SA, se ubican en una remota zona amazónica de la región sur de Cusco. Dos gasoductos subterráneos, uno para gas natural y otro para líquidos asociados, se extienden a lo largo de cientos de kilómetros hasta la costa del Pacífico. El sistema de transporte es operado por Transportadora de Gas del Perú SA, cuyo principal accionista es EIG Global Energy Partners LLC, tras adquirir una participación del 49,87% a la canadiense CPP Investments el pasado mes de diciembre.
TGP, que no respondió a una solicitud de comentarios, se comprometió a restablecer el suministro de gas este fin de semana, como estaba previsto.
Ver más: ¿Qué esperar del dólar en Perú? Rebote del billete verde pone al sol entre las más depreciadas
TGP interrumpió el transporte de gas el 1 de marzo después de que una fuga provocara un incendio cuya causa aún se investiga. La interrupción también llevó a Pluspetrol a suspender la producción de líquidos de gas, que normalmente se envían a la planta de fraccionamiento de Pisco, en la costa. Muchos peruanos utilizan gas licuado de petróleo, o GLP, como combustible para vehículos y para cocinar.
La crisis también ha afectado las exportaciones de Perú LNG, el segundo mayor exportador latinoamericano de este combustible después de Trinidad y Tobago, justo cuando el principal productor de GNL, Qatar, cerró tras sufrir un ataque de Irán.
Para los consumidores peruanos, el momento de la crisis no podría ser peor. Los precios mundiales del petróleo y el gas se han disparado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra en Irán el 28 de febrero.
Ver más: Un 35% de los peruanos no apoya a ningún candidato presidencial: encuesta
El corte redujo el suministro de gas de Perú a solo el 9% de su capacidad, y el Gobierno autorizó a las industrias a utilizar combustibles alternativos, incluido el diésel, más costoso. Las autoridades suspendieron las exportaciones de gas y ordenaron dos semanas de racionamiento para priorizar a los hogares y los servicios esenciales.
Las fuertes lluvias y la lejanía del lugar afectado, al que solo se puede acceder en helicóptero, han dificultado la reparación del gasoducto. Las llamas no se extinguieron por completo hasta el lunes, más de una semana después del incidente.
Promesas rotas
Una de las propuestas más comentadas para reducir la vulnerabilidad del suministro de Perú ha sido el Gasoducto Sur. Diseñado para abastecer al sur del país y respaldar el sistema principal de TGP, el proyecto fue adjudicado en 2014 a la desacreditada empresa brasileña Odebrecht y alcanzó un 20% de avance antes de paralizarse en 2017, cuando estalló un gran escándalo de corrupción.
El Gasoducto Sur acumula ahora nueve años de retraso, con sus tuberías aún abandonadas y un costo de mantenimiento para Perú de entre US$40 millones y US$50 millones al año, según Luis Alberto Espinoza Quiñones, exviceministro de Energía.
“Nadie ha tenido la voluntad de hacer nada”, afirmó Espinoza.
Ver más: Perú anuncia medidas para acceder a GLP y apoyo a taxistas ante crisis del gas natural
El año pasado, TGP presentó una propuesta para ampliar las operaciones de su gasoducto actual hasta 2043, pero sin contemplar una línea de respaldo, según informaron medios locales.
Hace ocho años, la agencia de promoción de inversiones de Perú intentó impulsar un proyecto de regasificación en las instalaciones de Perú LNG en Pampa Melchorita, al sur de Lima. Sin embargo, la propuesta no prosperó “por razones políticas”, según señaló el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.
Alfaro, el actual ministro, se comprometió a dar prioridad a la planta de regasificación. Pero, según Espinoza, los pocos meses que le quedan al actual gobierno solo alcanzarían, en el mejor de los casos, para dejar el proyecto listo para que la próxima administración lo licite.
Lea más en Bloomberg.com
