Bloomberg Línea — El Senado de República Dominicana aprobó el miércoles con carácter de urgencia el proyecto de ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, una iniciativa del Poder Ejecutivo que establece una sobretasa temporal a los grandes contribuyentes.
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La pieza legislativa fue aprobada con modificaciones y en dos lecturas consecutivas tras una solicitud del senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión Bicameral encargada de su estudio, para incorporarla de inmediato a la orden del día.
El proyecto establece que, de forma transitoria para los años fiscales 2026, 2027 y 2028, los contribuyentes que reporten ingresos anuales superiores a los RD$1.000 millones (unos US$17,8 millones) deberán pagar el 30% de su renta gravable.
Esa franja comprende poco más de 1.000 empresas de un universo de 140.000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0,8% del total.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto de ley deroga de manera gradual impuestos considerados anacrónicos, como los que gravan las hipotecas, la constitución de compañías y el impuesto selectivo a los seguros de vida.
Asimismo, contempla la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.
La normativa busca también aliviar la carga fiscal a los sectores menores, al eliminar los anticipos del impuesto para las microempresas y disponer que las empresas pequeñas realicen sus pagos como personas físicas en tres cuotas anuales en lugar de doce. Además, exonera de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario.
En el ámbito inmobiliario, el texto reduce del 25% al 10% el impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles en el caso de personas físicas.
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, había explicado previamente que este plan anticrisis busca captar entre RD$40.000 y RD$50.000 millones adicionales (entre US$712 y US$890 millones) para responder a la presión de la crisis internacional sobre las finanzas públicas sin modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni los impuestos selectivos a combustibles.
“El 90% de la recaudación estimada, que se ubica entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, provendrá del 1% más rico de la población”.
Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía.
Un día antes de la aprobación del proyecto, durante un encuentro con los legisladores, Díaz dijo que la propuesta del Ejecutivo fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, para preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, mipymes o población vulnerable.
¿Qué sigue ahora?
Con el visto del Senado, el proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo antes de su eventual promulgación por el presidente, Luis Abinader. Sin embargo, el debate no está exento de cuestionamientos.
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El expresidente Leonel Fernández, líder del partido opositor Fuerza del Pueblo, calificó el plan de “reforma fiscal encubierta”, cuyo propósito es obtener más ingresos para cubrir el crecimiento excesivo del gasto corriente de la actual administración.
Para el político, el crecimiento económico de un 4% registrado en los primeros meses del año desmiente la existencia de una crisis que justifique nuevos impuestos.
Por su parte, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), liderado por Federico Antún Batlle, presentó una contrapropuesta que sugiere reducir la tasa del ITBIS del 18% al 16% y ampliar su base, para que el ajuste planteado por el Gobierno dominicano sea justo y “no golpee a las familias más vulnerables”, dijo en una rueda de prensa.