Bloomberg Línea — La reestructuración de la deuda venezolana enfrenta un desafío que va más allá de determinar cuánto debe el país y cuánto está en capacidad de pagar: identificar, verificar y certificar quiénes son sus acreedores y qué obligaciones pueden ser reconocidas dentro del proceso. Para las empresas que prestaron servicios a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y acumulan facturas pendientes desde hace años, ese paso también puede determinar cuándo podrán volver a acceder al financiamiento.
Ese es el punto de partida de Capital Nacional, una iniciativa que reúne a cerca de 200 compañías, en su mayoría venezolanas, con acreencias comerciales frente a PDVSA y, en algunos casos, frente a la República. La organización propone comenzar por auditar y certificar esas obligaciones, además de desarrollar un mecanismo que permita transformar las facturas en instrumentos financieros utilizables como garantía para obtener crédito.
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La iniciativa fue presentada este martes en Caracas, en una conferencia en la que participaron el economista Luis Vicente León; el director de Summa Consulting, Asdrúbal Oliveros; y el director del fondo estadounidense Gramercy, Thomas Norgaard.
La propuesta surge en un momento en que los contratistas nacionales aseguran estar recibiendo una mayor demanda de servicios por parte de los nuevos operadores petroleros, después de años de baja utilización de sus capacidades. Alejandro Dopazo, director del Grupo Petroamérica, una de las empresas promotoras, afirmó durante la presentación que su compañía alcanzó recientemente el 100% de su capacidad operativa por primera vez en más de una década.
El empresario señaló que la demanda de servicios continúa llegando de nuevos operadores y que las compañías nacionales necesitan financiamiento para invertir en capital, tecnología y mano de obra. La Cámara Petrolera, por su parte, manifestó su respaldo institucional a Capital Nacional. Su presidente, Álvaro Pérez, consideró que convertir las facturas pendientes en recursos utilizables permitiría a las empresas adquirir equipos e inventarios necesarios para atender los trabajos de la industria.
La licencia de EE.UU. y el inventario pendiente
El avance de la propuesta está vinculado a un proceso de reestructuración que todavía enfrenta restricciones regulatorias de Estados Unidos. La Licencia General 58, emitida el 5 de mayo de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, permanece vigente y no establece una fecha de expiración automática. La autorización permite prestar servicios legales, de asesoría financiera y consultoría al Gobierno venezolano y PDVSA para evaluar y preparar alternativas de reestructuración de deuda, pero excluye expresamente la ejecución de esos acuerdos y las negociaciones directas entre el Gobierno y sus acreedores.
Esta distinción mantiene abierto el espacio para avanzar en auditorías, certificaciones y propuestas financieras, pero deja pendiente el paso hacia una negociación formal de las obligaciones.
Dopazo explicó que la iniciativa todavía no ha iniciado conversaciones formales con el Gobierno venezolano debido a las restricciones vigentes. “La negociación se va a poder hacer solo cuando exista esa licencia. La licencia que se emitió en mayo prohíbe explícitamente la negociación”, señaló al referirse a la necesidad de una autorización que permita avanzar hacia esa fase del proceso.
El portavoz agregó que la iniciativa busca solicitar una reunión con representantes del Gobierno una vez que tenga una propuesta más específica. Mientras tanto, considera que pueden avanzar en actividades preparatorias permitidas por el marco regulatorio, entre ellas la contratación de firmas para auditar y certificar las acreencias comerciales.
La certificación permitiría determinar el volumen real de las obligaciones, identificar a los acreedores y establecer cuáles reclamaciones son legítimas y elegibles para una eventual reestructuración. Según explicó el representante, ese trabajo también contribuiría a responder a las dudas de los mercados internacionales sobre posibles cifras infladas o reclamaciones sin respaldo documental.
La dimensión del problema sigue sin estar clara. Consultado sobre cuánto podrían representar las facturas pendientes de las empresas agrupadas en Capital Nacional, el director del Grupo Petroamérica reconoció que todavía no cuentan con una cuantificación propia. Como referencia, mencionó estimaciones que circulan en la prensa y que sitúan el universo de acreencias comerciales entre US$30.000 millones y US$40.000 millones. Aclaró, sin embargo, que todavía es difícil determinar el monto total y que esa estimación no corresponde exclusivamente a las compañías agrupadas en la iniciativa.
El representante también explicó que muchas de esas facturas tienen más de una década y constituyen uno de los activos más importantes en los balances de las empresas contratistas nacionales.
Acreencias espejo: convertir facturas en instrumentos financieros
La segunda parte de la propuesta apunta a resolver el problema de liquidez de los contratistas. El representante de Capital Nacional explicó que la organización trabaja con un bufete de abogados estadounidense en un esquema denominado “acreencias espejo”, que plantea convertir las facturas comerciales previamente auditadas y certificadas en instrumentos financieros con documentación independiente.
Según explicó a los medios de comunicación, una de las dificultades de las acreencias comerciales es que están respaldadas por documentos propios de las operaciones entre empresas y no necesariamente se encuentran registradas en cámaras de compensación nacionales o internacionales. Esa condición puede dificultar su valoración, negociación y utilización como garantía ante potenciales financiadores.
El mecanismo propuesto busca que cada instrumento tenga una cadena de titularidad verificable, documentación independiente y controles que reduzcan el riesgo de que una misma acreencia sea vendida más de una vez. También contempla mecanismos de protección frente al fraude y revisiones de cumplimiento de sanciones internacionales.
Una vez convertidas en instrumentos financieros, las acreencias podrían utilizarse como respaldo para solicitar líneas de crédito o facilitar operaciones de financiamiento comercial. La intención es que las empresas puedan movilizar el valor de esos activos sin tener que esperar a que concluya la reestructuración y se establezca un nuevo calendario de pagos.
El representante de Capital Nacional sostuvo que el mecanismo permitiría mejorar la liquidez y la valoración de las reclamaciones comerciales, además de ofrecer a las compañías un activo con mayor utilidad financiera que las facturas pendientes que actualmente mantienen en sus balances.
Dopazo indicó que el esquema podría beneficiar no solo a las casi 200 empresas agrupadas en Capital Nacional, sino también a otras compañías que tengan acreencias comerciales y cumplan con los requisitos de certificación.
El financiamiento como condición para recuperar capacidad petrolera
La necesidad de encontrar alternativas de financiamiento está vinculada con el aumento de la actividad en los campos petroleros y la demanda de servicios especializados. Para las empresas nacionales, el reto es disponer de capital de trabajo suficiente para responder a los requerimientos de los nuevos operadores sin depender exclusivamente de recursos propios.
Durante la presentación se explicó que cualquier propuesta de reestructuración debe estar acompañada de un marco de políticas públicas que permita sostener los compromisos de pago. Entre las variables mencionadas estuvieron las metas de déficit primario, la transparencia fiscal, la política monetaria, el régimen cambiario y la calidad institucional.
En ese contexto, se planteó que la capacidad de pago de Venezuela dependerá de cuánto pueda crecer la economía, de la evolución de la producción petrolera y de los ajustes fiscales que se implementen para determinar qué proporción de los ingresos públicos podrá destinarse al servicio de la deuda.
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Los participantes reconocieron que el proceso implicará pérdidas para los acreedores y un recorte nominal de las obligaciones. Su planteamiento es que ese esfuerzo permita recuperar el acceso de Venezuela al financiamiento internacional sin generar una nueva situación de insolvencia en los próximos años.
Para las empresas de servicios petroleros, el resultado de esa negociación tendrá consecuencias directas. Muchas acumulan facturas emitidas hace más de una década, que representan una parte importante de sus activos y limitan su capacidad para financiar nuevas operaciones.