Bloomberg — Durante meses, juristas y miembros del Congreso han cuestionado la legalidad de la campaña militar del presidente Donald Trump contra presuntos narco-terroristas frente a Venezuela y Colombia. Un nuevo bloqueo a petroleros agravó esas preocupaciones.
Trump anunció el martes un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que van y vienen de Venezuela, lo que generó de inmediato una pregunta: ¿se trataba de un acto de guerra contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro?
Por ahora, la respuesta parecía ser que el presidente evitaba esa distinción al enfocarse en un solo tipo de embarcación y no en todas. Eso lo convierte en una “cuarentena”, que es jurídicamente distinta de un bloqueo total.
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Pero los límites del asunto no son del todo claros, y la medida solo alimentó las preocupaciones sobre la justificación del gobierno de Trump para la campaña en el Caribe y el Pacífico oriental. La administración ha sostenido que los narcotraficantes representan una amenaza inminente para EE.UU. y que las Fuerzas Armadas están en guerra con ellos, lo que permitiría acciones agresivas.
“Muchas cosas con una fuerza marítima son muy fungibles”, dijo Steven Wills, exoficial de la Marina y ahora integrante del centro de estudios Center for Maritime Strategy. “En este momento, esto es un uso clásico de acción marítima selectiva para presionar al régimen de Maduro”.
Las preocupaciones legales subieron en semanas recientes tras reportes de que los militares que supervisaron un ataque el 2 de septiembre contra una presunta embarcación de narcotráfico habrían ordenado un segundo ataque para matar a los sobrevivientes del primero. Eso provocó acusaciones de crímenes de guerra, audiencias en el Congreso y llamados a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, divulgue el video sin editar del ataque, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.
Luego Trump ordenó la incautación de un petrolero sancionado frente a la costa venezolana. El gobierno venezolano lo calificó como “robo flagrante”, mientras que Maduro lo denominó un “acto criminal e ilegal”.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la legalidad del bloqueo. Pero varios funcionarios lo han justificado señalando que Venezuela había nacionalizado en el pasado los activos de empresas petroleras con sede en EE.UU.
“Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos”, dijo Trump tras anunciar el bloqueo. “Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho. Y lo queremos de vuelta. Se lo llevaron; se lo llevaron ilegalmente”.
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Los legisladores de EE.UU., algunos de los cuales están molestos porque Trump ha eludido el rol del Congreso establecido en la War Powers Act respecto de aprobar la participación del país en conflictos, han presionado a Hegseth para que sea más transparente, en parte amenazando con recortar su presupuesto personal de viajes.
Críticos de Trump han dicho que, desde que asumió su segundo mandato, el presidente no ha permitido que normas o leyes se interpongan en su camino. También ha abordado los asuntos de guerra y paz del mismo modo en que ha desmantelado agencias del gobierno, recortado la ayuda exterior e impuesto aranceles a adversarios y aliados por igual: con rapidez y contundencia pese a la oposición política o desafíos legales.
La campaña en Sudamérica está poniendo a prueba los límites de la autoridad legal de Trump y podría violar tanto el derecho internacional como la legislación de EE.UU., según Harold Koh, profesor de la Facultad de Derecho de Yale y exasesor jurídico del Departamento de Estado durante la administración Obama.
“Según la legislación interna, no tiene autorización del Congreso para tomar estas medidas de carácter bélico contra Venezuela”, dijo Koh. “Y tampoco tiene base para una justificación de autodefensa”.
Cuando se le preguntó el jueves si pediría autorización al Congreso para ataques terrestres contra Venezuela, Trump respondió: “No me molestaría decírselos, pero saben que no es gran cosa; no tengo que decírselos, ya está comprobado”.
Los defensores de Trump sostienen que la magnitud de la crisis de opioides alimentada por fentanilo en EE.UU., que ha causado la muerte de decenas de miles de estadounidenses, justifica medidas de tipo bélico contra los cárteles de la droga.
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“El presidente tiene toda la autoridad del Artículo 2 para defender a Estados Unidos de estas amenazas inminentes; estos cárteles son una amenaza inminente”, dijo el miércoles Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. “Estos cárteles tienen a decenas de miles de integrantes que se despiertan cada día con la única misión de inundar Estados Unidos con drogas letales”.
Algunos expertos legales sugieren que incluso la publicación de Trump en redes sociales amenazando con usar la fuerza constituye una violación del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las amenazas y el uso de la fuerza.
Las acciones de Trump ya motivaron un reproche velado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien habló por teléfono con Maduro sobre “las tensiones actuales en la región” y emitió el miércoles un comunicado instando a los Estados miembros “a respetar el derecho internacional” y la Carta de la ONU.
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“Estamos hablando de un bloqueo en tiempos de paz, y existe un consenso bastante amplio de que si el Estado A declara un bloqueo al Estado B en tiempos de paz, eso es lo que se conoce como un acto de agresión”, dijo Michael Schmitt, profesor de derecho internacional en la Universidad de Reading.
Aun así, dijo que no estaba listo para afirmar que EE.UU. haya entrado en un conflicto abierto con Venezuela con su operación, denominada Southern Spear.
“No creo que hayamos llegado a ese punto todavía, pero si los buques de Southern Spear comienzan a detener embarcaciones, usar la fuerza, descender con cuerdas rápidas a los barcos e incautarlos, entonces sí estaremos ahí”, concluyó Schmitt.
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