Bloomberg Línea — Venezuela vuelve a mirar al petróleo como motor de crecimiento, pero esta vez la discusión ya no se limita a cuánto crudo puede sacar del subsuelo. El desafío está en convertir los nuevos acuerdos energéticos con Estados Unidos y las grandes petroleras en producción efectiva, proveedores locales, infraestructura y, eventualmente, una recuperación más amplia de la economía.
El nuevo escenario combina la firma de acuerdos con compañías como Chevron, Eni y otras empresas privadas, un convenio energético entre Venezuela y Estados Unidos y un nuevo marco legal para la industria de hidrocarburos. El siguiente paso será determinar cuánto de ese impulso se transforma en actividad sobre el terreno.
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En Zulia, uno de los principales territorios petroleros del país, esa transición todavía está en una fase inicial. Roy Biagioni, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, advirtió que los anuncios aún no se han traducido en una reactivación de gran escala en los municipios de la Costa Oriental del Lago.
“Esto es poco a poco”, dijo Biagioni durante una conferencia en Maracaibo. Los niveles de inversión son elevados, explicó, y será necesario movilizar equipos y recursos antes de que puedan verse resultados significativos.
El punto de partida, sin embargo, es considerable. Según Biagioni, Zulia cuenta actualmente con unos 5.200 pozos de categoría II, que podrían requerir menores niveles de inversión para su recuperación. Si fueran reactivados, estimó, podrían aportar unos 400.000 barriles diarios adicionales.
El nuevo marco legal es uno de los elementos que busca facilitar ese proceso. Anaís Montero, durante su intervención, puso el foco en los cambios regulatorios que acompañan la nueva etapa de apertura petrolera y en las condiciones que ahora tienen las empresas privadas para participar en la industria.
La modificación de la legislación de hidrocarburos el pasado enero se convirtió así en una pieza del nuevo escenario: mientras los acuerdos con compañías internacionales plantean inversiones y metas de producción, las nuevas reglas establecen el marco bajo el cual esas inversiones pueden ejecutarse.
Para Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se trata de uno de los cambios que pueden modificar la relación entre el sector privado y la industria petrolera venezolana. El economista destacó la posibilidad de que las empresas privadas participen directamente en la producción, administración, exportación y cobro de sus operaciones.
Pero entre aprobar una nueva legislación, firmar acuerdos y producir petróleo existe una etapa decisiva: la ejecución.
Del anuncio a la ejecución
Carlos Borges, director de Grupo Menpet, una empresa de servicios petroleros con operaciones en el área lacustre del Zulia, considera que la discusión ya no debería centrarse únicamente en cuándo comenzará la reactivación.
“Esto ya está pasando”, sostuvo. A su juicio, el aumento de la producción venezolana de los últimos años demuestra que la actividad puede crecer incluso antes de que se materialicen completamente los nuevos acuerdos.
Borges señaló que la producción nacional pasó de unos 400.000 barriles diarios en 2020 a alrededor de 1,2 millones en 2026. El nuevo ciclo de inversión, dijo, puede acelerar esa tendencia, especialmente en el Lago de Maracaibo.
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Su estimación es más ambiciosa: la producción del lago podría alcanzar entre 800.000 y 1 millón de barriles diarios en los próximos cinco años, aunque se trata de una proyección personal y no de una meta oficial.
La apuesta de los proveedores locales es que cada barril adicional genere actividad más allá del campo petrolero. Perforación, mantenimiento, transporte, logística, alimentación, construcción, servicios profesionales y comercio forman parte de una cadena que puede extender el impacto de la inversión.
Ese encadenamiento es precisamente uno de los puntos que León colocó en el centro de su análisis.
Para el economista, la pregunta no es únicamente cuánto crecerá la producción, sino cuánto de ese crecimiento podrá quedarse dentro de Venezuela. Si las compañías encuentran proveedores, trabajadores, infraestructura y servicios locales capaces de atender sus operaciones, el efecto multiplicador será mayor.
“Lo que nosotros tenemos que lograr es que lo construya con nosotros”, resumió.
Si las empresas no encuentran esa capacidad, producirán igualmente, pero podrían recurrir a proveedores internacionales y trasladar una parte importante del gasto fuera del país.
Demostrar el alcance
El otro elemento de la ecuación es el acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos. León considera que su importancia no está únicamente en los campos incluidos directamente en el convenio, sino en la señal que puede enviar al resto de los inversionistas.
El contenido completo del acuerdo, sin embargo, todavía no es público. Por eso, sus condiciones, costos y mecanismos de ejecución no pueden ser evaluados completamente a partir de las declaraciones hechas hasta ahora por los gobiernos y las empresas.
León sostiene que el convenio puede funcionar como un “ancla” para el resto del sector: una inversión inicial que reduzca el riesgo percibido y facilite la llegada posterior de otros capitales.
La lógica, explicó, es similar a la de una empresa ancla en un centro comercial. El objetivo no es únicamente el negocio que genera esa compañía, sino el movimiento que puede provocar alrededor.
Por eso, el paso siguiente será comprobar si los anuncios consiguen convertirse en contratos ejecutados, equipos movilizados, pozos recuperados y producción adicional.
El cuello de botella eléctrico
Ese proceso tiene, sin embargo, una limitación evidente en Zulia: la electricidad.
“Es uno de los problemas más grandes que tenemos todos los venezolanos y especialmente también en el sector petróleo”, dijo Biagioni, al señalar que los cortes afectan tanto a los hogares como a la producción.
Carlos Borges también reconoce que la infraestructura energética de la entidad sigue siendo insuficiente para acompañar una expansión de la actividad petrolera.
Para León, la relación puede terminar funcionando en ambos sentidos. El crecimiento petrolero puede obligar a desarrollar nueva infraestructura energética, particularmente mediante el aprovechamiento del gas y sistemas de autogeneración asociados a los proyectos.
Esa inversión podría tener un efecto que vaya más allá del petróleo. Una mayor disponibilidad de electricidad podría abrir espacio para nuevas industrias y servicios, incluidos centros de datos y proyectos vinculados con inteligencia artificial, cuya expansión mundial está elevando la demanda por energía.
Pero para Zulia el desafío inmediato es más básico: garantizar la electricidad necesaria para que la infraestructura petrolera pueda operar de manera sostenida.
Petróleo y política
La ejecución de esta nueva etapa ocurre además en medio de una transición política cuyo calendario y condiciones todavía no están definidos.
León sostiene que Estados Unidos se ha convertido en un actor central de la nueva arquitectura venezolana y que los objetivos energéticos avanzan en paralelo con la negociación política.
En su lectura, el debate sobre las elecciones no puede separarse de la construcción previa de nuevas condiciones institucionales y garantías para los distintos actores.
El economista considera que una eventual apertura electoral requerirá acuerdos sobre las instituciones, las reglas y las garantías para quienes participen en ella. Mientras ese proceso avanza, la agenda económica puede seguir desarrollándose.
Esa separación entre ambos procesos ayuda a explicar por qué la inversión petrolera no necesariamente tiene que esperar a que se complete una transición política.
