Bloomberg Línea — ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) vuelve a negociar con Venezuela casi dos décadas después de abandonar el país tras la nacionalización de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez, en una ruptura que llevó a la petrolera estadounidense a tribunales internacionales y abrió una disputa de miles de millones de dólares.
Varios ejecutivos de la compañía viajaron esta semana a Caracas para mantener conversaciones con el gobierno venezolano, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg.
Exxon está interesada en recuperar el control de Petrovictoria y Petromonagas, dos proyectos que operó antes de su salida, y busca derechos sobre otros yacimientos en el bloque Carabobo.
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Reuters reportó por separado que Exxon avanza en negociaciones para regresar a la Faja del Orinoco y que Petromonagas, el antiguo Cerro Negro, está entre los proyectos que evalúa, junto con áreas del bloque Carabobo.
El proyecto conserva uno de los pocos mejoradores de crudo de la Faja, aunque requiere mantenimiento, y su estructura accionaria incluye una participación rusa, un elemento que podría influir en las conversaciones.
El posible regreso ocurre mientras la administración de Donald Trump acelera acuerdos con empresas estadounidenses para reactivar la industria petrolera venezolana. Chevron Corp. (CVX), Eni SpA (E) y Continental Resources ya han avanzado en nuevos proyectos, en un momento en que Washington busca atraer capital y tecnología para recuperar una infraestructura deteriorada después de años de baja inversión.
Para Exxon, sin embargo, volver a Venezuela significa algo más que entrar en un nuevo mercado. La compañía tiene una historia con el país que comenzó mucho antes de la llegada de Chávez y que incluye una nacionalización anterior, una segunda entrada durante la Apertura Petrolera y una salida que terminó en una larga batalla arbitral.
Una relación de vieja data
Las raíces de Exxon en Venezuela se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando Standard Oil of New Jersey —antecesora de Exxon— consolidó su presencia en el país a través de Creole Petroleum Corporation, de la que llegó a controlar 95%.
Durante buena parte del siglo XX, Creole fue una de las mayores compañías petroleras que operaban en Venezuela. En 1950 inauguró la refinería de Amuay, que posteriormente se convertiría en parte del Centro de Refinación Paraguaná. La compañía llegó a ser uno de los principales productores del país y una fuente importante de ingresos para el Estado venezolano.
Ese primer capítulo terminó con la nacionalización de la industria petrolera. El 1 de enero de 1976, los activos y operaciones de Creole pasaron al Estado y fueron incorporados a Lagoven, una de las filiales creadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Durante casi dos décadas, las grandes petroleras extranjeras quedaron fuera del control directo de la producción venezolana. El siguiente gran capítulo de Exxon en el país llegaría en los años noventa, cuando el gobierno de Rafael Caldera abrió nuevamente espacios a la inversión privada para desarrollar la Faja del Orinoco.
Mobil, que posteriormente pasó a formar parte de ExxonMobil, entró entonces en el proyecto Cerro Negro con una participación de 41,67%. PDVSA tenía otro 41,67% y la alemana Veba Oel el porcentaje restante.
El proyecto estaba diseñado para producir crudo extrapesado y procesarlo en un mejorador para convertirlo en un petróleo más liviano. Cuando Exxon y Mobil se fusionaron en 1999, ExxonMobil heredó aquella participación. Pero el modelo cambió con Chávez.
La salida de Exxon
A partir de mediados de la década de 2000, el gobierno venezolano comenzó a transformar los convenios de la Apertura Petrolera en empresas mixtas en las que PDVSA conservaría el control. Chevron aceptó permanecer bajo el nuevo esquema. ExxonMobil no aceptó las condiciones planteadas para Cerro Negro.
En 2007, Venezuela tomó el control del proyecto y de la participación de Exxon. La petrolera acudió entonces al arbitraje internacional para reclamar por la expropiación.
La disputa siguió abierta durante los años siguientes y tuvo también un fuerte componente político.
En enero de 2012, después de que un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional fijara una compensación de US$907,6 millones, frente a los US$12.000 millones que ExxonMobil había reclamado inicialmente, Chávez cuestionó públicamente la pretensión de la compañía.
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“¿Cómo sería la locura de esta empresa que esta decisión reconoce apenas menos de un 10% de lo que pretendía?”, dijo entonces el presidente venezolano. “La empresa lamentablemente, prepotente, no quiso llegar a un arreglo”.
El laudo de la Cámara de Comercio Internacional era solo uno de los procesos iniciados por Exxon.
La compañía también había llevado el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
Disputa de miles de millones
En 2014, un tribunal del Ciadi falló a favor de las filiales de ExxonMobil y estableció una compensación de US$1.600 millones, calculada a la fecha de la expropiación del 27 de junio de 2007, más intereses a una tasa anual compuesta de 3,25%. El tribunal señaló además que debía evitarse una doble recuperación con el laudo previo de US$908 millones de la Cámara de Comercio Internacional.
Venezuela pidió la anulación de la decisión.
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En 2017, un comité del Ciadi anuló parcialmente el laudo. La parte correspondiente a unos US$1.400 millones por la expropiación de Cerro Negro fue anulada porque el tribunal original no había explicado adecuadamente cómo debía aplicarse un límite de indemnización previsto en los acuerdos del proyecto.
Se mantuvieron las compensaciones correspondientes a otros reclamos, incluidos los relacionados con el proyecto La Ceiba y la reducción de exportaciones de Cerro Negro.
Exxon informó posteriormente que conservaba un laudo de unos US$260 millones, incluidos intereses, y alcanzó un acuerdo con Venezuela para su pago. La compañía se reservó además el derecho de volver a arbitrar el asunto que había provocado la anulación parcial.
Un recuento publicado en 2026 sitúa en alrededor de US$985 millones la compensación finalmente relacionada con Cerro Negro
La diferencia entre las cifras —los US$12.000 millones reclamados inicialmente, los US$907,6 millones del arbitraje de la CCI y los US$1.600 millones del primer laudo del Ciadi, posteriormente reducido— refleja la complejidad de una disputa que se extendió durante años y atravesó distintos tribunales.
Mientras Exxon litigaba contra Venezuela, Chevron tomó otro camino. La compañía aceptó operar bajo el nuevo esquema con PDVSA y permaneció en el país, lo que le permitió conservar una posición que posteriormente sería clave para la relación energética entre Caracas y Washington.
La rivalidad se trasladó a Guyana
La salida de Venezuela coincidió con otra etapa para ExxonMobil.
En Guyana, la compañía comenzó a desarrollar el bloque Stabroek, donde sus descubrimientos transformaron las perspectivas de producción petrolera del país y convirtieron a Exxon en uno de los principales actores de la nueva industria guyanesa.
La expansión petrolera coincidió con el recrudecimiento de la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo.
Exxon quedó así vinculada a un conflicto que para Caracas tenía una dimensión territorial y geopolítica. Mientras la compañía había abandonado Venezuela después de una nacionalización, desarrollaba enormes recursos petroleros en Guyana, un país con el que Venezuela mantiene una disputa territorial.
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En marzo de 2025, el gobierno venezolano volvió a apuntar contra Exxon.
Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, acusó a la petrolera de conspirar contra Venezuela, de buscar socavar la integridad territorial del país y de promover acciones para generar un bloqueo económico. También la vinculó con presiones contra Chevron. Las acusaciones fueron formuladas por el gobierno venezolano y no fueron demostradas públicamente.
“Quisimos dejar testimonio de la verdad, de cómo la ExxonMobil tiene más de una década conspirando contra Venezuela para socavar su integridad territorial, para robar los recursos del país, para causar desestabilización política interna, para causar agravio, agresión y bloqueo económico criminal, y para asesinar a sus autoridades”, dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.
La vieja disputa empresarial había adquirido así una dimensión adicional, relacionada con el conflicto territorial y la competencia petrolera entre Venezuela y Guyana.
La captura de Maduro
El contexto comenzó a cambiar radicalmente en enero de 2026, después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y Caracas comenzó a establecer una relación diferente con Washington, con el petróleo en el centro de las conversaciones.
La administración Trump empezó a presionar a las petroleras estadounidenses para que regresaran a Venezuela y participaran en la recuperación de la industria. Pero para atraer nuevamente a compañías que habían salido del país durante el proceso de nacionalización, Caracas también comenzó a modificar las reglas del sector.
En enero, la Asamblea Nacional chavista aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió nuevas vías para la participación privada y extranjera en actividades como la exploración y extracción.
La nueva legislación permite además que empresas privadas asuman la gestión técnica, operativa y financiera de determinados proyectos y contempla mecanismos de solución de controversias que incluyen el arbitraje internacional. El Estado, sin embargo, mantiene una participación mayoritaria en las empresas mixtas y la propiedad sobre los yacimientos.
La reforma también modificó el régimen fiscal y dio mayor margen para ajustar las condiciones de los proyectos, en un intento por hacer más atractiva la inversión en un sector que durante años estuvo dominado por PDVSA. En julio, Rodríguez firmó además el marco regulatorio que desarrolla los cambios aprobados en enero.
El cambio legal era relevante para Exxon. En enero, su CEO, Darren Woods, dijo que Venezuela no era un país apto para invertir bajo las condiciones existentes y planteó la necesidad de cambios importantes para proteger las inversiones. En una reunión con Trump, Woods señaló que volver a Venezuela por tercera vez requeriría modificaciones significativas en las condiciones de inversión.
Trump respondió que podía dejar a Exxon fuera de sus planes para Venezuela si la compañía no estaba dispuesta a invertir.
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La petrolera, sin embargo, no cerró la puerta.
Woods señaló posteriormente que la experiencia de Exxon con crudos pesados en Canadá podía darle una ventaja en Venezuela, donde buena parte de las reservas corresponde a petróleo pesado y extrapesado. En mayo dijo que el conocimiento adquirido por la compañía en ese segmento podía permitirle producir los recursos venezolanos a bajo costo.
La compañía comenzó entonces a evaluar oportunidades en el país.
The Wall Street Journal reportó que Exxon se acerca a un acuerdo preliminar con PDVSA que podría tomar la forma de un memorando de entendimiento y abarcar varios campos, desarrollados y por desarrollar, con más de 50.000 millones de barriles de recursos. El acuerdo podría firmarse este mes, aunque las conversaciones aún pueden retrasarse o no llegar a concretarse.
Para Exxon, la negociación implica evaluar si las nuevas condiciones fiscales y regulatorias ofrecen suficiente protección a sus inversiones y estabilidad para comprometer capital. Para Venezuela, supone intentar atraer de nuevo a una compañía que salió del país después de una expropiación y que durante años mantuvo una disputa legal con el Estado.
