Bloomberg Línea — Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas contra ciudadanos venezolanos y estadounidenses que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos, durante una audiencia ante un tribunal federal de Nueva York.
La nueva acusación fue presentada el 8 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y se incorporó al expediente que ya enfrentaban por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, el narcoterrorismo y el uso de armas.
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Según los fiscales estadounidenses, Maduro y Flores habrían participado durante más de dos décadas en una estructura de represión que utilizaba la violencia, las detenciones arbitrarias y la tortura para silenciar a la oposición política y mantenerse en el poder.
Maduro dijo a un juez que eran falsas las acusaciones de EE.UU. en su contra. “Rechazo en su totalidad este documento de acusaciones y testimonios falsos”, declaró de acuerdo a al cobertura realizada por Bloomberg.
La acusación describe presuntos abusos físicos y psicológicos contra personas detenidas bajo custodia del Estado venezolano, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. Entre los métodos mencionados figuran descargas eléctricas, asfixia, desnudez forzada, aislamiento prolongado y amenazas contra familiares de las víctimas.
Los cargos constituyen alegaciones de la Fiscalía y no una determinación judicial de culpabilidad. Ambos acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
Una acusación ampliada contra Maduro y Flores
La imputación actualizada no se limita a los nuevos señalamientos de tortura. También incluye a Flores en el cargo de conspiración de narcoterrorismo, que anteriormente pesaba sobre Maduro.
El expediente mantiene, además, los cargos relacionados con la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con ametralladoras y otros artefactos destructivos.
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Maduro y Flores permanecen bajo custodia estadounidense desde enero de 2026, cuando fueron trasladados a Estados Unidos tras una operación militar en Venezuela el 3 de enero. El proceso judicial se desarrolla en Nueva York.
El juicio está previsto para comenzar en junio de 2027, aunque el calendario podría estar sujeto a modificaciones durante el desarrollo del caso.
