Bloomberg — Un empresario colombiano que operó durante años en Venezuela comparecerá ante un tribunal de Estados Unidos para responder a cargos penales relacionados con contratos públicos por más de US$2.000 millones en el país sudamericano.
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Álvaro Pulido Vargas comparecerá por primera vez ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida el 13 de octubre, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado el domingo.
El traslado de Pulido Vargas es otra señal de la creciente cooperación policial entre Caracas y Washington bajo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien se ha esforzado por estrechar los lazos con el gobierno de Trump desde que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.
Pulido Vargas, de 62 años, fue detenido en Venezuela en 2023 como parte de una amplia investigación por corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA. Tiene ciudadanía venezolana y permaneció en una prisión a las afueras de Caracas hasta su traslado, según una persona familiarizada con el asunto. Las autoridades estadounidenses confirmaron el domingo que se encuentra bajo su custodia, sin revelar cuándo ni cómo fue trasladado.
Pulido Vargas no se ha pronunciado públicamente sobre los cargos. No fue posible identificar de inmediato a un abogado que lo represente.
Pulido Vargas, nacido en Colombia, ha utilizado en el pasado el nombre Germán Rubio Salas, que, según las autoridades estadounidenses, era un alias. Fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 1997 bajo el nombre de Rubio Salas.
Caracas no ha hecho ningún anuncio público sobre su traslado ni sobre el de un ciudadano venezolano enviado a EE.UU. a principios de este mes. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Pulido Vargas es al menos la segunda persona trasladada de Venezuela a EE.UU. este mes y la tercera este año. Estas entregas han causado conmoción entre personas vinculadas al movimiento socialista gobernante conocido como chavismo, mientras Washington busca obtener la custodia de decenas de personas del entorno del gobierno, entre ellas financistas y ex altos funcionarios acusados de delitos en EE.UU.
Entre las personas buscadas por las autoridades estadounidenses se encuentran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido en Venezuela desde 2024, y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.
La ciudadanía venezolana de Pulido Vargas plantea nuevas dudas sobre cómo Caracas está llevando a cabo la entrega, ya que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Pulido Vargas está acusado de participar en esquemas de lavado de dinero y sobornos relacionados con programas gubernamentales de alimentos, medicinas y viviendas sociales durante la presidencia de Maduro.
“Sus presuntas acciones muestran un desprecio flagrante hacia el pueblo venezolano”, escribió el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, en una publicación el domingo en X. Luego lo acusó de explotar programas gubernamentales destinados a proporcionar bienes esenciales para enriquecerse personalmente.
Pulido Vargas enfrenta dos acusaciones separadas en EE.UU., presentadas en 2019 y 2021. EE.UU. ofreció una recompensa de US$10 millones por información que condujera a la detención del empresario.
Alex Saab, quien llegó a ser uno de los asesores financieros más cercanos de Maduro y posteriormente fue ministro, fue deportado de Venezuela a EE.UU. en mayo, tras meses de negociaciones entre ambos gobiernos. El mes pasado, el ciudadano colombiano —que posteriormente obtuvo la ciudadanía venezolana— se declaró culpable de un delito de lavado de dinero relacionado con contratos gubernamentales de importación de alimentos y ventas de petróleo.
En uno de los casos, los fiscales alegan que Pulido Vargas y cuatro cómplices obtuvieron contratos del gobierno venezolano por aproximadamente US$1.600 millones a través del denominado programa de distribución de alimentos CLAP, mediante sobornos a funcionarios y precios inflados. Según el Departamento de Justicia, presuntamente transfirieron unos US$180 millones desde o hacia cuentas bancarias estadounidenses, incluidas algunas en Florida.
Otra acusación formal imputa a Pulido Vargas y Saab el lavado de aproximadamente US$350 millones mediante un esquema relacionado con contratos gubernamentales para construir viviendas sociales. Los fiscales estadounidenses alegan que ambos presentaron documentos de importación fraudulentos y sobornaron a funcionarios venezolanos para que los aprobaran, aprovechándose del sistema de cambio de divisas del país, sometido a estrictos controles.
Las autoridades venezolanas habían estudiado formas de anular la ciudadanía de Saab para eludir la prohibición constitucional de extraditar a ciudadanos venezolanos, y posteriormente afirmaron que la había obtenido de manera ilegal. Aún no está claro si las autoridades tomaron medidas similares en el caso de Pulido Vargas.
A principios de este mes, el ciudadano venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue enviado a EE.UU. para responder a cargos que incluyen conspiración para cometer fraude bancario y prestación de apoyo material a terroristas.
Desde que sustituyó a Maduro, Rodríguez ha cooperado cada vez más con Washington y ha reorientado su gobierno hacia las prioridades estadounidenses, incluida la apertura del sector petrolero venezolano a una mayor participación de EE.UU.
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