Bloomberg — Los venezolanos están saliendo de uno de los períodos más oscuros y represivos en la historia del país después de que autoridades estadounidenses capturaran al líder del régimen, Nicolás Maduro.
En todo el país, cónyuges, hijos e incluso mascotas han corrido a reencontrarse con familiares recientemente liberados de detención. En al menos un caso, una familia encontró a su ser querido tan desorientado por las duras condiciones carcelarias que no logró reconocerlos. Algunos políticos de oposición que han estado escondidos durante meses, por temor a la prisión o algo peor, están regresando cautelosamente a la vida pública. Y algunos de los que huyeron del país están empezando a volver.
Los emotivos reencuentros se han desarrollado en imágenes y videos que han circulado ampliamente en redes sociales en las últimas semanas —y se esperan más escenas en los próximos días mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez intenta convencer a la administración Trump de que está cooperando con sus exigencias—.
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En cuestión de semanas, el gobierno reformó su política energética nacionalista que se había mantenido por más de dos décadas. Y ahora, los legisladores se preparan para una votación final sobre una ley de amnistía que podría allanar el camino para la liberación de algunos de los casi 850 disidentes que aún permanecen tras las rejas. También se espera el cierre de la conocida cárcel del Helicoide en Caracas, donde durante años los detenidos han denunciado torturas y otros abusos. Las autoridades afirman que cerca de 900 personas han sido liberadas hasta ahora, mientras que organizaciones independientes solo han podido verificar aproximadamente la mitad.
“Todo cambió después del 3 de enero”, dijo Stalin González, diputado opositor y miembro de la comisión de amnistía que prepara el proyecto de ley, en una entrevista en su oficina en Caracas. Aun así, se mostró reacio a afirmar que el gobierno haya desmantelado definitivamente su aparato represivo.
Los acontecimientos sugieren que los venezolanos podrían estar comenzando a salir de años de miedo, particularmente tras la represión sin precedentes contra la disidencia que siguió a las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, persiste el escepticismo sobre cuán duradero y genuino es realmente este cambio.
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La semana pasada, las autoridades volvieron a detener al exdiputado Juan Pablo Guanipa apenas horas después de su liberación, acusándolo de violar los términos de su excarcelación tras recorrer centros de detención en Caracas con decenas de simpatizantes. Guanipa tiene ahora prohibido hacer declaraciones públicas y permanece confinado en su casa en Maracaibo, con un grillete electrónico y dos funcionarios apostados permanentemente afuera. Desde Washington, la líder opositora María Corina Machado señaló que su abogado, Perkins Rocha —también recientemente liberado— enfrenta restricciones similares.
Sigue sin estar claro si sus casos quedarían finalmente amparados por la amnistía. El proyecto de ley ha generado críticas de expertos, víctimas y familiares, quienes sostienen que su alcance es limitado y deja margen para aplicaciones arbitrarias.
González afirmó que es fundamental que la ley de amnistía no solo libere a los presos políticos, sino que cierre completamente cualquier proceso o investigación en su contra, garantizando, por ejemplo, que quienes están en el exilio no sean arrestados al regresar a Venezuela.
Protestas sin represión
Estudiantes marcharon la semana pasada en Caracas y otras ciudades exigiendo la liberación de presos políticos y “no más abuso de poder”. Trabajadores y familiares de los detenidos se sumaron. A diferencia de meses y años anteriores, el gobierno no intentó reprimir las manifestaciones. Más tarde, Rodríguez dijo sentirse complacida de que una “juventud diversa y plural” pudiera expresarse.
Sin embargo, un líder estudiantil en Caracas, Miguelangel Suárez, afirmó después que fue seguido por un vehículo en lo que describió como “claro hostigamiento” y parte de “las políticas represivas del Estado”.
En enero, Suárez confrontó a Rodríguez durante su visita a la Universidad Central de Venezuela, donde preside la Federación de Centros de Universitarios, exigiendo la liberación de profesores y compañeros detenidos, un gesto que habría sido impensable antes del 3 de enero.
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En una inusual muestra de apertura al diálogo con disidentes, la televisión estatal transmitió imágenes del encuentro. Días después, también emitió imágenes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, visitando una prisión donde hay presos políticos, y donde fue encarado por familiares desesperados.
En enero se registraron 622 protestas pacíficas —un promedio de 21 por día—, un aumento del 53% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En 2025, la actividad de protesta había disminuido drásticamente tras el endurecimiento del control por parte de las autoridades luego de las disputadas elecciones de 2024.
“La gente está comenzando a salir a acelerar el proceso de democratización”, dijo Nicmer Evans, analista político y activista liberado del Helicoide a principios de este año. “Los hermanos Rodríguez no representan un cambio real; representan la permanencia en el poder, pero con una pistola en la cabeza”.
Regreso a la luz pública
Un mes después de las elecciones presidenciales de 2024, la veterana dirigente opositora Delsa Solórzano comprendió que ya no podía permanecer en la vida pública. Agentes no identificados estaban apostados fuera de su casa las 24 horas, vigilándola a ella y a su familia. Se fue con lo que llevaba puesto, dos rosarios y su cédula de identidad, desapareciendo de las calles donde había hecho campaña junto a Machado apenas semanas antes.
Sin tarjeta SIM, dependía del Wi-Fi y la electricidad para mantenerse conectada. Ocupaba su tiempo escribiendo y estudiando, mientras seguía reuniéndose, debatiendo y elaborando hojas de ruta para el futuro con otros dirigentes opositores, reinventando la forma de hacer política sin aparecer en público.
Cuando las autoridades interinas anunciaron el 8 de enero la liberación de presos políticos, fue un momento emocional para Solórzano y otros que habían estado ocultos —y decidieron comenzar a reaparecer—.
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“¿Qué sentimos? Que podemos tener voz otra vez”, dijo Solórzano en una entrevista telefónica, con la voz quebrada. “Los venezolanos estamos apostando por que esto sea verdad, por que sea verdad que la nueva etapa empezó, por que el fin de la persecución haya empezado por fin, por que por fin haya ocurrido el fin del dolor”.
El 5 de febrero, la reconocida locutora radial Shirley Varnagy cerró los ojos y respiró hondo. Durante unos segundos no habló. Se presionó el puente de la nariz, como para serenarse, luego se colocó los audífonos y levantó la mirada.
“Buenos días. Aquí estoy, de regreso”, dijo. “Volvemos a estar juntos”.
Tras cinco meses de silencio después de informar sobre la nominación al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, Varnagy volvió a transmitir en vivo su programa matutino.
El momento llegó apenas un día después de que el corresponsal de la emisora pública internacional alemana DW, Álvaro Algarra, fuera sacado de su casa por la policía y detenido brevemente —un recordatorio de que, aunque voces independientes regresan a las ondas radiofónicas, políticos salen de la clandestinidad y presos son liberados, las tendencias represivas del gobierno no han desaparecido por completo—.
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