Bloomberg — La Asamblea Nacional de Venezuela debatió una reforma que abriría el sector eléctrico del país a la inversión privada, permitiendo a las empresas generar, distribuir y vender energía bajo concesiones del gobierno tras más de 15 años de control estatal.
La propuesta recibió el martes la aprobación preliminar unánime de los legisladores y permitiría a empresas privadas, empresas mixtas y compañías con participación estatal minoritaria operar en el sector junto al Estado, según la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional.
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La legislación, que aún requiere una segunda y definitiva votación, también dice que establecería tarifas diseñadas para reflejar el coste de la prestación del servicio y permitir a los operadores un rendimiento razonable de la inversión.
La revisión del sector eléctrico sigue a una apertura similar de la industria petrolera venezolana y subraya el esfuerzo de la presidenta Delcy Rodríguez por atraer la inversión extranjera a industrias estratégicas después de que EE.UU. suavizara las restricciones impuestas al país. También refleja la creciente preocupación de que la escasez crónica de electricidad se haya convertido en una limitación para los planes de aumentar la producción de petróleo y gas.
“Esta ley modernizaría el país e introduciría empresas privadas para recuperar las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas”, dijo el legislador Ezio Angelini en la televisión estatal.
Las autoridades ya se están moviendo para exigir a las empresas energéticas que proporcionen su propia generación de electricidad para los nuevos proyectos de petróleo y gas porque la red carece de la capacidad y fiabilidad necesarias para soportar el aumento de la producción.
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Los frecuentes apagones han afectado a los campos de la Faja del Orinoco y la región del Lago de Maracaibo, contribuyendo a las pérdidas de producción.
Según el proyecto de ley, el Ministerio de Energía podría otorgar concesiones de hasta 25 años, con prórrogas de hasta 15 años adicionales. El ministerio conservaría la autoridad para revocar las concesiones o intervenir a los operadores en determinadas circunstancias. El proyecto de ley modifica una ley que estableció un monopolio estatal bajo la empresa de servicios públicos Corp. Eléctrica Nacional, conocida como Corpoelec.
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