Bloomberg — La guerra comercial del presidente Donald Trump contra Canadá está permitiendo al primer ministro Mark Carney pisar a fondo el acelerador en una agenda industrial que habría sido muy controvertida hace tan solo unos años.
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Sin un final a la vista para los aranceles estadounidenses, el exbanquero central se ha centrado en eliminar los obstáculos a la inversión, lo que incluye derogar normas introducidas por su predecesor y otorgar al Gobierno nuevas y amplias competencias para acelerar los proyectos de infraestructuras y energía.
El principal objetivo de Carney ha sido un nuevo oleoducto hacia la costa oeste, que la semana pasada fue designado proyecto de interés nacional, lo que en la práctica lo considera preaprobado, sujeto a una serie de condiciones. Su Gobierno también está llevando a cabo una reforma regulatoria de gran alcance, que Carney describió como la reforma más ambiciosa en materia de capacidad de construcción de Canadá en toda una generación.
Para seguir adelante, está recurriendo a una gran reserva de capital político. Sus índices de aprobación han alcanzado nuevos máximos este otoño, y las encuestas muestran un amplio apoyo a sus planes —al menos por ahora—.
Los líderes empresariales, que en un principio se mostraron escépticos ante la promesa de Carney de convertir a Canadá en una superpotencia energética y de flexibilizar las regulaciones de Justin Trudeau que frenaban el desarrollo de los recursos, se están sumando cada vez más a la iniciativa y elogian las políticas favorables a la inversión del primer ministro.
En menos de dos semanas, Carney celebró la primera cumbre de inversión del país, anunció una nueva e importante desgravación fiscal para el gasto de capital y presentó una ley para reformar el proceso de aprobación de proyectos y facilitar el fin de las huelgas laborales.
“Lo llamé ‘los 12 días de Navidad para el sector del petróleo y el gas’”, afirmó Heather Exner-Pirot, directora de energía, recursos naturales y medio ambiente del Instituto Macdonald-Laurier.
Pero no todo el mundo comparte ese espíritu festivo.
Los críticos sostienen que la nueva legislación de Carney corre el riesgo de deteriorar las relaciones con las comunidades indígenas, degradar el medio ambiente y politizar aún más el proceso de aprobación de proyectos, al permitir que el gobierno de turno elija a su antojo los proyectos a los que quiere dar luz verde.
“Se trata de un cambio tectónico en la forma en que el Gobierno federal aborda la revisión y aprobación de grandes proyectos. Y, en general, supone un importante paso atrás en numerosos frentes desde el punto de vista de la protección medioambiental”, afirmó David Wright, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Calgary.
El proyecto de ley C-39, conocido como “Ley para fortalecer Canadá”, reduciría a un año el plazo para que el Gobierno federal tome decisiones sobre todos los proyectos. Además, obligaría a los ministerios a realizar evaluaciones simultáneas, en lugar de secuenciales, con una mayor coordinación para que cada proyecto se someta a una única revisión. La legislación se basa en el proyecto de ley C-5, una ley que el Gobierno aprobó el año pasado para agilizar los grandes proyectos considerados de interés nacional.
Pero la Ley para fortalecer Canadá va mucho más allá de la mera agilización del proceso de solicitud.
Permitiría al Gobierno preaprobar proyectos, sujetos a determinadas condiciones, en zonas que designe como regiones de interés nacional. El Gobierno afirma que una zona solo obtendría esa designación tras una evaluación destinada a identificar los tipos de actividades que se permitirían en ella y las medidas de mitigación que se exigirían.
La legislación también otorgaría a los ministros mayor discrecionalidad sobre proyectos concretos, permitiéndoles, en algunos casos, ordenar que se inicien las obras antes de que se apruebe un proyecto y modificar o eximir del cumplimiento de las condiciones medioambientales asociadas al mismo.
La ampliación de la infraestructura energética y comercial de Canadá es parte integral del plan de Carney para que el país se diversifique más allá de EE.UU., que fue el destino del 85% de las exportaciones energéticas canadienses el año pasado. Carney ha defendido sus reformas normativas, argumentando que fue elegido para que Canadá volviera a la senda de la construcción.
“Década tras década, año tras año, construimos cada vez menos. Añadimos más y más restricciones”, afirmó Carney el mes pasado. “Identificamos ese problema en un momento de gran riesgo para nuestro país, cuando nuestra soberanía se veía amenazada y, en cierta medida, sigue estándolo”.
Carney tomó las riendas del Partido Liberal de Canadá de manos de Trudeau el año pasado y ha cambiado radicalmente su política energética. Exner-Pirot atribuye este cambio en gran parte a las tensiones comerciales con EE.UU., que “nos sacaron de nuestra complacencia” y pusieron de relieve que los recursos naturales son “la opción más accesible para diversificar las relaciones comerciales”.
El otro factor, según ella, es el repunte de los precios de las materias primas. Tanto las tensiones geopolíticas como el auge de los centros de datos están ejerciendo una presión al alza sobre la demanda energética, tendencias que ya han resultado ser una bendición para las empresas energéticas canadienses.
“Solo en una fase bajista de las materias primas podría Justin Trudeau ser primer ministro de Canadá. Y en una fase alcista, el coste de mostrarse contrario al petróleo y al gas en Ottawa es demasiado elevado”, afirmó.
Política de oleoductos
El proyecto de ley también otorga al Gobierno más peso en la aprobación de oleoductos antes de que concluyan las evaluaciones federales. En el caso de los oleoductos que supongan más de 300 kilómetros (186 millas) de nuevo trazado, el Regulador de Energía de Canadá (CER) deberá presentar un informe al Consejo de Ministros sobre el proyecto en un plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud. Si el Consejo de Ministros da luz verde, el CER continuará entonces con su evaluación para decidir qué condiciones deben imponerse.
“Simplemente no creo que se pueda llevar a cabo una revisión efectiva de una propuesta en un plazo de seis meses”, afirmó George Vegh, expresidente del consejo de administración de la Autoridad Reguladora de la Energía de Canadá, en una entrevista.
Vegh señaló que uno de los retos de un plazo de revisión más corto es que puede llevar tiempo consultar a las comunidades indígenas, que a menudo quieren contratar a sus propios expertos para evaluar las propuestas.
El proyecto de ley C-39 permitiría al Gobierno ampliar el plazo de revisión de un proyecto si fuera necesario para llevar a cabo las consultas con las comunidades indígenas.
Vegh señaló que algunos elementos de la nueva legislación, como una mayor coordinación de los permisos federales, mejorarán el proceso. Sin embargo, añadió que el proyecto de ley consolida un importante escollo de las revisiones de proyectos al mantener el poder de decisión definitivo en manos del Consejo de Ministros.
“Si se desea un proceso predecible, es preciso conocer cuáles son las normas. Estas deben ser vinculantes y no estar diseñadas en beneficio de proyectos concretos”, afirmó Vegh.
Una encuesta realizada por Abacus Data y Vantage reveló que dos tercios de los canadienses desean que los grandes proyectos se construyan más rápidamente, pero hay menos apoyo a la idea de acortar las evaluaciones medioambientales o aprobar proyectos sin el respaldo de las comunidades indígenas.
A los defensores del medio ambiente les preocupa esta situación. Por ejemplo, el proyecto de ley permitiría a los promotores de proyectos que pudieran perjudicar a los peces realizar aportaciones a un fondo en lugar de compensar ellos mismos el impacto. Además, se exigiría a los responsables de la toma de decisiones que tuvieran en cuenta la “viabilidad técnica, económica y práctica” de cualquier condición que impusieran.
“El proyecto de ley C-39 no es una reforma meditada”, afirmó Charlie Hatt, director de clima de Ecojustice, una organización benéfica dedicada al derecho medioambiental. “Este proyecto de ley allana el camino para proyectos masivos de petróleo y gas que no harán más que agravar los fenómenos meteorológicos extremos que ya están perjudicando nuestra salud y amenazando a nuestras comunidades”.
--Con la colaboración de Mario Baker Ramírez.
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