Bloomberg — El gobierno de Estados Unidos otorgó un lucrativo contrato a una compañía de análisis de criptomonedas sin someterlo a licitación pública, lo que desencadenó una batalla legal y abrió nuevos motivos de crítica sobre la tendencia de la administración Trump a realizar contratos directos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo en julio para pagar a TRM Labs Inc. US$95 millones por un software para rastrear los movimientos de criptomonedas, como también por personal para analizar los datos subyacentes, según un documento publicado en una página web gubernamental.
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Dicho contrato forma parte de la iniciativa de la Casa Blanca que busca combatir el creciente número de estafas relacionadas con las criptomonedas que afectan a los estadounidenses, y el monto es considerable para una compañía como TRM.
El acuerdo, de un año de duración, llevó a uno de los competidores de TRM, Chainalysis, a demandar a la administración Trump. Chainalysis alega que el proceso de adjudicación del contrato fue “arbitrario, caprichoso e irrazonable”.
Aunque TRM se diferencia de sus competidores, entre otras cosas por la forma en que obtiene los datos, sus rivales señalan que ellos también cuentan con sus propias cualidades distintivas.
Además, varias agencias federales que llevan a cabo operaciones de lucha contra el fraude y los delitos informáticos ya usan herramientas creadas por los competidores de TRM, como Chainalysis y Mitre, según los contratos ya divulgados.
En un comunicado, la Casa Blanca no abordó las preguntas sobre el contrato de TRM, aunque sí hizo referencia a las iniciativas dirigidas en contra del robo cibernético que el contrato prevé abordar.
“La administración Trump está emprendiendo una campaña agresiva para acabar con estas organizaciones delictivas y desmantelarlas desde la raíz”, declaró Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca.
TRM Labs y Chainalysis declinaron hacer comentarios.
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La adjudicación del contrato a TRM es el último ejemplo de cómo la administración Trump concede contratos sin licitación que suscitan polémica.
Otras adjudicaciones similares incluyen el Reflecting Pool (piscina reflectante) del National Mall, cuya renovación y posteriores reparaciones terminaron costando unos US$16 millones; el nuevo salón de baile del ala este de la Casa Blanca, cuya construcción se prevé que cueste hasta US$600 millones; y los servicios jurídicos para menores migrantes, que costaron US$158 millones, según los registros e informaciones de los medios de comunicación.
De acuerdo con una base de datos pública de adjudicaciones federales, el total de este tipo de contratos se disparó a US$263.000 millones en 2025, el nivel más elevado en más de una década.
Sus críticos, entre los que se encuentran organismos de control gubernamental y algunos senadores estadounidenses, sostienen que la administración Trump está destinando miles de millones de dólares de fondos públicos a contratistas que no han demostrado ser los más cualificados ni ofrecer precios razonables.
“La administración está gastando dinero sin seguir las mejores prácticas, y eso les costará dinero a los contribuyentes durante los próximos años”, dijo Scott Amey, asesor jurídico de la organización sin fines de lucro Project On Government Oversight (Proyecto de supervisión gubernamental).
Medidas enérgicas contra la delincuencia
El contrato con TRM Labs surge de una orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump en marzo, en la que se ordenaba a las agencias federales que tomaran medidas enérgicas contra los ataques depredadores de centros de estafa y organizaciones criminales transnacionales que a menudo cuentan con la ayuda de regímenes extranjeros.
El programa se centra en la prevención de estafas mediante IA, el contacto con las víctimas y el monitoreo en tiempo real de los intentos de estafa, según un documento judicial presentado por Chainalysis. Asimismo, busca recuperar los bienes robados a través de delitos cibernéticos y en casos de extorsión sexual, de acuerdo con el documento.
La lucha contra las estafas ha sido un tema recurrente durante el segundo mandato de Trump.
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En abril de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) disolvió su unidad de control de criptomonedas y emitió directrices que priorizaban los enjuiciamientos relacionados con cárteles de la droga, organizaciones transnacionales, financiación del terrorismo y tráfico de personas.
Sin embargo, las víctimas en EE.UU. y en el extranjero declararon ante el FBI que perdieron casi US$21.000 millones a causa de la ciberdelincuencia en 2025, lo que supone un aumento de más del 25% con respecto al año anterior. Las pérdidas relacionadas con las criptomonedas representaron más del 50% de ese total.
Para justificar la contratación directa de TRM, la administración aseguró que se trata de “el único proveedor capaz de proporcionar la gama completa de servicios tecnológicos, de datos y de apoyo operativo”.
Según un documento público, ocho compañías respondieron a una solicitud inicial de información del DHS en mayo, aunque en dicho documento no se especificaba cuáles eran esas empresas. El gobierno federal llegó a la conclusión de que todos los demás contratistas, excepto TRM, “carecían de una o varias capacidades fundamentales necesarias”.
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