Bloomberg Línea — Un juez federal de Miami concedió el martes una indemnización por daños y perjuicios de más de US$314 millones a tres ciudadanos estadounidenses que afirmaron haber sido encarcelados y torturados por el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro.
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El fallo, de 19 páginas, responsabiliza al gobierno de Maduro de liderar una “empresa criminal” que secuestró y torturó a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval entre 2022 y 2023, como parte de una estrategia de presión para lograr la liberación de su aliado Alex Saab, quien estaba detenido en EE.UU. por lavado de dinero.
El juez Darrin P. Gayles dictó una sentencia en rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco exfuncionarios, así como contra el Cartel de los Soles, tras no responder a la demanda, y señaló que los secuestros sirvieron para apoyar el “gobierno dictatorial”.
La demanda fue presentada bajo la Ley Federal Antiterrorista de EE.UU. Los demandantes —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval— acusaron a la inteligencia militar venezolana de mantenerlos en celdas de aislamiento y someterlos a golpizas, descargas eléctricas, posiciones de estrés y privación de alimentos.
Los tres estadounidenses fueron parte de los 10 ciudadanos estadounidenses liberados por Venezuela en diciembre de 2023 como parte de un intercambio secreto de prisioneros negociado por la administración Biden.
A cambio, Washington liberó a Saab, acusado por los fiscales estadounidenses de blanquear cientos de millones de dólares mediante contratos con el gobierno de Maduro.
Quién es el juez Darrin P. Gayles
El juez Gayles fue nombrado por Barack Obama en 2014 y confirmado por el Senado estadounidense con 98 votos a favor y cero en contra. Con este nombramiento, se convirtió en el primer juez federal afroestadounidense abiertamente gay del país.
Gayles, nacido en 1966, tiene una larga trayectoria en el sur de la Florida. Antes de llegar al tribunal federal, se desempeñó como fiscal adjunto en la Fiscalía de Miami-Dade, como abogado del Servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS) y como fiscal federal adjunto.
En su cargo actual, ha manejado casos de alta relevancia: en abril de 2026, fue él quien desestimó la demanda por difamación de US$10.000 millones presentada por Donald Trump contra el Wall Street Journal y su empresa matriz News Corp.
Acusaciones de tortura
La denuncia de los tres ciudadanos estadounidenses acusa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) de llevar a cabo torturas sistemáticas bajo la dirección de Maduro, que ejercía como presidente desde 2013.
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Kenemore pasó 643 días detenido tras ser secuestrado en la frontera colombiana, donde sufrió palizas, asfixia inducida y privación de alimento. Marval denunció descargas eléctricas y fracturas en la espalda por las golpizas, mientras que Saad sufrió lesiones permanentes en un brazo debido a posiciones de estrés forzadas durante su cautiverio.
Para fijar la indemnización, el juez Gayles aplicó una fórmula de US$20.127 por cada día de cautiverio, suma que se triplicó en cumplimiento de las leyes antiterroristas.
El fallo excluyó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según reportó The Associated Press, sus abogados se presentaron en abril para pedir la desestimación argumentando que tiene inmunidad civil como jefa de Estado. Tampoco se incluyó en el fallo a la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela).
Sigue siendo incierto si Kenemore, Saad y Marval acabarán cobrando los US$314 millones, ya que la ejecución de sentencias contra funcionarios extranjeros suele depender de la localización de activos que puedan ser legalmente incautados en Estados Unidos u otras jurisdicciones, según explicó el Miami Herald.
Aun así, la resolución representa una de las mayores indemnizaciones civiles jamás obtenidas por ciudadanos estadounidenses que alegan tortura a manos de las autoridades venezolanas, y constituye una de las condenas judiciales más contundentes hasta la fecha contra el gobierno de Maduro.
Este recurso civil corre en paralelo al proceso penal por narcotráfico que enfrenta Maduro en Nueva York, donde se encuentra detenido tras ser capturado por fuerzas estadounidenses durante una redada en Caracas el pasado 3 de enero, y donde también está recluida su esposa, Cilia Flores, a la espera de juicio.
Por su parte, Saab, señalado por la justicia de EE.UU. como testaferro de Maduro, afronta cargos por lavado de dinero en Miami, tras ser extraditado en mayo.
