Bloomberg — Un juez estadounidense ordenó a las autoridades de Trump que cubran totalmente el costo de los beneficios de ayuda alimentaria para más de 42 millones de estadounidenses elegibles este mes, rechazando un plan de la administración de financiar solo parcialmente el programa durante el cierre del gobierno.
La orden del juez de distrito estadounidense John McConnell del jueves significa que el Departamento de Agricultura de EE.UU. debe recurrir a fondos de reserva alternativos para enviar a los estados los US$8,5 mil millones a US$9 mil millones necesarios este mes para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, ya que el estancamiento presupuestario en el Congreso se prolonga.
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La administración se había comprometido previamente a cubrir el 65% de las prestaciones este mes tras perder una ronda anterior en los tribunales, al tiempo que advertía de que el proceso de recálculo probablemente causaría semanas o incluso meses de retrasos.
McConnell dijo que la administración debe poner todos los fondos a disposición de los estados antes del viernes. Consideró que los funcionarios no habían cumplido su orden anterior y que el “daño irreparable” continuaba “minuto a minuto”.
“Las pruebas demuestran que la gente pasará hambre”, dijo el juez.
McConnell rechazó los argumentos de un abogado del Departamento de Justicia de que la administración había hecho todo lo posible para cumplir al poner a disposición de los estados la financiación parcial a principios de semana. El gobierno federal no podía controlar la rapidez con la que los estados recalculaban las cantidades que los hogares tenían derecho a recibir y procesaban las prestaciones revisadas, dijo el abogado del gobierno.
El juez dijo que su orden original era clara en el sentido de que la administración solo podía elegir la opción de financiación parcial si podía garantizar que el dinero estaría disponible para los beneficiarios del SNAP esta semana. Si no podía garantizar eso, dijo, los funcionarios estadounidenses estaban obligados a realizar inmediatamente el pago completo en su lugar y evitar cualquier carga administrativa, incluso si los retrasos se debían a problemas a nivel estatal.
Sin nada
“La gente ha estado sin cobrar durante demasiado tiempo”, dijo McConnell. “No pagarles ni un día más es sencillamente inaceptable”.
El Departamento de Justicia notificó a McConnell más tarde el jueves que apelará su orden. Un portavoz del departamento declinó hacer comentarios.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, que representa a los demandantes en el caso de Rhode Island, dijo en un comunicado que “esta decisión inmoral e ilegal de la administración ha retrasado vergonzosamente los pagos del SNAP, quitando comida de la mesa de familias hambrientas. No deberíamos tener que obligar al Presidente a atender a sus ciudadanos, pero haremos lo que sea necesario para proteger a las personas y a las comunidades.”
McConnell, que reside en Rhode Island, dictaminó previamente que la suspensión del SNAP por parte de la administración durante el cierre es probablemente ilegal. Ordenó al Departamento de Agricultura que al menos utilizara un fondo de contingencia para pagar las prestaciones de noviembre, y que lo hiciera rápidamente, o que considerara la posibilidad de utilizar otras reservas disponibles para evitar un déficit, principalmente un fondo del programa de nutrición infantil que se nutre de los derechos de aduana estadounidenses.
La administración había dicho a McConnell en una presentación judicial anterior que el fondo de contingencia solo tenía dinero suficiente para cubrir el 50% de las prestaciones de noviembre. Sin embargo, la noche anterior a la audiencia del jueves, los abogados del gobierno alertaron al juez de que el fondo de contingencia podía financiar alrededor del 65%, explicando que el Departamento de Agricultura realizó “cálculos adicionales” y notificó rápidamente a los estados tras darse cuenta del “error”.
La coalición de organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias y ciudades que presentó la demanda en Rhode Island acusó a la administración de incumplir la orden de restricción temporal de McConnell del 31 de octubre. Alegaron que los funcionarios tomaron una decisión ilegal “arbitraria y caprichosa” de no utilizar los fondos del programa de nutrición para cubrir totalmente las prestaciones de noviembre y de dar largas a la hora de poner el dinero a disposición de los estados lo antes posible.
Comidas escolares
El Departamento de Justicia argumentó que la administración decidió “razonablemente” no transferir dinero del fondo del programa de nutrición infantil para cerrar la brecha de los beneficios del SNAP de noviembre. El gobierno dijo que había “preocupaciones calamitosas” de que tal movimiento “haría un agujero” en una reserva utilizada para pagar las comidas escolares, entre otras cosas.
Durante una vista judicial el jueves, un abogado de los grupos que demandaron dijo que la justificación de la administración para no utilizar ahora el fondo de nutrición infantil era inverosímil, ya que esa medida solo afectaría a los niveles de financiación de esos programas si el cierre se prolongara hasta el próximo verano.
McConnell se mostró de acuerdo con los demandantes, afirmando que el razonamiento del gobierno para no transferir dinero de la reserva alternativa era “increíble” y no estaba respaldado por las pruebas.
La administración se enfrenta al menos a tres demandas por la suspensión del SNAP. Una juez federal de Massachusetts indicó que probablemente fallaría en contra del gobierno en un caso presentado por funcionarios demócratas de más de dos docenas de estados y del Distrito de Columbia, pero aún no ha ordenado formalmente al gobierno que actúe.
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Una demanda colectiva propuesta en nombre de personas que dependen del programa de ayuda alimentaria fue presentada a principios de esta semana en un tribunal federal de California.
El caso es Consejo Estatal de Iglesias de Rhode Island contra Rollins, 25-cv-569, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Rhode Island (Providence).
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