La fragmentación del Congreso peruano y el regreso del sistema bicameral podrían actuar como un factor de contención frente a escenarios de mayor volatilidad política, según un informe de Fitch Ratings. La agencia sostiene que, aunque la gobernabilidad seguirá siendo un desafío estructural, la dispersión del poder legislativo tiende a limitar la adopción de cambios de política más extremos.
Perú llega a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio en un contexto de elevada incertidumbre política. La derechista Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, aparecen empatados en las encuestas, con propuestas económicas que difieren de forma marcada en materia fiscal, rol del Estado y reformas estructurales.
En paralelo, las elecciones legislativas de abril dejaron un Congreso fragmentado entre fuerzas de derecha, centro y izquierda, lo que dificulta la construcción de mayorías estables. A esto se suma la reintroducción de un Senado de 60 bancas, con representación distribuida entre varias fuerzas políticas, lo que añade una nueva capa al proceso legislativo.
Para Fitch, este diseño institucional puede funcionar como un amortiguador político. En particular, el nuevo Senado tiene capacidad de veto sobre reformas constitucionales y también puede intervenir en procesos de destitución, lo que reduce el margen para cambios abruptos de rumbo en la política económica.
La agencia advierte, sin embargo, que la capacidad de gobernar seguirá dependiendo de acuerdos entre bloques en un Congreso dividido. En este esquema, la articulación con fuerzas de centro aparece como un elemento clave para aprobar reformas y sostener proyectos de inversión, especialmente en minería e infraestructura.
Consolidación fiscal
Pese al contexto político, Fitch destaca que la inestabilidad no ha interrumpido el proceso de consolidación fiscal. El déficit del gobierno general se redujo a 1,9% del PBI en los últimos doce meses hasta abril de 2026, por debajo del cierre de 2025, y se mantiene en niveles inferiores al promedio de países con calificación “BBB”.
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El desempeño fiscal ha sido favorecido por un aumento de los ingresos, en un contexto de precios elevados del cobre y el oro, además de una actividad económica relativamente sólida. También influyeron factores extraordinarios, como ingresos impositivos no recurrentes.
La agencia no prevé que Perú alcance su meta de déficit para 2026, debido a la incertidumbre electoral y a una posible desaceleración de la recaudación. Aun así, destaca como fortaleza el bajo nivel de deuda pública, cercano al 30% del PBI, significativamente inferior al promedio de la categoría.
En términos de actividad, la economía mostró resiliencia en 2025, con un crecimiento de 3,4%, y una aceleración en los primeros meses de 2026. Para el resto del año, Fitch espera una moderación, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y factores externos como el aumento del precio del petróleo.
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Finalmente, el informe señala que la condición de importador neto de petróleo expone a Perú a presiones inflacionarias y fiscales, aunque este efecto es parcialmente compensado por el ingreso de divisas asociado a los altos precios de los metales y por el nivel elevado de reservas internacionales.