Durante casi 50 años, desde que el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, mostró un enorme coraje al llevar las tasas de interés al 20% para derrotar una inflación desbocada, la independencia de los bancos centrales ha servido extraordinariamente bien a la economía global. Ha permitido una prosperidad histórica y suavizado los ciclos de auge y caída. Ese mismo éxito —y el poder otorgado a los responsables de política económica— también ha tenido un costo que, según los legisladores, ahora debe pagarse.
Los bancos centrales, al actuar con independencia de los ciclos electorales para orientar la economía, han hecho un trabajo sobresaliente al responder a los vaivenes de los precios y el empleo, así como a las fuertes oscilaciones de los mercados de capitales. Pero no siempre acertaron. Llegaron tarde a la hora de enfrentar la crisis bancaria de 2007-2009, mantuvieron las tasas de interés demasiado bajas durante demasiado tiempo en los años posteriores, lo que generó acusaciones de haber alimentado burbujas en los mercados financieros e inmobiliarios, y dejaron que la inflación se les escapara de las manos cuando las economías reabrieron tras la pandemia de Covid-19. También está la percepción de extralimitación. Se acusa a los banqueros centrales de utilizar su tan valorada autonomía para influir en enfoques nacionales sobre cuestiones que corresponden más propiamente a los parlamentos y los gobiernos, como el medio ambiente, la equidad social y la política de Estado.
Los políticos pueden insistir en que respaldan la independencia de los bancos centrales, pero ahora quieren reducir lo que los responsables de política monetaria pueden hacer, cómo pueden hacerlo y cuándo pueden hacerlo. Sin embargo, nunca hubo argumentos más sólidos a favor de la libertad para implementar políticas. La capacidad de los bancos centrales de actuar con decisión cuando otros brazos del Estado se quedan cortos es esencial para navegar un siglo marcado por políticos populistas decididos a limitar cualquier autoridad que actualmente escape a su control.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere tener voz en la política monetaria. Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, afirmó cuando era alcalde de Manchester que el país estaba a merced de los mercados de bonos, una condena implícita al Banco de Inglaterra. (Desde entonces, Burnham ha buscado mostrarse más favorable a los mercados). Mientras tanto, el creciente bloque antisistema de Nigel Farage tiene al Banco de Inglaterra en la mira. Los euroescépticos cuestionan el enorme alcance del Banco Central Europeo; los candidatos de extrema derecha, que muestran un impulso creciente en las encuestas, quieren que la política responda a prioridades locales en lugar de necesidades regionales. Incluso líderes de la corriente principal han encontrado formas de limitar a bancos centrales independientes. Nueva Zelanda rechazó solicitudes de financiamiento del Banco de la Reserva y le quitó algunas responsabilidades.
Esto es oportunismo en su peor expresión. Si los bancos centrales pasan a estar subordinados a las prioridades políticas, las expectativas de inflación probablemente perderían su anclaje, las tasas de interés tenderían a fluctuar más y la confianza de los inversores sería más frágil. La historia ofrece una lección sobre lo que ocurre cuando falta independencia. En la década de 1970, un período caracterizado por recesiones intermitentes y una inflación desbordada, los antecesores de Volcker pensaban que los problemas eran insuperables. En Gran Bretaña, las tasas subieron y bajaron de manera drástica —a veces en apenas 24 horas— antes de que Whitehall finalmente cediera el control al Banco de Inglaterra.
Los bancos centrales no pueden estar por encima de la rendición de cuentas. Reciben sus mandatos de los parlamentos; la independencia no es un derecho adquirido, sino algo que debe ganarse. Para tener libertad de maniobra y cumplir eficazmente sus funciones —entre las que mantener la estabilidad de precios ocupa un lugar primordial—, la sociedad necesita comprender, confiar y respaldar sus decisiones. En la práctica, esto implica someterse a revisiones frecuentes, algo que los funcionarios suelen recibir formalmente con agrado, pero que en privado contemplan con ansiedad. La investigación sobre las previsiones del Banco de Inglaterra realizada por el expresidente de la Fed Ben Bernanke en 2024 fue un buen ejemplo. Detectó deficiencias en las proyecciones y la comunicación del banco, fallas que su presidente se comprometió a corregir. Un histórico informe de 2023 sobre el Banco de la Reserva de Australia concluyó que la institución era demasiado cerrada y que podía mejorar considerablemente la forma en que explicaba su enfoque al público. El mandato del Banco de Canadá se renueva cada cinco años, y la última evaluación debería concluir en los próximos meses.
Aceptar estas evaluaciones sin alterar las responsabilidades fundamentales es la clave para preservar la solidez y la independencia en el siglo XXI. Si un sistema monetario fuera diseñado desde cero, tendría muchos de los atributos de los mejores bancos centrales: un alto grado de autonomía para perseguir los objetivos que le encomiendan los poderes legislativos, conocida como autonomía operativa; objetivos claros sujetos a ajustes periódicos y una herramienta de poderes de emergencia que les permita actuar fuera de su mandato durante las crisis: una suerte de economía de guerra.
Debe existir un consenso dentro del sistema político y financiero sobre cuál es exactamente su función, cuáles son los límites de su alcance y cuándo esos límites pueden dejarse de lado en situaciones de emergencia. “En un mundo donde las condiciones se vuelven más difíciles, el desafío ya no consiste simplemente en mantener la independencia legal, sino, sobre todo, en preservar la credibilidad necesaria para ejercerla”, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un discurso del 28 de mayo.
Más que nunca, las economías necesitan banqueros centrales que aporten credibilidad. Los shocks inflacionarios podrían volverse más frecuentes, y los inversores están cada vez más preocupados porque los legisladores no tienen una estrategia para colocar los abultados déficits fiscales en una senda sostenible. El temor es que los bancos centrales reciban la orden de ayudar directamente a financiar el endeudamiento de los gobiernos, un enfoque conocido como monetización de la deuda y que, salvo en situaciones de emergencia, ha sido mal visto. Ya se observan señales de esa preocupación en los mercados globales de bonos, donde los rendimientos han trepado a máximos de varios años. El salto elevó los costos de endeudamiento para gobiernos, empresas y consumidores.
Hasta que la independencia se generalizó en la década de 1990, muchas economías eran dirigidas por los gobiernos y quedaban sujetas a períodos alternados de expansión vertiginosa seguidos de dolorosas contracciones. Ceder parte de la autoridad a los bancos centrales no tenía como objetivo eliminar esos ciclos, sino suavizarlos y, cuando se produjeran crisis, gestionar sus consecuencias. Para Andy Haldane, ex economista jefe del Banco de Inglaterra, el punto culminante fueron los años entre el triunfo de Volcker y la Crisis Financiera Global, que marcaron una ruptura fundamental. “La confianza política y pública se ha ido erosionando”, me dijo.
La crisis y la pandemia desdibujaron las fronteras entre la política fiscal y la monetaria, cuando los bancos centrales compraron enormes cantidades de bonos gubernamentales. Esas intervenciones radicales, aunque justificadas ante la posibilidad de un colapso de la economía mundial, llevaron a los responsables de política monetaria a incursionar en ámbitos de los negocios y las finanzas que antes temían tocar. Para fines de 2021, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón habían comprado en conjunto US$57 billones en activos, gran parte de ellos deuda soberana. En la década previa a la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. en 2008, la cifra había rondado los US$10 billones. El objetivo era respaldar los sistemas financieros de las economías más importantes del mundo inyectando efectivo y reduciendo las tasas de largo plazo cuando las tasas oficiales de corto plazo ya estaban cerca de cero. Pero, en última instancia, esto las involucró en la política fiscal y dificultó el retiro de los estímulos.
Volcker sabía muy bien que el Congreso y la Casa Blanca podían socavarlo si se mostraban demasiado descontentos. En una entrevista para el libro The Great Inflation and Its Aftermath, de Robert J. Samuelson, dijo que la Fed “debe ser independiente de los intereses políticos particulares. Pero... no se puede simplemente hacer algo que esté fuera de los límites de lo que la gente puede entender, porque la independencia no durará mucho si se hace eso”.
Y así fue. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sostenido que la Fed se extralimitó en su mandato al asumir demasiadas tareas, que confía excesivamente en sus modelos y que se ha convertido en una burocracia sobredimensionada. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, se ha hecho eco de las opiniones de Bessent y agregó que el banco central se alejó de su función fundamental de controlar la inflación, incursionó imprudentemente en cuestiones de Estado y se involucró en asuntos como la desigualdad y el cambio climático.
Estas afirmaciones, aunque contienen un elemento de verdad, también responden a intereses propios. Otros poderes del Estado alentaron a las autoridades monetarias a intervenir en áreas que antes estaban fuera de sus límites cuando fue necesario tomar medidas sin precedentes. Con demasiada frecuencia, las críticas están cargadas de ideología o no son más que intentos obsesivos de revisar decisiones con las que los legisladores no estuvieron de acuerdo. Eso, a su vez, lleva a los defensores del statu quo a encerrarse en sí mismos. Se genera un círculo vicioso. Lo que está en juego es demasiado importante para permitirlo.
A lo largo de la historia, cuando no estuvieron excesivamente limitados, los bancos centrales han servido a los intereses nacionales de maneras creativas. El Banco de Inglaterra financió guerras contra Francia, y los prestamistas de Ámsterdam mantuvieron el flujo de efectivo hacia la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Poseyeron ganado y aerolíneas y se convirtieron en actores diplomáticos. Incluso enviaron agentes al terreno para controlar el precio de los chiles en Indonesia.
Fijar el precio del dinero es una de las funciones más esenciales de cualquier Estado. Pero no será lo único que se les exigirá a los bancos centrales. La economía mundial enfrenta enormes desafíos en el siglo XXI. Los responsables de política necesitan mandatos claros, respaldados por la sociedad, para actuar con rapidez y, en ocasiones, con firmeza. Necesitan comunicarse con claridad y colaborar cuando corresponda, sin tener que temer que serán atacados injustamente cuando cometan errores. Han sido designados por representantes del pueblo para hacer un trabajo. Hay que dejarlos hacerlo.
