Las imágenes fueron históricas: el director de la CIA, John Ratcliffe, junto a funcionarios del gobierno cubano, sin más contexto que la mención del lugar, La Habana. El mensaje, sin embargo, no necesitaba explicación: la visita de la semana pasada del rostro público de una institución asociada desde hace tiempo a innumerables conspiraciones, reales o imaginarias, contra Cuba sugiere que el tiempo para el régimen comunista de la isla se ha terminado.
La nueva ronda de sanciones agresivas de Estados Unidos, anunciada el lunes, llega en medio de una creciente frustración en Washington con los dirigentes cubanos, y de especulaciones cada vez mayores sobre posibles ataques militares. Tras casi setenta años en el poder, la dictadura cubana tal y como la conocemos está más cerca que nunca de un punto de ruptura irreversible.
La administración Trump pareciera decidida a perseguir un cambio de régimen, quizá incluso más ahora que lucha por asegurar un resultado decisivo en Irán y busca una victoria geopolítica contundente en otros escenarios.
Independientemente de las exigencias que la Casa Blanca haya planteado a puerta cerrada en La Habana, conviene prestar atención a la advertencia pública de Ratcliffe: no repitan el error que cometió Nicolás Maduro en Venezuela y subestimen las ambiciones expansionistas del presidente Donald Trump.
Aunque algunos sectores de la cúpula cubana prefirieran el martirio, la opción más racional sería aceptar las reformas radicales que exige Washington: la liberación de los presos políticos, una vía para la apertura política, medidas encaminadas a fortalecer el sector privado y cierto realineamiento geopolítico. EE.UU. también querría ver un trato preferencial para las compañías estadounidenses.
A cambio del alivio de las sanciones, el apoyo financiero y tal vez el paso seguro al exilio para ciertas figuras destacadas, el régimen tendría que renunciar a las doctrinas que sostuvieron la revolución castrista durante décadas. Se trata de una perspectiva humillante para un movimiento tan ferozmente nacionalista.
Las alternativas viables prácticamente han desaparecido.
La Habana rechazó imprudentemente el acuerdo, mucho más ventajoso, que le ofreció la administración del presidente Barack Obama, cuando las relaciones se distendieron brevemente.
Si los responsables cubanos ahora necesitan asesoramiento para conciliar la realpolitik con la retórica marxista, podrían pedirle algunos consejos a su antigua aliada y recién convertida entusiasta de EE. UU., Delcy Rodríguez.
La falta de opciones de Cuba se ve agudizada por su creciente aislamiento geopolítico, su extrema fragilidad económica y el cruel embargo petrolero impuesto por EE.UU. a inicios de este año. Venezuela fue, hasta hace poco, el último gran benefactor de Cuba; sin embargo, los flujos de crudo se paralizaron tras la caída de Maduro y el repentino acercamiento de Rodríguez a Washington.
A pesar de que la revolución cubana sigue teniendo un enorme peso simbólico para los movimientos de izquierda de toda Latinoamérica y el mundo, pocos gobiernos se muestran dispuestos a enfrentarse a Trump, por lo que a estas alturas ya es una causa perdida.
Mientras tanto, Rusia está consumida por su guerra en Ucrania, cada vez más costosa. Y China ve esta vieja versión del socialismo revolucionario como una reliquia de otra época. Y probablemente Pekín sería el primero en dar lecciones a La Habana sobre las virtudes del capitalismo de Estado.
El segundo gran problema que enfrenta la élite cubana es la disposición cada vez más agresiva de la Administración Trump a atacar a sus adversarios con sanciones y acusaciones judiciales.
Desde la extradición del escandaloso financiero de Maduro, Alex Saab, hasta la acusación contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, los tribunales de EE.UU. pueden a veces infligir más daño personal que un conflicto militar.
La amenaza legal que se cierne sobre Raúl Castro, que sigue siendo el máximo poder del régimen a sus casi 95 años, y su círculo más cercano podría convertirse en un poderoso impulsor del cambio: según informes, Washington prepara una acusación contra Castro que podría hacerse pública esta misma semana.
Además, EE.UU. acaba de imponer sanciones a GAESA, el conglomerado administrado por el ejército que funciona como un Estado dentro del Estado, junto con una empresa minera cubano-canadiense dedicada al refinado de níquel y cobalto.
El gobierno de Cuda se ha visto obligado a admitir que el país se quedó sin diésel y fuelóleo en medio de apagones continuos y un resurgimiento de airadas protestas callejeras.
Sobre el terreno, las autoridades ya preparan a la población para una posible intervención militar extranjera. CNN reveló que el ejército estadounidense ha realizado decenas de vuelos de recopilación de inteligencia cerca de las principales ciudades cubanas desde febrero; el régimen habría adquirido drones de ataque para utilizarlos contra la base estadounidense de Guantánamo.
Polymarket sitúa actualmente las probabilidades de una acción militar estadounidense antes de fin de año en 45%, frente al 35% de hace un mes.
No obstante, un conflicto armado prolongado sería desastroso para ambas partes, sobre todo porque EE.UU. nunca ha dominado el arte de fabricar democracias por la fuerza.
Se requiere un enfoque más transaccional, moldeado por la creciente campaña de presión de Washington, que probablemente implicará el tipo de sorpresa táctica que se vio con la salida de Maduro a principios de 2026.
Aunque Cuba y Venezuela difieren en aspectos cruciales, la Casa Blanca podría intentar una fórmula similar en La Habana: una cara nueva que administre gran parte del antiguo sistema, al menos temporalmente, siempre y cuando se alinee con los intereses estratégicos de Washington.
Más ejecutor que negociador, Ratcliffe transmitió otro mensaje durante su breve visita a La Habana: Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio con el Gobierno cubano sobre temas económicos y de seguridad, pero solo una vez que este acepte un cambio fundamental.
Dicha oferta merece una consideración seria. Para poner fin a las penurias que afectan a sus 11 millones de habitantes, Cuba necesita reformar sus sistemas políticos y económicos por su propio bien, y no simplemente porque una potencia extranjera lo exija.
La promesa utópica de una sociedad socialista plenamente igualitaria murió hace mucho tiempo y dejó tras de sí apenas una cleptocracia autoritaria. En algún momento, la realidad alcanza incluso a las revoluciones más sólidas.
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